Qué son las pensiones por invalidez laboral, cómo fueron evolucionando a lo largo de los años y qué anunció el Gobierno

El gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) anunció que auditará 1 millón de pensiones por invalidez, el 82% del total existente, según los últimos datos oficiales. 

Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, la auditoría se hará en 4 etapas: “Este mes se van a empezar a mandar las cartas documento correspondientes a los beneficiarios que deberán asistir a un turno asignado para una evaluación médica presencial – a cargo de médicos del PAMI – y, luego, profesionales de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) analizarán la información y documentación de cada uno de los beneficiarios”. 

Sin embargo, desde agosto de 2024 la ANDIS ya había comenzado a auditar las pensiones no contributivas, iniciando por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Según explicó a Chequeado Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “no hay claridad sobre si el anuncio actual es la continuidad del proceso iniciado el año pasado o una nueva auditoría que se suma a la que está en proceso”.

¿Qué es una pensión por invalidez laboral? ¿Cuántas personas la cobran? ¿Qué requisitos tiene para ser otorgada? ¿Cómo han evolucionado a lo largo de los años? ¿Qué dicen las organizaciones de personas con discapacidad? Te lo contamos en esta nota. 

¿Qué es una pensión por discapacidad? ¿A quiénes se otorgan? 

Las pensiones por invalidez laboral son prestaciones no contributivas administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el Decreto 843/24 de septiembre de 2024, para acceder a estas pensiones se debe acreditar un 66% de disminución de la capacidad laboral y cumplir con otros requisitos: no tener vínculo laboral formal, no contar con otras pensiones o jubilaciones, no poseer bienes o ingresos “suficientes para la subsistencia”, y no tener parientes o cónyuges legalmente obligados a proporcionar alimentos. 

Estas condiciones han sido cuestionadas por organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) por considerarlas discriminatorias y contrarias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que “limitan la autonomía financiera y reproducen un modelo médico de la discapacidad”.

Como se explica en esta nota, a estas pensiones se las conoce popularmente como “pensiones por discapacidad”, aunque técnicamente se trata de un beneficio por invalidez laboral. 

¿Cómo era el régimen antes de la modificación de la gestión de Javier Milei?

Hasta 2003, regía un sistema de “alta por baja”, donde solo se podía acceder a una pensión nueva cuando otra se perdía. Posteriormente, durante 2 décadas los requisitos estuvieron regulados por el Decreto 432/1997, que exigía un 76% de incapacidad laboral. 

En 2012 y 2023, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, tanto en 2012 como en 2023, instó a Argentina a flexibilizar los criterios para el otorgamiento de pensiones, incrementar su monto y eliminar las incompatibilidades con otros ingresos.

En 2023, durante la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), los Decretos 7/2023 y 566/2023 flexibilizaron significativamente las condiciones, eliminando ese porcentaje mínimo de incapacidad y permitiendo la compatibilidad con actividades laborales, hasta que el reciente Decreto 843/24 restableció criterios más restrictivos, aunque con un porcentaje menor (66%) al histórico.

¿Qué anunció el Gobierno y cómo lo ejecutará? ¿Qué dicen las organizaciones?

El Gobierno nacional anunció una auditoría integral de más de 1 millón de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, que será realizada conjuntamente por la ANDIS y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). 

La iniciativa, según explicaron en la web oficial, busca verificar que los beneficiarios cumplan con los criterios legales establecidos, poniendo especial atención en las pensiones otorgadas durante la gestión de Alberto Fernández.

El proceso se desarrollará en 4 etapas: primero, el envío de cartas documento con turnos médicos asignados; segundo, la realización de entrevistas y controles por profesionales del PAMI; tercero, el análisis de la documentación por parte de ANDIS; y finalmente, la emisión de dictámenes que determinarán la continuidad o suspensión de los beneficios. 

En enero de este año, la ANDIS había aprobado la Resolución 187/2025 que establece un nuevo Barem -un cuadro gradual establecido para evaluar los daños derivados de accidentes o enfermedades- para evaluar la “invalidez laboral” en el otorgamiento de pensiones no contributivas. 

Sin embargo, 7 organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad -REDI, FAICA, ACIJ, CELS, APDH, Andar y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos Córdoba- presentaron un reclamo administrativo solicitando su derogación urgente por considerar que viola los derechos de las personas con discapacidad.

El reclamo se basa en 3 argumentos principales: el uso de criterios puramente médicos para medir la “invalidez” contradice el modelo social adoptado por Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la resolución utiliza términos discriminatorios y peyorativos; y fue aprobada sin la participación de personas con discapacidad, lo que viola estándares internacionales. 

Las organizaciones sostienen que para determinar el acceso a las pensiones se deberían evaluar las barreras sociales y económicas que enfrentan las personas, no sus diagnósticos médicos.

¿Cómo fueron evolucionando las pensiones a lo largo de los años?

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la ANSES, en septiembre de 2024 había en la Argentina 1,2 millones de beneficiarios de pensiones por invalidez. 

Desde 2001 (primeros datos oficiales) estos beneficios aumentaron 1.600%: pasaron de 76 mil en 2001 a 1,2 millones en septiembre de 2024 (últimos datos disponibles). 

Tras la flexibilización de las condiciones para el acceso definidas en 2003, las pensiones por invalidez aumentaron 162% durante la gestión de Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) y un 425% en los 8 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria). 

En tanto, durante la presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos), los beneficios cayeron 1,74%, pero volvieron a aumentar 16,1% en el mandato de Alberto Fernández (Frente de Todos). Finalmente, en los primeros 9 meses de Javier Milei aumentaron 0,3%. 

El presupuesto destinado a pensiones por invalidez ocupa más del 80% de los fondos asignados a la ANDIS.

De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria informados por la Oficina Nacional de Presupuesto, en 2024 se destinaron $ 3,1 billones al pago de estos beneficios, lo que significó un incremento del 15,5% real (es decir, considerando el efecto de la inflación) con respecto a 2023. 

Para 2025, el presupuesto prorrogado por el Gobierno prevé un 25% menos de fondos destinados al pago de pensiones por invalidez. 

¿Cuánto cobra una persona que percibe la pensión por invalidez?

A febrero de 2025, la pensión corresponde al 70% de la jubilación mínima ($191.160,55), más un bono de $70.000, totalizando $261.160. 

“Esta cifra está por debajo de la canasta básica para una persona adulta ($331.532), sin considerar los gastos adicionales vinculados a la discapacidad, como prestaciones y equipamientos de alto costo, asistencia personal o adaptaciones en la vivienda”, indicó Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ a este medio.

Según datos oficiales obtenidos por ACIJ mediante un pedido de acceso a la información pública, al 31 de julio de 2024 había 590.798 solicitudes en trámite. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024, se recibieron 110.304 nuevas solicitudes y se otorgaron 21.728 pensiones.

Además, las metas físicas del proyecto de presupuesto 2025 presentado por el Poder Ejecutivo (no aprobado) proyectaban otorgar 1.034.447 pensiones, lo que implicaría una reducción de 187.524 beneficios respecto a los 1.221.971 registrados en diciembre de 2024.

Por Rosario Marina y José Giménez