Ha sido una constante en la gestión del kirchnerismo el paulatino pero incesante debilitamiento de los diferentes organismos de control. No caben dudas de que este proceso no obedece al azar. Tampoco es fruto de la casualidad que, en forma paralela, la lentitud de la justicia federal alcance extremos de inacción cuando se trata de escándalos que afectan al Gobierno. El resultado, obviamente, es la impunidad y el consecuente aumento de la corrupción ante la falta de sanciones.
En la Oficina Anticorrupción (OA), por ejemplo, se registra desde 2004 una abrupta y constante disminución en la cantidad de los expedientes abiertos por ese organismo en casos de presuntas irregularidades. La Auditoría General de la Nación, máximo órgano de control de las cuentas del Estado, ha tenido que recurrir a la Justicia para obtener los datos esenciales que le permitieran llevar adelante su cometido.
Otro ejemplo patético de esta política oficial tendiente al logro de la impunidad es la parálisis que sufre la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) desde que en 2009 renunció su titular, el fiscal Manuel Garrido, ante las innumerables trabas que le oponía la administración kirchnerista para avanzar en sus investigaciones.
La FIA se especializa en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la administración central. Tiene acceso a información calificada, y ese acceso le permite desarrollar investigaciones preliminares que luego puede volcar en denuncias judiciales.
A dos años de la sonada renuncia de Garrido su puesto no ha sido cubierto y, como informó La Nacion anteayer, el concurso para buscarle un sucesor corre peligro de ser declarado desierto. Al mismo tiempo, la FIA parece haber dejado de realizar lo que constituye su razón de ser: investigaciones administrativas. No se conocen denuncias realizadas por ese organismo contra funcionarios del Gobierno, luego de la partida de Garrido.
Finalmente, y para dotarla de un mayor grado de inutilidad, permanece al frente de la FIA en calidad de subrogante el fiscal Guillermo Noailles, quien se había presentado al concurso pero luego desistió debido a las críticas apabullantes, pero fundadas, que recibió por no haber apelado el escandaloso sobreseimiento resuelto por el juez federal Norberto Oyarbide a favor del matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Se investigaba en ese sumario el exorbitante incremento patrimonial de Cristina y Néstor Kirchner en 2008, que ascendió a 28 millones de pesos. El arbitrario sobreseimiento de Oyarbide quedó firme al no ser apelado por el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, y tampoco por Noailles. Este funcionario no ha publicado en la página oficial de la FIA el informe correspondiente al año pasado y se ha caracterizado por su absoluta falta de independencia del Poder Ejecutivo.
El peligro de que se caiga el concurso para designar a un nuevo fiscal nacional de Investigaciones Administrativas radica en que se inscribieron 13 postulantes, pero la mayoría renunció durante el proceso. Uno de ellos, el fiscal Enrique Bayá Simpson, denunció arbitrariedad manifiesta durante ese proceso. Sólo cinco postulantes rindieron los exámenes y, de ellos, sólo dos alcanzaron la nota mínima para integrar una terna por ahora imposible, pues no hay un tercer candidato. Debido a las impugnaciones, cabe la posibilidad de un nuevo concurso, con lo cual la FIA seguirá sin titular durante un lapso prolongado.
Respetadas organizaciones civiles especializadas en políticas públicas y transparencia, tales como la fundación Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, han cuestionado a la FIA, al sostener que ha perdido entidad.
Escasos presupuestos, denegación de información, pérdida de autonomía y funcionarios que obedecen ciegamente al Poder Ejecutivo son algunas de las razones que van conduciendo a la asfixia a los organismos de control. La falta de investigaciones y denuncias de la mayoría de estos organismos contrasta con la creciente cantidad de casos de corrupción que jaquea al Gobierno y los casi nulos resultados de la Justicia en los más emblemáticos de ellos.
Hace años que el kirchnerismo habla de un siempre nebuloso "modelo" para referirse a sus políticas de gobierno. El único modelo concreto, palpable y sumamente exitoso del kirchnerismo es el que ha sabido montar sometiendo a la Justicia y a los organismos de control para garantizarse un manto de impunidad. Un modelo perverso que costará mucho tiempo desmontar.