Telam | Organizaciones piden viviendas sociales y participación en los planes de urbanización

Por María Aguirre

Algo más de 20 organizaciones sociales presentaron esta semana el “Acuerdo por la Urbanización de las Villas”, que contiene 10 puntos para la “integración socio-urbana de los asentamientos”, en una iniciativa que se suma a muchas otras elaboradas por organizaciones civiles.

La propuesta hace eje en una “integración urbanística y social respetuosa de los derechos humanos, que incorpore a los vecinos en la planificación” y rechaza las “relocalizaciones compulsivas”. Provisión de infraestructura y equipamiento colectivo equivalente al resto de la ciudad y solución de la problemática habitacional de los inquilinos son otros de los puntos consensuados entre una veintena de instituciones académicas, gremios, representantes de 12 barriadas, agencias de la Procuración General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, la ACIJ, el CELS, la CTA y la Facultad de Arquitectura de la UBA, entre otros. El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) elaboró este mes un proyecto de ley nacional, en el que propone la “transferencia de recursos estatales a experiencias de producción social autogestionaria del hábitat popular”. La propuesta busca dar “impulso y financiamiento en todo el país” a procesos productivos “desarrollados, dirigidos y controlados por los propios productores y destinatarios organizados de manera colectiva”, que en todas sus etapas combinarán “esfuerzos, evaluaciones y resultados con el Estado”. En un minucioso trabajo, el MOI desarrolló 16 artículos que explican la dimensión y dinámica de la puesta en marcha de la iniciativa, con la creación de un órgano de aplicación, centrales de suministros, una comisión biactoral y una escuela de autogestión. También, la Fundación La Alameda presentó en la Legislatura porteña en el 2014 un proyecto que postula la incorporación de los inmuebles ociosos de la ciudad a un “efectivo uso residencial, comercial, cultural, de bien común o público, u otros usos sociales” para garantizar el “pleno ejercicio del derecho a la vivienda y al hábitat adecuado y sustentable de los habitantes y dar pleno cumplimiento al principio de la función social y ambiental de la propiedad”. En su articulado, el texto establece el pago de impuestos por los inmuebles ociosos, la creación de un Fondo para Políticas de Vivienda y de una Oficina de Bienes Inmuebles, que administrará alquileres sociales. El artículo 31 de la Constitución de la ciudad reconoce “el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado” y da prioridad “a los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos” en la resolución de los problemas que rodean al déficit habitacional. “Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva”, entre otras cuestiones.

Telam, 15-10-2016.