Un paso adelante en el camino hacia la protección integral de la niñez

ste viernes el Senado aprobó la conformación de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y, de esta manera, se saldó una deuda histórica con la infancia en la Argentina, que ya llevaba 14 años. Luego de un concurso público que transcurrió entre 2017 y 2019, dirigido por un grupo de legisladoras de todo el arco político, finalmente se designó a Marisa Graham como Defensora y a Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos.

La génesis de este organismo fue en 2005, cuando el Congreso sancionó la ley 26.061, conocida como “ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes”. El nombre refiere a la vocación de trascender el paradigma de intervención tutelar hacia otro que propone que tanto la familia como el Estado y la sociedad en general deben intervenir para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. De esta manera, se reconoce que son sujetos plenos de derecho y se incorporan mecanismos de intervención frente a violaciones, así como políticas públicas activas que alcancen al conjunto de la niñez y tengan como fin su bienestar.

Las y los legisladores que sancionaron la ley tenían algo claro: para hacer efectivo el cambio de paradigma no bastaba sólo con un catálogo detallado de derechos sino que era necesaria una estructura estatal de protección que pudiera alcanzar a toda la niñez. Para eso, se diagramó un esquema institucional que permitiera garantizar derechos a la población más joven en todo el país. Este esquema tiene un órgano de control federal en su cúspide: la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este órgano fue dotado de características distintivas y un modo de designación acorde, que tendían a asegurar su idoneidad, independencia y, ante todo, un compromiso principal con la niñez, al mismo tiempo que se le adjudicaron ambiciosas funciones y responsabilidades.

No será una tarea sencilla garantizar los derechos de una infancia especialmente vulnerable por la pobreza en la que se encuentran más de la mitad de las chicas y chicos, y que enfrenta privaciones muy distintas en cada provincia. Contar con una autoridad cuya función principal sea la protección de los derechos de la infancia es un avance en la construcción de la institucionalidad que necesita nuestro país para poder atender con una mirada de igualdad y derechos las múltiples urgencias que enfrentan las niñas, niños y adolescentes de la Argentina.

La puesta en funcionamiento de la Defensoría es un paso grande en la dirección correcta, porque implica dejar atrás un largo periodo de omisión estatal en el que se incumplió la ley. Ahora comienza un camino de trabajo en que niñas, niños y adolescentes deberán poder contar con una institución que defienda sus derechos y transitar los pasos que faltan para hacer efectiva su protección integral. Para eso esperamos un organismo activo, con escucha atenta a las vulneraciones de derechos que se producen en todo el país, e intervenciones claras y conducentes para asegurar políticas que hagan efectivos los derechos de la niñez.

Por Carmen Ryan. Abogada y coordinadora del área Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).