05.04.20 // Novedades, NOVEDADES

Siete problemas del mundo que el Coronavirus nos ayuda a ver

El contexto actual nos ofrece una oportunidad única para adoptar nuevas perspectivas. Para detenernos a meditar sobre si realmente es deseable que el mundo post-pandemia sea una imitación del mundo pre-pandemia.

Este artículo fue publicado en una versión más breve en el diario Perfil.com, podés acceder haciendo click acá

Por ahora, los mayores esfuerzos ante los impactos que la actual crisis global está causando en nuestras vidas, están razonablemente focalizados en las urgencias del corto plazo: reducir lo más posible la cantidad de contagios; brindar atención médica a quienes se enfermen; sostener las posibilidades de consumo de bienes básicos por parte de la ciudadanía; y, en general, atender los impactos negativos del aislamiento sobre la vida en sociedad.

Lo que aquí nos interesa es imaginarnos el mundo que deberemos estructurar cuando la pandemia pase. Porque sin dudas habrá mucho esfuerzo dedicado a que estos meses sean pronto sólo un mal recuerdo, pero parecen demasiado altas las posibilidades de que, como en el gatopardo, reconstruyamos todo para dejarlo casi igual a como estaba antes. Como si lo que nos pasa hoy no hubiese desnudado con crudeza unos cuantos puntos débiles del tipo de sociedad que hasta aquí supimos construir.

La empatía supone un ejercicio de abstracción para el que hacen falta ciertas capacidades en los sujetos. Cuanto más ajena es la realidad que nos tenemos que representar, más nos cuesta el ejercicio. Por eso las circunstancias particulares y extremas que nos tocan vivir hoy son una oportunidad para mirar el mismo mundo, pero con anteojos nuevos. Aquí proponemos pensar sobre siete nudos críticos respecto de los que, quizás ahora como nunca antes, nuestras subjetividades pueden estar adquiriendo elementos de análisis particularmente útiles. Veamos.

1. La salud como mercancía

Empecemos por lo que hoy nos resulta más obvio: sanarse y vivir no debería ser un privilegio, y hoy lo es. Por un lado, los países que han desinvertido sostenidamente en sus sistemas de salud, están pagando esa decisión en vidas humanas.

Al mismo tiempo, en aquellos países en los que su sistema de salud -público o privado- le ofrece atención sólo a quienes hayan pagado por ello, los impactos de ese modelo sobre los más pobres resultan evidentes. Pero también impacta sobre las clases medias: una mujer sin seguro en Estados Unidos recibió una factura de u$s 35.000 por la atención que se le brindó para recuperarse del coronavirus.

Los tratamientos para la salud tienen un costo, y podemos discutir sobre quién debe recaer. Pero cuando se trata de prestaciones básicas, dejar librada su cobertura a la capacidad de pago de las personas puede resultar una forma de matar por omisión.

Tomarse en serio la idea de que la salud es un derecho supone reformar los sistemas todo lo necesario para que nadie tenga que morir por no poder pagar un tratamiento, ni por vivir en un país que no ha sabido gestionar su oferta sanitaria para atender adecuadamente a la totalidad de quienes lo necesiten.

Cuando todo esto pase, deberíamos rediscutir profundamente nuestras políticas sanitarias, a la luz de una injusticia que hoy advertimos con aun más claridad que antes: la salud debe ser un derecho.

2. Para quedarse en casa, hay que tener una

“Quedate en casa” dicen funcionarias y funcionarios públicos por la televisión y la radio, y #QuedateEnCasa repetimos todas y todos en las redes sociales.

A la vez de que se trata de un reclamo justo para con la mayoría de quienes lo escuchamos, muchas personas tendrían derecho a sentir ese pedido como una provocación. Y es que la vivienda es un derecho, pero uno respecto del que los Estados no parecen aceptar hacerse cargo. Mientras suelen implementarse políticas públicas universales para proveer educación y salud a las personas, el acceso al stock de viviendas se libra casi por completo a la capacidad de pago de las familias que quieran habitarlas.

El 23,5% de quienes viven en Latinoamérica lo hacen en asentamientos informales -mayoritariamente con viviendas precarias y servicios públicos deficitarios o inexistentes-. Y en sólo una ciudad, como Buenos Aires, 7.251 personas viven en la calle. Otro tanto viven en hoteles, inquilinatos o en condiciones de hacinamiento. A toda esa gente, no le podemos pedir “Quedate en casa”.

