Desde hace mucho, Bonadío y Oyarbide no deberían seguir siendo jueces

Esta semana trascendió una orden de allanamiento a la empresa Hotesur, ligada a la familia presidencial, ordenada por el Juez en lo Criminal y Correccional Federal Claudio Bonadio. La medida judicial fue respondida desde el propio palco presidencial y desde los miembros del oficialismo como una “actitud con intencionalidad política”, tildando al juez de “carancho judicial”, y recordando todos sus vínculos con el menemismo, los escándalos en los que se vio envuelto, y finalmente pidiendo que se destituya a un juez acusado en múltiples ocasiones de mal desempeño.

Desde ACIJ creemos necesario volver a sentar nuestra posición con respecto al funcionamiento del Poder Judicial, y en particular al de los Jueces Federales; así como en relación al modo en que se tramitan los procesos disciplinarios contra magistrados en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En numerosas ocasiones hemos dicho y sostenido que jueces como Bonadio y Oyarbide no pueden seguir ocupando el cargo de magistrados. No pueden seguir siendo Juez de la Nación quienes demoran las causas o permiten que prescriban las acciones penales, como hizo Bonadio en los casos “Boffil” y “Yoma”, o como hizo Oyarbide en las causas “FONCAP”, “Jaime” y “Sueños compartidos”. El Poder Judicial no puede tener más jueces que cierren causas sin investigar adecuadamente, como Bonadío en la causa “Alderete”, como Oyarbide en la causa “Kirchner”.

Ello, justamente por lo que se evidenció nuevamente en los últimos días: la relación de estos jueces con el poder político coyuntural. La lógica que siguen estas relaciones de poder suele consistir en una simbiosis en la que tanto los jueces como los funcionarios se necesitan y se benefician mutuamente. Cuando los jueces dejan de ser “protegidos” por un sector de poder, suelen buscar otro que los ampare.

En este contexto, las posiciones dominantes en el Consejo de la Magistratura respecto de estos procesos suelen oscilar entre dos objetivos opuestos, pero con una estrategia común: manejar a discreción y arbitrariamente los tiempos y etapas de la tramitación de los casos disciplinarios, ya sea para condicionar el accionar de determinados/as jueces/zas manteniendo abiertas las denuncias que pesan sobre ellos/as -por más infundadas que sean-, ya sea para protegerlos/as impidiendo el avance de las mismas -por más fundadas que sean-. El resultado de ello son procesos abiertos durante años, que sólo en contadas excepciones se traducen en la aplicación de sanciones disciplinarias o la remisión a juicio político.

Durante todos estos años el Consejo de la Magistratura ha mantenido prácticamente frenados todos los procesos disciplinarios contra estos jueces, lo cual torna inaceptable que el progreso de los mismos sólo se materialice cuando avanzan causas judiciales que incomodan al poder.

Los procesos disciplinarios contra jueces en el Consejo de la Magistratura no pueden avanzar -o frenarse- al ritmo de las necesidades políticas de los sectores que lo integran.

Hace mucho tiempo que nos preocupa la protección cruzada entre jueces y poder político. Hace mucho tiempo que decimos que Bonadio y Oyarbide no deben seguir siendo jueces de la nación.

  Texto de la imagen: NI OYARBIDES, NI BONADÍOS. El poder político no los cuestiona, mientras ellos no investigan corrupción; ellos no investigan corrupción, mientras el poder político no los cuestiona. El Consejo de la Magistratura debe actuar por una #JUSTICIAINDEPENDIENTE