Con críticas al Poder Judicial, el Gobierno debatió en Casa Rosada el nuevo proyecto de ley de ética

Por Maia Jastreblansky

El Gobierno eligió a la Casa Rosada como escenario para convocar ayer a representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial a debatir el nuevo proyecto de Ley de Integridad. Se trata de la iniciativa oficial para reemplazar la Ley de Ética Pública con normas más exigentes.

El proyecto, redactado por el equipo técnico de la Oficina Anticorrupción (OA), prevé ejercer mayor control sobre los conflictos de interés, un tema sensible para la gestión de Cambiemos. También plantea ampliar el alcance de las declaraciones juradas y redefinir la autoridad de aplicación, que pasaría a ser autárquica.

La Corte Suprema fue blanco de reclamos por la falta de publicidad de los patrimonios de los integrantes del Máximo Tribunal. El Gobierno busca que el resto de los poderes se ajuste a muchas normas que hoy solo se aplican en el Poder Ejecutivo.

“Invitamos a diputados, senadores, a miembros del Consejo de la Magistratura y de la Corte porque esta nueva ley no puede permitir el fracaso de su cumplimiento parcial”, manifestó la titular de la OA, Laura Alonso , que encabezó la reunión.

Participaron del encuentro el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez; el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez ; el titular de la Sigen, Alberto Gowland; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero; el representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli ; diputados y senadores. También representantes de las ONG Poder Ciudadano, ACIJ y Directorio Legislativo, entre otras.

Se sintieron las ausencias de la Corte, del Ministerio Público Fiscal y de varios referentes de la oposición.

El avance del proyecto de Ley de Integridad llega en días agitados para la Casa Rosada. Semanas atrás, el caso del ministro de Trabajo Jorge Triaca forzó a promulgar por decreto el control de familiares en el Estado, uno de los capítulos que estaban previstos en el proyecto de ley. En las últimas horas, el subsecretario de Presidencia Valentín Díaz Gilligan renunció tras ser cuestionado por no declarar una firma británica que controlaba a una cuenta en Andorra.

“No es casual que debatamos esta ley ahora. Hay una demanda de la sociedad de altos estándares de ética en la función pública”, señaló Sánchez que reclamó “reglas claras, exigentes y ecuánimes”.

Declaraciones juradas

Publicar los bienes de sus parejas, desprenderse de acciones y bonos antes de asumir y restringir la actividad privada al dejar el cargo son algunas de las nuevas pautas que deberán cumplir los funcionarios, jueces, fiscales, diputados y senadores, según el proyecto del Gobierno.

La iniciativa propone ampliar los “renglones” de las declaraciones juradas patrimoniales. Se buscarán detectar no solo posibles enriquecimientos injustificados, sino también incompatibilidades. La mayor novedad es que volverán a ser públicos los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad de los funcionarios de alto rango.

“Sería importante que se incluyan los gastos anuales y no sólo las participaciones accionarias sino más datos referidos a sociedades. Son puntos que siempre se plantearon en las investigaciones por enriquecimiento ilícito”, señaló Manuel Garrido, extitular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El contador forense Alfredo Popritkin reclamó un “criterio financiero” para observar los ingresos de cada período.

Diversos representantes de ONG cuestionaron la escasa información pública disponible respecto a los patrimonios de los jueces. Gómez Alonso de Díaz Cordero resaltó que “todos los magistrados presentan su declaración jurada y caso contrario el Consejo de la Magistratura lo exige”.

Tonelli enseguida acotó: “Es cierto que los jueces presentan sus informes patrimoniales ante el Consejo, excepto los jueces de la Corte, que se las presentan a sí mismos”.

Otra novedad: el texto oficial propone que “quienes dirijan cuerpos que administren obras sociales” deberán informar sus bienes. Este inciso apunta a controlar los patrimonios de los dirigentes gremiales.

Conflictos de interés

El capítulo de “conflictos de intereses”, un aspecto que resultó sensible para la gestión de Macri, destaca que está prohibido “realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones”, “proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia” e “intervenir en gestiones judiciales contra el Estado”.

El Presidente y los ministros deberán desprenderse de las acciones o cualquier otro título emitido por sociedades vinculadas a su área “o cuya cotización pudiera verse influenciada”. Marcelo Giullitti, de ACIJ, consideró que “quien tenga potenciales conflictos de interés de manera permanente” debería ser apartado como funcionario.

El proyecto oficial apunta a la actividad después de la gestión. Los funcionarios salientes podrán volver al ámbito privado, pero no tener una relación contractual con la dependencia pública en la que se desempeñaban durante un año. “El funcionario saliente debería tener prohibido utilizar información que no es de dominio público sin restricción temporal”, pidió Pablo Secchi desde Poder Ciudadano.

En el capítulo “nepotismo”, el texto explicita que “el funcionario no debe designar parientes o amigos en la repartición a su cargo”. El Presidente y los ministros, en tanto, no podrán tener cónyuges o familiares en línea recta o colateral hasta el segundo grado nombrados en la administración pública. Tampoco podrán hacerlo senadores, diputados, jueces y fiscales.