Sabíamos ya que el acceso a una vivienda es una condición para ejercer adecuadamente otros derechos. Ahora vemos, como nunca antes, su relevancia coyuntural para el acceso a la salud.

Como sostuvo recientemente la relatora en materia de vivienda para las Naciones Unidas, Leilani Farha, tener una casa se ha convertido en la principal línea de defensa contra el coronavirus. Si queremos que todas y todos podamos prevenirnos de la pandemia, el derecho a la vivienda se vuelve una condición ineludible.

Debemos actuar ante esta emergencia para proteger a quienes no pueden quedarse en casa, pero a la vez tenemos ahora la oportunidad de resignificar para siempre la relevancia de este derecho y de las obligaciones estatales que ello implica. Para que, en el mediano y largo plazo, cesemos en la práctica social de dejar a la suerte de cada uno, la posibilidad de acceder a un hábitat adecuado.

3. Cómo garantizar la subsistencia: hacia una renta básica universal

Millones de personas en el mundo encuentran en su aislamiento forzoso (ya sea por decisiones estatales de cumplimiento obligatorio o por la sola amenaza que representa el virus) un impedimento absoluto para trabajar, y con ello la imposibilidad de acceder a los ingresos mínimos necesarios para su subsistencia.

Ello se basa sencillamente en que, fuera de los alcances de la protección de la seguridad social, nuestro modelo de funcionamiento económico sólo prevé asignar ingresos -por más básicos que sean- a quienes logran ofrecer bienes o servicios atractivos para el mercado. Quienes no encuentran, en cambio, suficientes interesados en su fuerza de trabajo o sus productos, caen indefectiblemente en la pobreza o indigencia. Las limitaciones diferenciales que a cada persona le imponga el contexto no parecen resultar muy relevantes frente a estos criterios de justicia conmutativa.

Ahora que son cientos de millones quienes, en sus nuevas condiciones de posibilidad -el confinamiento, la reducción de la demanda, etc.- no encuentran aún una forma de ofrecerle al mundo algo que esté dispuesto a retribuir, nos encontramos frente a una clara oportunidad para repensar la relación entre ingreso y producción que el mercado impone.

Los Estados se encuentran en este contexto pensando, como nunca antes, asegurar ingresos mínimos a la población. Entienden que no pueden dejar a sus ciudadanas y ciudadanos librados a su suerte. Pero los principios que justifican estas medidas en un contexto excepcional, son en gran medida aplicables a lo que le suele ocurrir, a una porción menor pero significativa de la población, en circunstancias habituales.

Quizás, entonces, nuestras sociedades han llegado ya a un nivel de automatización de la producción que posibilite empezar a introducir políticas de renta básica universal para todas las personas, tal como se viene promoviendo desde diversos sectores desde hace algunos años.

Sería una buena forma de reconocer la existencia de limitaciones contextuales que condicionan significativamente el mérito y esfuerzo personal, y hacerse cargo de una política pública razonable para la protección económica contra la mala suerte.

4. Los derechos digitales

Nuestra vida es ahora online como nunca antes. El teletrabajo se ha multiplicado hasta lo inimaginable en cuestión de días, los encuentros familiares y con amigos son hoy por medio de plataformas virtuales, y accedemos a docentes y profesionales de la medicina a través de internet. Casi toda nuestra vida en sociedad se ha movido a la red.

Esto supone ventajas -reducir las necesidades de movilización física, acelerar procesos, etc.-, pero también presenta problemas serios. Veamos sólo algunos.

La primera se relaciona con la brecha digital. Buena parte de las personas más pobres no logra acceder al servicio de internet. En algunos casos por no poder pagarlo, en muchos otros -por ejemplo, para quienes habitan en asentamientos informales- porque las empresas proveedoras se resisten a ofrecer el servicio en condiciones de igualdad. Algo parecido le ocurre a quienes viven en muchas zonas rurales, y otro tanto a -por ejemplo- personas mayores que no pueden aprovechar plenamente el servicio.

En este nuevo contexto, la necesidad de reconocer al acceso a internet como un derecho fundamental se hace sumamente evidente. Porque es, ahora más que nunca, un vehículo para acceder a otros derechos, tales como la educación, el trabajo, la salud o el esparcimiento.

Al mismo tiempo, para quienes sí podemos acceder adecuadamente a internet, la vigilancia es un problema que ahora se agudiza significativamente y los desafíos para la privacidad son alarmantes. Quiénes obtienen y administran la información que producimos en la red, así como para qué la usan, se vuelve una pregunta fundamental. El Estado en algunos países, y las empresas en casi todos, son actores que acumulan demasiado poder a partir de lo que logran saber sobre nosotras y nosotros.

