"Sospechamos que el gobierno porteño facilitó un negocio entre amigos" (Política Argentina)

La abogada María de la Paz Herrera, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explica las irregularidades en la emisión de deuda que el gobierno Porteño realizó en 2010. En la operatoria, la Ciudad decidió aceptar una tasa del 12% (la más alta del país) y pagarle una exorbitante e innecesaria comisión del 2% a la consultora KBR, dirigida por Edgardo Srodek, jefe de campaña del PRO en 2007. Además, el dinero no se usó para lo que estaba previsto.

¿Qué es lo que denuncia la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia?

Observamos un número importante de irregularidades en la emisión de los bonos Tango serie 8, por un total de 475 millones dólares. La denuncia recae principalmente sobre el alto interés de las tasas que se decidió pagar: 2% para el Banco Credit Suisse y para la consultora KBR Corporate Finance Ltd, y 12% anual para los bonistas. Son porcentajes muy altos. Queremos evitar que este año la Ciudad sufra un proceso de endeudamiento en las mismas condiciones.

La consultora KBR tiene una relación estrecha con el PRO …

Claro, está dirigida por Edgardo Srodek, el cual tiene un pasado político y un presente de iguales características. Él participó en la alianza PRO/RECREAR, donde también estuvieron el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, y la ex vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti. Srodek puso plata de su bolsillo para financiar la campaña, es decir, se conocían bien. Hay que recordar que además Srodek fue jefe de la campaña del PRO en 2007. Sospechamos que el gobierno porteño facilitó un negocio entre amigos.

¿Era necesaria la intervención de la consultora?

Para nada, no necesitaban que una consultora tenga que hacer la tarea de asesorar al gobierno, ya que la ciudad había emitido bonos anteriormente. La tarea no es tan difícil, lo complicado es lograr que los compren, y el banco Credit Suisse tiene la capacidad técnica para hacer esa consultoría.

La denuncia que la ACIJ hizo en diciembre se amplió la semana pasada, ¿qué fue lo que se agregó a la carátula?

Le hicimos saber a la Justicia que el gobierno tenía otras ofertas con comisiones más bajas, como la del banco J.P. Morgan y la del Deutsche Bank. Además pusimos el acento en qué pasó con la plata. Cuando se cobraron los 300 millones de dólares que estaban destinados a los subtes, las obras ni siquiera estaban licitadas. El proceso de licitación surgió cuando ya habían pasado 3 meses y medio de la salida de los bonos.

¿Y qué se hizo con esa plata?

Como la plata no se la podía aplicar directamente al subte, una parte la reinvirtieron en la compra de letras del Tesoro Nacional y otra la pesificaron y la guardaron en el Banco Ciudad. Después, el gobierno de la Ciudad envió a la legislatura Porteña un proyecto de ley en la que recomendaba que la plata se reinvierta en Autopistas Urbanas SA (AUSA) para realizar obras viales. La Legislatura aprobó el petitorio y transfirió 150 millones de dólares, pero hoy las obras de AUSA también están paradas porque se presentó un recurso de amparo debido a que no se habían cumplimentado ni el proceso de audiencias públicas, ni el estudio de impacto ambiental.

¿La legislatura controló esta situación?

Según lo que establece la Ley de Administración Financiera de la Ciudad, es el director del Crédito Público, Abel Ignacio Fernández Sehman, quien debe rendir cuentas sobre las operaciones de crédito en la Legislatura. Hubo una suerte de reunión entre la comisión de presupuesto y el funcionario, pero fue a los pocos días de producida la emisión, antes de que se pusiera en duda la emisión de bonos. La Legislatura nunca presionó a Fernández Sehman y a Grindetti para que rindieran cuentas.

El fiscal de la causa retrasó la denuncia, ¿por qué?

La denuncia se presentó el 9 de diciembre en el juzgado Nº 9 del juez Eliseo Otero.  Pero hubo una cuestión procesal llamada de competencia, debido a que al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, se lo estaba investigando por estos mismos hechos en el juzgado Nº 21 correspondiente al Juez Mauricio Zamudio. Por lo tanto, la Cámara de Apelación decidió que la causa debía ser investigada en ese juzgado. Esto pasó durante la feria y se definió tras retomar la actividad judicial.

¿Qué funcionarios pueden quedar procesados?

Fernández Sehman es el mayor responsable porque dirige la Oficina de Crédito Público y tiene contacto con los bancos y con los agentes financieros, pero él es consejero del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, que tiene la responsabilidad de controlar y a su vez tiene una relación de conocimiento con Srodek.

¿Hay alguna posibilidad de que Macri sea procesado?

No, por ahora Macri quedó sobreseído y su situación solo podría cambiar con pruebas que lo impliquen directamente. Los más complicados en este momento son Grindetti y Fernández Sehman.

Por Ana Papadopulos   

Política Agentina