Preocupación por la situación institucional del Tribunal de Cuentas de San Luis

ACIJ manifiesta su preocupación por la designación realizada, que afecta gravemente el funcionamiento y la legitimidad del sistema de fiscalización y rendición de cuentas.

A fines de mayo del corriente año la Legislatura de San Luis designó al candidato propuesto por el diputado del bloque “Mercedinos por el Cambio”, José Giraudo, para cubrir el cargo correspondiente a la minoría en el Tribunal de Cuentas de San Luis, en contra de la letra y el espíritu de la Constitución de la Provincia, así como de los estándares internacionales en la materia.

El Tribunal de Cuentas es la entidad fiscalizadora superior de la Provincia de San Luis, que entre otras funciones, tiene a su cargo controlar la ejecución del presupuesto, los contratos suscriptos por la provincia y formular instrucciones y recomendaciones tendientes a prevenir o corregir cualquier irregularidad detectada. Es así que el Tribunal de Cuentas está llamado a ocupar un rol fundamental en el sistema de rendición de cuentas gubernamental.

La integración del Tribunal de Cuentas es uno de los pilares sobre los cuales descansa su legitimidad. La independencia de criterio de sus miembros respecto del gobierno al cual deben controlar es uno de los principios fundamentales que rigen a las entidades de fiscalización pública y la principal garantía para su correcto funcionamiento (1). La Constitución de la provincia previó en su artículo 242 que uno de los dos representantes de la Asamblea Legislativa debe ser nombrado a propuesta de la minoría. Este artículo parece tener entre sus objetivos proveer un mecanismo que tienda a garantizar una representación plural en la integración del Tribunal de Cuentas , vinculado a la garantía de independencia, característica prevista en el artículo 244 de la misma Constitución.

Es así que la designación del candidato propuesto por “Mercedinos por el Cambio”, cuarta fuerza de la Asamblea Legislativa, y aliado del oficialismo en varios distritos durante las últimas elecciones viola la letra y el espíritu de la disposición constitucional. Al margen de los problemas del diseño constitucional actual, que permite que el partido de gobierno proponga y designe a la mayoría de los integrantes del organismo que debe controlarlo, es fundamental que al menos el representante de la minoría ofrezca sólidas garantías de independencia respecto del partido de gobierno.

ACIJ hace un llamado para que la Asamblea Legislativa rectifique la designación realizada y ponga en marcha un nuevo nombramiento cumpliendo con las disposiciones constitucionales citadas.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro, cuya misión es contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover el respeto por los derechos fundamentales y trabajar para la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad. ACIJ forma parte de la “Iniciativa por la Transparencia, la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas en Organismos de Control de América Latina”, que reúne a 17 organizaciones de la sociedad civil de 13 países de la región con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los sistemas de control público. A su vez, impulsa la “Iniciativa Concursos Transparentes”, que tiene por objetivo promover la incorporación de mecanismos y prácticas de transparencia y participación ciudadana en la selección de magistrados.

(1). Ver Declaración de México sobre Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores –INTOSAI- y Resolución A/66/209 de la Asamblea General de la ONU.

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