El congreso debate el aborto legal, seguro y gratuito.
Hoy las Diputadas y los Diputados de la Nación tienen una nueva oportunidad de dar media sanción a una ley que contribuya a garantizar la igualdad en el acceso a derechos de las mujeres y personas con capacidad gestante, y saldar así una deuda histórica con un colectivo cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados.
Tras el rotundo fracaso de las políticas de criminalización y la votación negativa por parte del Senado en el 2018, el Congreso está ante otra oportunidad histórica de legislar y promover medidas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, en especial sobre personas que pertenecen a colectivos estructuralmente discriminados, como el caso de las mujeres (C.N., art. 75 inc. 23).
El debate que hoy los legisladores y las legisladoras deben dar es sobre las condiciones bajo las cuales las mujeres abortarán de aquí en más. Es decir, sobre si continuarán practicándolo en contextos de clandestinidad, insalubridad, riesgo y amenaza penal, o si podrán hacerlo, a partir de ahora, en condiciones de protección, dignidad y de reconocimiento de sus derechos. A su vez cabe reafirmar que, en el marco de una política pública consistente en materia sexual y reproductiva, la legalización del aborto debe ser necesariamente acompañada de un efectivo cumplimiento de las obligaciones estatales sobre acceso a educación sexual integral y a métodos anticonceptivos.
Una decisión que afecta derechos fundamentales de las mujeres debe tener en cuenta lo previsto en los numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos reconocidos por Argentina con jerarquía constitucional. Diversos pronunciamientos de los organismos supranacionales encargados de aplicarlos han sostenido que el derecho internacional, lejos de implicar un obstáculo para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, promueven la protección de las mujeres y sus derechos.
En este sentido, la falta de acceso al aborto legal, seguro y gratuito en casos de embarazos no deseados viola los derechos a la vida, la salud, la integridad física, psíquica y moral, la autonomía personal, el derecho a elegir el propio plan de vida y a la intimidad. Esta situación se ve agravada en los casos de mujeres que, por sus condiciones socio-económicas, no pueden costear un aborto seguro y ponen en riesgo su salud y su vida, al mismo tiempo que tienen mayores posibilidades de ser perseguidas penalmente.
Desde ACIJ valoramos profundamente que, nuevamente, la Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación haya aceptado dar este debate, y se haya abierto a escuchar las distintas voces de la ciudadanía. El Congreso tiene ahora la oportunidad histórica de tomar una decisión que garantice los derechos de las personas gestantes.
Votar a favor del aborto seguro, legal y gratuito será un paso adelante hacia una sociedad más justa.
[1] Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Desde ACIJ valoramos profundamente que, nuevamente, la Cámara de Diputadas y Diputados de la Nación haya aceptado dar este debate, y se haya abierto a escuchar las distintas voces de la ciudadanía. El Congreso tiene ahora la oportunidad histórica de tomar una decisión que garantice los derechos de las personas gestantes.
Votar a favor del aborto seguro, legal y gratuito será un paso adelante hacia una sociedad más justa.
[1] Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.