Proyecto Sur pide tomar vista en la causa de los Bonos Tango ante el uso irregular e infundado de $ 2.000 millones por parte del macrismo (Sitio web Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur)

Ante la falta de una adecuada respuesta por parte del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri,  el legislador Julio Raffo y el candidato a Vicejefe de gobierno Jorge Selser, ambos de Proyecto Sur, decidieron involucrarse en la causa de los Bonos Tango para analizar la posibilidad del juicio político para los responsables por endeudar a la ciudad por unos $ 2.000 millones y derivar ese dinero hacia otros destinos.

Para mayor irregularidad, y además de las altas comisiones pagadas, las dos terceras partes del préstamo tomado al 12,5 por ciento de interés terminaron en un plazo fijo que paga el 6.5 por ciento, es decir la mitad de lo que había que pagar de intereses, teniendo el dinero sin uso.

La Legislatura había aprobado el endeudamiento para la extensión de las líneas A, B y H de la red de subterráneos y no podía tener ningún otro uso, salvo que lo autorizara la misma Legislatura. El Gobierno de la Ciudad pidió el préstamo a sabiendas que no podía utilizarlo para el destino fijado, toda vez que no había iniciado siquiera la licitación para esas obras.

La denuncia había sido hecha el año pasado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Raffo y Selser pidieron tomar vista del expediente de la Causa 47948/2010, donde se encuentran investigados el Ministro de Hacienda de la Ciudad  Néstor Grindetti, el Director General de Crédito Público, Abel Ignacio Fernández Semhan y Edgardo Srodek, en tanto director de la firma KBR Finance Ltd., por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de causales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Edgardo Srodek es hermano de Jorge Srodek, diputado por el PRO en la provincia de Buenos Aires.

Intereses del 12.5 por ciento vs plazo fijo al 6.5 por ciento.

La denuncia de ACIJ fue realizada por graves irregularidades en la contratación del banco Credit Suisse y la consultora KBR Finance Ltd. a los fines de la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango, por la suma de U$S 475.000.000, dinero que según la autorización dada por la Legislatura de la Ciudad, debía asignarse –exclusiva y principalmente– a la extensión de las líneas A, B y H de la red de subterráneos.

Como contraprestación, la CABA acordó con Credit Suisse el pago del 0,75 % del monto total del capital de los títulos referidos, es decir U$S 3.562.500,  en concepto de gestiones por la suscripción y administración de los papeles.

Además se pactó un adicional del 1,25% del total del capital de los títulos (lo que representa U$S 5.937.500) por “los servicios de organización”. Esta última suma se convino pagar tanto al citado banco como a la empresa KBR, cuyo representante en Argentina, y negociador con el GCBA para esta operación es Edgardo Srodek.

Del dinero obtenido por esta operación, se tomaron $600.000.000 y se compraron LEBACs (letras del tesoro nacional); el resto ($1.243 millones de pesos) se depositó en un plazo fijo en el Banco Ciudad de Buenos Aires a una tasa de interés anual del 6,5 por ciento.

Es decir que el dinero obtenido por la operación de crédito público mediante la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango no fue inmediatamente empleado al  financiamiento de las obras de extensión de las líneas A, B y H del subterráneo.

“Lo que sucedió fue que por decisión unilateral, infundada y sin la debida autorización de la Legislatura local, los responsables de su administración (Ministro de Hacienda y Director de Crédito Público de la CABA) le asignaron un destino distinto al fijado por la la autorización legislativa. Este manejo de los fondos públicos se debió a que las obras a las cuales debían afectarse no estaban ni siquiera licitadas”, dijo Raffo.

Sólo después del escándalo, los pedidos de informes legislativos y las acusaciones públicas –lo que llevó nada más y nada menos que 4 meses, hizo notar el legislador– el Jefe de Gobierno local remitió a la Legislatura un proyecto de ley para intentar subsanar este manejo ilegal de los recursos públicos y ponerle un manto de legitimidad a estas decisiones reñidas con los deberes que tiene un funcionario en relación a los bienes públicos que maneja, buscando de este modo una  autorización para facilitarle parte de ese dinero a AUSA y otra fracción desviarla al financiamiento de obras de educación. Este proyecto de ley fue tratado y aprobado por el cuerpo deliberativo en la sesión ordinaria del 5 de agosto del 2010 y aprobado como ley 3.528.

Sin perjuicio de lo anterior, explicó, las “reinversiones” en LEBACs y constitución de plazo fijo (practicados sin el conocimiento y la autorización que se le debería haber dado la Legislatura, único órgano que puede decidir sobre el destino de este tipo de recursos) no le eran ni siquiera lo suficientemente rentables a la Ciudad en relación a la tasa de interés que ésta se había comprometido a pagar a los bonistas de la serie 8 (12,5 por ciento).

En definitiva, resumió Raffo, en esta causa se investiga si la Ciudad y los vecinos han sufrido un perjuicio patrimonial concreto, dineros públicos en actividades que no son justamente aquellas que justificaron la contratación del crédito, por el cual deben pagarse altos gastos, y todo ello sin informar a la Legislatura y sin contar con su aprobación.

El perjuicio fiscal –finalizó- se habría cometido en dos momentos: cuando se decidió contraer un empréstito para realizar obras no licitadas y cuando se realizó un manejo unilateral, arbitrario, infundado y sin control legislativo en cuanto a la administración de los fondos al ponerlos en actividades que ni siquiera cubren o cubrieron los costos iniciales de la operación, tardándose cuatro meses en “poner en conocimiento” de la Legislatura la situación y solicitarle la reasignación de los fondos.

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