La Justicia obliga al Poder Legislativo a dar información sobre el manejo de sus recursos

A raíz de dos amparos interpuestos por las organizaciones ACIJ, ADC, Directorio Legislativo y Poder Ciudadano en 2014, ambas Cámaras del Congreso deberán brindar información pública sobre sueldos, pasajes, bloques, empleados y documentos administrativos.

Las organizaciones habían solicitado en noviembre de 2014 información pública sobre los montos en pesos que reciben cada uno de los bloques políticos de cada Cámara, el listado de empleados de cada institución, la escala de dietas y remuneraciones de los Senadores Nacionales, las becas y subsidios que otorgan los Diputados Nacionales, una nómina de los Diputados que cobran desarraigo, y la publicación de las resoluciones administrativas de la Cámara de Diputados de la Nación. Ninguno de estos pedidos de información fueron respondidos en estos años.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó el pasado 21 de junio el recurso extraordinario interpuesto por la Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), dejando así firme la sentencia, que obliga a la HCDN a publicar proactivamente sus resoluciones administrativas. Por su parte, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 10 intimó al Senado de la Nación a cumplir con su sentencia, luego de que la CSJN rechazara, el 11 de mayo, el recurso extraordinario interpuesto por esta institución.

En un fallo contundente el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 10, indica que: “En materia de acceso a la información pública existe un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes de acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente”.

En uno de los párrafos más claros se señala que “se trata de información de carácter público que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina”, y que con “la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud”.

De este modo, la justicia ratifica una vez más el derecho de libre acceso a la información pública, y por primera vez obliga al Poder Legislativo no sólo a responder pedidos, sino a publicar datos de forma proactiva. En un contexto en el cual el Senado se encuentra debatiendo la media sanción de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, resulta indispensable contar con reglas claras y con instituciones que rindan cuentas y abran su información a todos los ciudadanos, y estos fallos son un paso en ese sentido.