Poner el foco en una internet más libre, más accesible, con menos vigilancia y mayor privacidad, se vuelve entonces fundamental. Mientras dure la emergencia, pero también después.

5. Problematizar el encierro

Llevamos ya algunos días sin poder salir de casa. Los suficientes como para sentir esa refrescante sensación de libertad, que nos invade ese pequeño ratito en que caminamos unas pocas cuadras cuando vamos a hacer aquellas compras imprescindibles.

Ahora imaginemos si en lugar de unos pocos días, estuviéramos condenados a permanecer encerrados por años. Y luego imaginemos si ese lugar de encierro no fuese nuestra propia casa, sino la celda de una cárcel o la habitación de un hospital.

A modo de hipótesis, se puede sospechar que aceptamos el encierro como castigo sólo porque no logramos representarnos adecuadamente la magnitud del daño que estamos produciendo. Enjaulamos a la gente como forma de manifestar un reproche a sus conductas, sin dimensionar lo inhumano que esa decisión supone. Y nos damos el lujo de ser inhumanos porque sentimos que el encierro no nos tocará.

Lo mismo ocurre con la gente a la que encerramos en manicomios. 12.035 personas están en esas circunstancias sólo en Argentina, y el 58,4% de ellas se encuentran incomunicadas. Como si aislar a un grupo de la sociedad y no dejarlo salir de un hospital pudiese ser la solución para algo.

Ahora que en estas épocas estamos advirtiendo lo insoportable que puede ser el encierro, quizás podríamos aprovechar para repensarlo como política pública. La necesidad de dejar atrás estos vestigios de siglos pasados como principal política estatal frente a la conducta reprochable o antisocial, puede ser algo que esta etapa nos ayude a advertir.

6. Los límites del planeta

Por unas semanas paramos el mundo casi por completo. Frenaron las fábricas, frenaron los vehículos, frenó el turismo. Y el planeta respiró.

Sólo en Madrid, la contaminación del aire se redujo un 35%. Las imágenes de las aguas cristalinas de Venecia recorrieron el mundo. Las fotos satelitales sobre la reducción de la polución en China son impactantes. Numerosas ciudades recibieron visitas de aves y mamíferos que jamás hubieran ingresado en ellas en otras circunstancias.

Y es que, sencillamente, nuestro modo de habitar el planeta le hace daño, y no es sostenible en el mediano y largo plazo.

No sabemos aún la magnitud de la contribución que este parate hará sobre la habitabilidad del planeta. Lo que sí sabemos ya es que nuestros cambios de conducta -tanto los positivos como los negativos- tienen impactos serios.

Estos momentos nos permiten advertir mejor que nunca la importancia de cesar en nuestra actitud depredatoria. Que la humanidad sea capaz de construir una nueva relación con la naturaleza resulta a todas luces urgente.

7. Repensar la comunidad

Finalmente, quizás la mayor de las paradojas: el aislamiento social está viniendo de la mano de un muy creciente sentido de comunidad.

En circunstancias normales, lo más probable es que no sepamos el nombre de la personas que viven a pocos metros de nuestros departamentos. En el piso de arriba, en el de abajo y en el de enfrente, suele vivir gente que desconocemos casi por completo. Por estos días, un video circula en las redes sociales: un niño de algún lugar de España grita por la ventana de su edificio “Hola don Pepito”, y desde cientos de otras ventanas de la cuadra, sus vecinas y vecinos le responden “Hola don José”, y así cantan toda la canción, hasta que, cuando termina, la cuadra completa aplaude.

Son ahora tiempos de solidaridad y de cooperación. Son tiempos de vecindad. Entendemos, como nunca antes, que sólo nos realizamos colectivamente. Que necesitamos a los demás para sobrevivir. Nuestra contribución de cada día se encastra con las de las otras personas, y sin aquellas nuestro propio rol se vuelve intrascendente.

Y es que no sólo vivimos, sino que convivimos. Son épocas en las que vale la pena reivindicar nuestra potencia, pero en su interacción con las del resto. Ahora entendemos, mejor que antes, que a nivel político, económico y social somos parte de una comunidad.

Cuando todo esto pase, tendremos de qué hablar. Porque ahora ya sabemos que todo podría ser distinto.

*Abogado y co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

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