Tucumán: organizaciones impulsan un diálogo intersectorial para que el acceso a la información y la participación ciudadana sean aseguradas por la Constitución y la ley

En un evento convocado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto a ANDHES, Fundación León, MujeresXMujeres, Central Espacio de Ideas, la Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y la Cátedra Abierta de Economía y Sociedad, actores de diversos ámbitos debatieron sobre la necesidad de consagrar constitucionalmente el derecho de acceso a la información y la participación ciudadana en la provincia de Tucumán.

En el marco  del desayuno de trabajo, las y los representantes de las instituciones organizadoras, junto con diversos actores sociales y académicos, periodistas, funcionarios públicos y estudiantes coincidieron en la urgencia de avanzar en el reconocimiento constitucional y  legal de estos derechos fundamentales, con el fin de fortalecer la democracia y la transparencia en la gestión pública.

A continuación,  algunas de las principales conclusiones del encuentro:

1. Acceso a la información en la Constitución: Se resaltó la necesidad de incluir explícitamente el derecho de acceso a la información en la Constitución provincial, para limitar interpretaciones restrictivas en los poderes locales que actualmente posibilitan decisiones contrarias a este derecho. A pesar de los compromisos asumidos por Argentina en los instrumentos internacionales de derechos humanos, los sucesivos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la aprobación en el 2016 de una ley a nivel nacional, se advirtió que históricamente esto no ha resultado suficiente para evitar decisiones y prácticas de las autoridades locales que vulneren el acceso a la información.
   
   
2. Reglamentación sólida y robusta: Se destacó la importancia de contar con una ley provincial que establezca obligaciones claras para la producción y publicación de información por parte del Estado provincial en todos sus poderes. Asimismo, se concluyó que las excepciones a este derecho deben ser mínimas, destinadas a proteger otros derechos de igual jerarquía -como la intimidad de las personas- y no afectar el acceso a la información, especialmente en casos donde estén en juego fondos públicos. Asimismo, se subrayó la necesidad de que la autoridad encargada de aplicar y controlar la ley cuente con independencia funcional y presupuestaria, así como con facultades efectivas para hacer cumplir la normativa.
   
   
3. Mecanismos de participación ciudadana: Se remarcó la importancia de que los procesos constituyentes y aquellos destinados a la aprobación de una ley de acceso a la información deben realizarse mediante mecanismos abiertos e inclusivos a fin de garantizar la participación activa de la ciudadanía, especialmente de aquellos colectivos que han sido históricamente vulnerabilizados.

La versión definitiva del proyecto de ley que las organizaciones presentaron a las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo puede ser consultada aquí.