Nota de opinión escrita por Gustavo Maurino, co director de ACIJ.
Desde la realización del Censo 2010 se suceden los informes que dan cuenta del crecimiento de la cantidad de las villas y asentamientos del AMBA . Por otro lado, la dilapidación millonaria y los criminales desmanejos en la gestión de programas de vivienda -al igual que los relativos a las obras sociales y los medicamentos- revelan que las políticas tendientes a dar efectividad a los derechos sociales resultan gravemente fallidas en diseño, implementación y resultados. ¿Qué debe hacer un Estado comprometido con la igual consideración por la calidad de vida de todos, en relación con los millones de personas que viven en villas y asentamientos?
Pueden darse tres respuestas, que dependen de juicios sobre las causas y las responsabilidades por la situación, y acerca del rol del Estado. La respuesta “libertaria” señala que no hay nada que el Estado esté obligado a hacer. Los “villeros”, o bien han elegido sus condiciones de habitat, o ellas son el resultado de sus propias (malas) decisiones sobre cómo llevar adelante sus vidas, o -eventualmente- son producto de su pura mala suerte, con la que sólo ellos deben cargar. Sólo quien causa un daño debe recomponerlo y dado que el Estado no causó la situación que viven los “villeros” no tiene el deber de repararla. La realización de planes de vivienda populares o urbanización de villas pueden ser una buena idea para disminuir tensiones sociales, generar trabajo, o como buena caridad; pero en todos los casos, se trata de un “regalo” del Estado, discrecional, que bien podría ser asignado a otros o a nadie. En el extremo opuesto está la respuesta “solidaria”. Ella considera que el Estado debe acudir a remediar toda situación de pobreza significativa, sin importar cuál sea su causa. Es obligatoria una continua redistribución en favor de quienes están peor; esa es la función central del Estado. Los programas de vivienda y urbanización no son un regalo sino una obligación que debe cumplirse de manera continua y progresiva. Finalmente, encontramos la respuesta “igualitaria” . Esta perspectiva identifica en la crítica situación habitacional un significativo componente de injusta desigualdad estructural, causada y reproducida por el Estado, que condiciona las oportunidades y decisiones de las personas involucradas. La “mala suerte” social de nacer, crecer y educarse en la pobreza; de llegar al mercado laboral en desventajas críticas de capital social, cultural e intelectual, son para la visión igualitaria responsabilidad del Estado y reconoce en ella una causa relevante de la situación . El Estado también es responsable de la inexistencia de alternativas realistas de acceso a vivienda digna en el mercado inmobiliario, pues los sistemas de acceso e intercambio de bienes y servicios básicos no se organizan espontáneamente, sino que responden a los diseños y regulaciones estatales (por acción y por omisión). El Estado debe romper la fragmentación social que reproduce una estructura de castas y ghettos aislados. Su intervención debe reconectar la ciudad y su comunidad , debe recrear dinámicas de integración social e igualdad urbana, mediante los instrumentos de regulación y políticas públicas activas. Para esta posición, que entiendo correcta, la espantosa situación habitacional es una instancia de injusticia social remediable. No es caridad, ni solidaridad, sino justicia lo que debe hacer el Estado.