01.06.16 // Novedades, Derechos Económicos Sociales y Culturales (novedades), NOVEDADES

Crisis financiera de la CIDH: ¿dónde están los recursos para financiar los derechos?

Nada refleja mejor las prioridades de los gobiernos que la asignación de sus recursos. La crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), generada por una asignación insuficiente de recursos por parte de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pone en evidencia la falta de voluntad política de estos para proteger y financiar los derechos humanos, dentro y fuera de su territorio.

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En su comunicado del 23 de Mayo la CIDH denuncia la peor crisis financiera de su historia como colofón de una ‘situación estructural y sistémica de financiamiento inadecuado.’ La crisis financiera de la CIDH es la ’punta del iceberg,’ de un problema de despriorización de los derechos humanos en los presupuestos públicos de los países de la región.  Por ello, las  organizaciones signatarias que promovemos la justicia en la distribución de los recursos y el uso de la política fiscal para garantizar estos derechos, hemos venido reivindicando el rol del Sistema Interamericano precisamente, en la vigilancia de las obligaciones de los estados sobre el uso de los recursos financieros destinados a asegurar la vigencia de los derechos humanos, erradicar la pobreza y combatir la desigualdad en la región.

Esta situación pone en evidencia la imperiosa necesidad de exigir transparencia, rendición de cuentas y participación en la forma en que los estados miembros de la OEA priorizan y asignan los recursos para los derechos humanos en sus presupuestos.

Los avances realizados por la CIDH para enfrentar problemas estructurales y violaciones graves a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en la región se verán debilitados por la falta de recursos, en un contexto en el que se requiere de manera urgente, un papel más vigoroso de defensa y protección de estos derechos.

Al crear la CIDH en el marco de la OEA los estados miembros se comprometieron a financiar de manera adecuada a este organismo, para que cumpla con la función de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.” Sin embargo, los estados no han cumplido con este compromiso.  Con 8 millones anuales de presupuesto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es “el Sistema más pobre del mundo” por debajo de los Sistemas Africano (13 millones de dólares) y Europeo (100 millones de euros).  La escasa contribución de los países miembros de la OEA a esa organización explica en parte la exigua asignación al fondo regular que esta Organización hace a la CIDH (6% de su presupuesto).  Sin embargo, las estadísticas sobre donaciones voluntarias (adicionales al fondo regular) muestran que tampoco por esta vía los países han contribuido de manera significativa, en comparación a donaciones hechas a otros mecanismos globales de derechos humanos.

Existen propuestas y alternativas para solucionar la insolvencia de la CIDH en el corto y largo plazos.  Organizaciones y voces de la sociedad civil proponen acertadamente, que se analice cómo se definen las prioridades de gasto dentro de la OEA, para explicar porqué la CIDH solo recibe 6% del presupuesto de esa organización y se propone la implementación de una combinación de fondos obligatorios y voluntarios por parte de los estados para garantizar su financiamiento de manera suficiente y estable. Otras propuestas para resolver esta situación incluyen la creación de un fondo sostenible de financiamiento para todos los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el establecimiento de un mecanismo obligatorio de contribuciones directas de los estados, y otros canales que contribuyan a establecer un financiamiento sostenido de la CIDH.  Las organizaciones signatarias ratificamos la necesidad y pertinencia de estas propuestas.

Adicionalmente, las organizaciones signatarias hacemos un llamado a los estados miembros de la OEA:  a asignar de manera inmediata los recursos necesarios para cubrir el déficit que pone en peligro la continuidad del funcionamiento de la CIDH; a realizar un análisis del impacto que la actual asignación del 6% del presupuesto que la OEA tiene sobre la promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos en la región e incrementar dicha asignación de manera suficiente para un funcionamiento adecuado de la CIDH; generar mecanismos claros, obligatorios y estables que garanticen que el financiamiento de esta institución no se vea en el futuro sometido a la voluntad política de los estados para que la crisis actual no se repita; del mismo modo, proponemos que los estados miembros de la OEA incluyan en sus presupuestos anuales nacionales partidas dirigidas a sostener de manera adecuada y suficiente a las instituciones nacionales de derechos humanos y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  El uso libre e independiente de estos recursos por el SIDH para el cumplimento de su mandato debe ser respetado y garantizado.

No es la ausencia de recursos sino la falta de voluntad política lo que ha generado la crisis financiera de la CIDH.  Sin embargo, ante una eventual falta de recursos, los estados tiene un amplio margen de acción para generarlo, combatiendo la elusión y evasión tributaria, los flujos ilícitos y la fuga de recursos a los paraísos fiscales. Asimismo, los estados deben cumplir también con su obligación de financiar la protección y la realización de los derechos humanos a través de la cooperación internacional.

La CIDH es un órgano autónomo cuya independencia y solidez ha contribuido a avanzar de manera sustantiva el contenido y alcance del derecho internacional de los derechos humanos, y ha jugado un papel crucial en el fortalecimiento de la democracia en la región. En la próxima Asamblea General de al OEA del mes de junio los estados miembros de la OEA tienen la oportunidad de mostrar a la comunidad internacional que está a la altura de sus compromisos con los derechos humanos.

Organizaciones signatarias:  Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Center for Economic and Social Rights (CESR), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO), el Instituto de Estudios Socio-económicos (INESC), Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe y Oxfam Internacional.

 

Enlaces a otros llamados y acciones urgentes:

Carta abierta de la Coalición de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas

Oxfam urge a donantes y gobiernos superar crisis financiera del CIDH

Comunicado “La Sociedad Civil reclama coherencia de países en la Alianza para el Gobierno Abierto frente a crisis CIDH

Twitter: #CIDHenCrisis