Una revisión de los procesos de discusión presupuestaria en las últimas décadas muestra que la tendencia a concentrar las decisiones en manos del Poder Ejecutivo ha ido en aumento. Esto implica un debilitamiento del rol central que el Congreso debería tener en el debate, aprobación y control del presupuesto. Accedé al informe en este link.
Este desbalance de poder se instrumentó mediante el uso frecuente de algunas herramientas legales como el mecanismo de prórroga -que en los últimos cinco años sucedió tres veces-, la autorización para hacer modificaciones presupuestarias (los llamados “superpoderes” del art. 37 de la Ley de Administración Financiera) y el uso de DNU para cubrir los casos no contemplados en las competencias concedidas legalmente.
Estos instrumentos, usados en un contexto de alta inflación que exige continuas actualizaciones de los montos presupuestarios, aumenta aún más la discrecionalidad del Gobierno. Entre 1994 y 2024, las modificaciones representaron en promedio casi un cuarto (24%) del crédito inicial aprobado por el Congreso, alcanzando un máximo histórico de 134% en 2024.
De cara al inicio de la discusión sobre el presupuesto para 2025 es necesario generar espacios de debate sólidos, inclusivos y democráticos que disminuyan la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y en consecuencia, eviten el deterioro de la institucionalidad presupuestaria del país.