El aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en toda la Argentina obliga a millones de personas a permanecer encerradas en sus casas, con la posibilidad de salir de ellas solamente en supuestos excepcionales. Esta situación de vivencia colectiva del encierro, que ha permitido a toda la comunidad experimentar las consecuencias que el aislamiento provoca en la vida cotidiana, en los estados de ánimo, en las relaciones humanas y en la salud, se convierte en una oportunidad para que la sociedad en su conjunto reflexione sobre el sistema de atención de la salud mental vigente en nuestro país, basado en el encierro de las personas con padecimiento mental en hospitales psiquiátricos.
⚠️ Cuando la cuarentena termine, 12.035 personas seguirán encerradas y abandonadas por el Estado. Por eso es necesario que todas/os exijamos que se cumpla la Ley de #SaludMental y se garanticen los derechos de las personas con discapacidad psicosocial 👉https://t.co/CPLWYlUmtO pic.twitter.com/A9wrZ1WErp
— ACIJ (@ACIJargentina) May 14, 2020
La Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo cuyas recomendaciones para combatir la pandemia del virus COVID-19 están siendo seguidas por los diferentes Estados, lleva más de dos décadas alertando sobre las consecuencias negativas que genera el encierro de las personas con discapacidad psicosocial en manicomios, e instando a los países a la sustitución definitiva de estos centros por una amplia gama de servicios en el ámbito de la comunidad, tales como viviendas asistidas y dispositivos de asistencia domiciliaria. La OMS sostiene que el abordaje comunitario de la salud mental tiene mejores efectos que la institucionalización en la salud de las personas, que asegura una mejor calidad de vida y que evita que estas sean sometidas a tratos crueles e inhumanos. No obstante, estos llamados han sido desoídos.
De conformidad con lo expuesto, la Ley Nacional de Salud Mental dispuso la sustitución del modelo manicomial por uno de salud mental comunitaria, que respete los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial y garantice su vida independiente y su inclusión social. Sin embargo, a pesar de cumplirse diez años de su vigencia, y de que este año vence el plazo previsto por su decreto reglamentario para la sustitución definitiva de los hospitales psiquiátricos, aún 12.035 personas se encuentran internadas en los 162 manicomios públicos y privados del país, con un promedio de tiempo de encierro de 8,2 años, que aumenta a 12,5 en el sector público. Muchas de ellas están incomunicadas, ya que solo el 41,6% puede realizar llamadas telefónicas
Cuando la cuarentena termine, retomemos nuestras actividades, y el encierro pase a ser parte del pasado, miles de personas continuarán sometidas a un aislamiento sin plazo, que se cumple en hospitales y no en casas. Un aislamiento que no permite salidas excepcionales. Un aislamiento que ni siquiera permite elegir qué comer ni a qué hora dormir. Una “cuarentena” que vulnera derechos fundamentales, y condena a miles de personas al abandono, al estigma y a la exclusión social.
⚠️ En 2015, la Justicia ordenó al Estado Nacional y a la Ciudad de Buenos Aires la creación de dispositivos comunitarios, pero ninguno cumplió. Las personas siguen encerradas por no tener a dónde ir 😓. #ElEncierroNOCura pic.twitter.com/GPyfPmoWuR
— ACIJ (@ACIJargentina) May 18, 2020
Para revertir esta situación, es necesario que la salud mental deje de ocupar un lugar marginal en la política pública, que tanto el Estado Nacional como las provincias adopten planes para la adecuación y sustitución definitiva de los hospitales psiquiátricos, y reorienten los recursos destinados a estas instituciones para la creación de un red de dispositivos comunitarios.
Ahora que sabemos cómo es vivir en el encierro, y cómo éste impacta negativamente en nuestras vidas, exijamos entre todos y todas que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental. El encierro nunca cura, la vida en comunidad sí.