Vence el DNU que posterga aumentos de alquiler y desalojos por falta de pago: impacta sobre la vivienda de 8 millones de personas

El próximo miércoles 31 vence el DNU 320/20, que ordenó la suspensión de los desalojos por falta de pago, prorrogó la duración de los contratos de alquiler y pospuso los aumentos para un posterior refinanciamiento. Ante un escenario habitacional alarmante es urgente que el Poder Ejecutivo prorrogue esas medidas y, en paralelo, impulse políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda, de lo contrario, miles de familias podrán ser desalojadas en las próximas semanas.

La reducción y, en algunos casos, la interrupción total de fuentes de ingreso durante la etapa más estricta del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), agravó el endeudamiento general de la población inquilina. Esta situación, que difícilmente pueda revertirse tras la finalización del decreto, sumada a la generación de deuda que posibilitó el DNU pone en serio riesgo la permanencia y el acceso a la vivienda de quienes se ven más afectados por la crisis.

En el Censo 2010 se registraron 1.960.676 hogares inquilinos. Hoy se estima que 8 millones de personas alquilan en nuestro país y que destinan aproximadamente el 40% de sus ingresos para cubrir los gastos de alquiler. Según los resultados de una encuesta del CELS y el IDAES-UNSAM en el AMBA, durante el ASPO, el 66,6% de los hogares inquilinos tuvo menos ingresos y el 42.3% tiene deudas de alquiler.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el último Censo Popular de Gente en Situación de Calle (2019) contabilizó 7251 personas en esa situación. De ellas, 5412 no tenían acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con el gobierno porteño, es decir que dormían en la vía pública. El cese del decreto que prohíbe los desalojos significará, también, un aumento de las personas en situación de calle.

Frente a este escenario, el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat declaró que los desalojos serán “contenidos” a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que deberá implementar instancias obligatorias de mediación, y que solo se podrá realizar un desalojo sobre aquellos contratos de locación inscriptos en el registro de AFIP. Ambas medidas son incompatibles con la nueva Ley Nacional de Alquileres, donde se dispone que las mediaciones no son obligatorias y, al mismo tiempo, que los únicos contratos que deben inscribirse en AFIP son aquellos firmados luego de junio de 2020.

Por otro lado, y como única medida frente a esta problemática hasta el momento, el Ministerio creó un “protocolo de riesgo temprano de desalojo” destinado a asistir casos concretos de familias inquilinas expuestas a quedarse en la calle. Sin embargo, este protocolo tan solo está destinado a recabar información, sin establecer mecanismos claros de cómo se gestionará ni cómo el Ministerio actuará como mediador. Al mismo tiempo, deja por fuera a los alquileres informales, que representan al sector más vulnerable de la población inquilina del país.

Ninguna de las medidas anunciadas en los últimos días por esta cartera pone en el foco de las acciones las tres medidas que el Estado debería abordar de manera urgente:

• Un programa de desendeudamiento para los hogares inquilinos.
• Prorrogar la prohibición de desalojos mientras dure la crisis sanitaria. 
• Impulsar políticas públicas que apunten a garantizar el derecho a la vivienda, más allá de la construcción de nuevos inmuebles. 

Las distintas acciones propuestas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat ante la caída del Decreto 320/20 resultan completamente insuficientes y fragmentadas para afrontar esta problemática. Una vez más, la solución que se ofrece ante la crisis habitacional es una resolución individual y librada a una mediación entre privados, que relega el derecho a la vivienda en un contexto en el que, además de un bien de primera necesidad, se constituye en la primera herramienta de prevención de la pandemia que asola a toda la población desde hace más de un año.