Solicitamos al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reformas sobre transparencia y rendición de cuentas

Este lunes 1 de octubre se efectivizó la designación de Carlos Rosenkrantz como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A raíz de esta novedad en la conducción de la máxima instancia del Poder Judicial de la Nación, desde ACIJ consideramos oportuno acercar a la nueva autoridad una serie de consideraciones para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la Corte Suprema.

En primer lugar, notamos con preocupación que la Corte, en incumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes 25.188 y 26.827, no publica por ningún medio las declaraciones juradas patrimoniales de sus ministros, ya que no se encuentran disponibles en el sitio web oficial y son inaccesibles por el mecanismo dispuesto por las acordadas 25/2013 y 9/2014. A la fecha, el Poder Judicial de la Nación es el único Poder que no publica las declaraciones juradas de sus autoridades, lo que resulta de extrema gravedad institucional.

Por otra parte, la Corte aún no se adecuó a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley n° 27.275). Mediante la acordada 42/2017, desestimó la creación del órgano de control previsto en la ley – que debe ser de carácter autónomo- y decidió designar a su Presidente como última instancia en la resolución de los reclamos por los incumplimientos a la norma de la propia Corte.

Otros problemas de implementación de la ley se vinculan con la falta de publicación de las actas relativas a las deliberaciones internas de la Corte, las facilidades por medios electrónicos para presentar solicitudes de información y la falta de una reglamentación clara para los tribunales inferiores.

Finalmente, es necesario que se dé efectivo cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública. Al respecto, ACIJ detectó problemas de disponibilidad, desagregación y actualización de información relativos a temas como la estructura y los empleados de la Corte, las compras y contrataciones, y la asignación y ejecución del presupuesto del máximo tribunal.

El cumplimiento por parte de la Corte de los máximos estándares en materia de transparencia es de especial importancia por su proyección al comportamiento de todo el Poder Judicial y como forma de reforzar el control público de los actos de gobierno y la confianza ciudadana en las instituciones.

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