Piden explicaciones por la falta de difusión del patrimonio de Galuccio

Por Leonardo Nicosia

La negativa del titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a informar públicamente su patrimonio sigue generando polémica. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un pedido de información ante la Oficina Anticorrupción para averiguar por qué Miguel Galuccio no cumple con la obligación de entregar una declaración patrimonial.

La presentación también consulta al organismo de control –que depende del Ministerio de Justicia– qué acciones tomó en este caso. Como PERFIL reveló un mes atrás, el gerente de la petrolera argumenta que no debe dar a conocer el detalle de sus bienes, con el fundamento de que la empresa se encuentra fuera del control de la OA. De todos modos, hay funcionarios de la compañía que sí cumplieron con esa exigencia.

Galuccio es uno de los hombres más ricos de la gestión kirchnerista. En su declaración jurada también debe comunicar si posee acciones en firmas del sector privado para evitar conflicto de intereses.

El pedido está firmado por Ezequiel Nino, el co-director de la ACIJ, una organización apartidaria y sin fines de lucro que promueve la transparencia pública. Basándose en el decreto 1172 de acceso a la información, formula tres preguntas a la Oficina Anticorrupción.

Uno de los interrogantes es qué normativa se debería aplicar. El artículo quinto de la Ley de Etica obliga a los “directivos de sociedades anónimas con participación estatal”. Pero Galuccio argumenta que la ley de estatización de YPF lo excluye.

Las otras preguntas se refieren a la intimación que habría recibido el ingeniero para informar su patrimonio: si efectivamente existió, cuál fue la respuesta y qué medidas se tomaron. El titular de la OA, Julio Vitobello, no respondió a los llamados de PERFIL.

Otro directivo la presentó

Hace un mes, Miguel Galuccio aseguró que no debía presentar declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción, porque YPF se encuentra fuera de su control.

A través de su vocero, el ingeniero invocó el artículo 15 de la Ley 26.741, que excluye a la empresa “de todas las normas referidas al control, la gestión y administración de las sociedades en las que el Estado nacional tiene participación”.

De todos modos, hay directivos de la compañía que sí cumplieron con esa obligación. Es el caso del santacruceño Santiago Carnero, quien fue director estatal de YPF cuando era privada y aún así presentó tres declaraciones a la OA: “Inicial 2008”, “Anual 2008” y “Anual 2009”.

Frente a esa contradicción, Galuccio ahora argumenta que “Santiago Carnero, al igual que Axel Kicilloff, fue director por la Clase A. El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, ha sido designado por una clase distinta, la Clase D, cuyos representantes se encuentran excluidos de presentar las declaraciones ante la OA”.

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