Con el título “En busca del control perdido”, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) emitió ayer un extenso informe en el que detalla el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación y plantea propuestas tendientes a mejorarla.
En el informe de más de 40 páginas, la ACIJ plantea la necesidad de reformular la ley de creación de la Auditoría para adecuarla a lo establecido por la Constitución “con el fin de encausar las ambivalencias normativas actualmente existentes y garantizar su autonomía funcional”.
A la vez, el trabajo señala que es imprescindible que la AGN haga efectivo el peso de la oposición en el control de gobierno y promueva una mejora en el sistema de control externo de la administración pública.
En este sentido, el informe de la ACIJ destaca “la posibilidad de que el organismo de contralor cuente con una independencia financiera real tanto en el monto como en la asignación de presupuesto”.
También el trabajo señala la necesidad de que la Auditoría “cuente con mecanismos jurídicos eficaces para la obtención de la información necesaria para sus tareas”. En rigor, éste es un reclamo que hizo en varias oportunidades el titular de la AGN, Leandro Despouy, en virtud del retaceo de datos que otras dependencias hacen.
Por otra parte, la ACIJ destaca que una nueva ley que reformule los objetivos de la Auditoría “deberá prever mecanismos para obtener información frente al silencio o la negativa del organismo auditado”. Es decir, aclara que la nueva norma deberá dotar a la AGN de “mecanismos disuasorios que permitan compeler al funcionario que se niega o es remiso a brindar la información necesaria para la realización de una auditoria”.
Algunas de estas propuestas las elevó Despouy hace dos años en un proyecto de ley que reclamó más facultades para la AGN para hacer un seguimiento de las irregularidades detectadas.
La Nación
En el informe de más de 40 páginas, la ACIJ plantea la necesidad de reformular la ley de creación de la Auditoría para adecuarla a lo establecido por la Constitución “con el fin de encausar las ambivalencias normativas actualmente existentes y garantizar su autonomía funcional”.
A la vez, el trabajo señala que es imprescindible que la AGN haga efectivo el peso de la oposición en el control de gobierno y promueva una mejora en el sistema de control externo de la administración pública.
En este sentido, el informe de la ACIJ destaca “la posibilidad de que el organismo de contralor cuente con una independencia financiera real tanto en el monto como en la asignación de presupuesto”.
También el trabajo señala la necesidad de que la Auditoría “cuente con mecanismos jurídicos eficaces para la obtención de la información necesaria para sus tareas”. En rigor, éste es un reclamo que hizo en varias oportunidades el titular de la AGN, Leandro Despouy, en virtud del retaceo de datos que otras dependencias hacen.
Por otra parte, la ACIJ destaca que una nueva ley que reformule los objetivos de la Auditoría “deberá prever mecanismos para obtener información frente al silencio o la negativa del organismo auditado”. Es decir, aclara que la nueva norma deberá dotar a la AGN de “mecanismos disuasorios que permitan compeler al funcionario que se niega o es remiso a brindar la información necesaria para la realización de una auditoria”.
Algunas de estas propuestas las elevó Despouy hace dos años en un proyecto de ley que reclamó más facultades para la AGN para hacer un seguimiento de las irregularidades detectadas.
La Nación