Según la denuncia original, varios legisladores aparecían dando quórum en la comisión cuando en realidad, para esas fechas, se constató que estaban fuera del país.
La decisión de apelar el sobreseimiento de Oyarbide le fue anticipada a Télam por fuentes del ministerio público. Según se señaló, el fiscal Delgado está disconforme porque “pidió alrededor de 19 medidas de prueba y ninguna de ellas fue ordenada por el juez” que desvinculó a los legisladores imputados de presunta “falsedad ideológica”.
De plantearse la apelación, será entonces la Cámara Federal la que, en definitiva, resuelva los sobreseimientos de Oscar Lamberto, Mario Losada, Gerardo Morales, Nicolás Fernández, Floriana Martín, Luis Martinazzo, Jorge Yoma, Juan José Alvarez, Roque Alvarez, Humberto Roggero, Alejandro Nieva, Héctor Romero y María Baccaro, secretaria de la comisión.
La resolución del sobreseimiento fue dictada el jueves pasado. El juez Oyarbide dejó expresa constancia de que los hechos denunciados “no constituyen delito” y que la formación del sumario “en nada afectan” el “buen nombre y honor” de los parlamentarios acusados.
Para Oyarbide, puede hablarse de “irregularidad en las formas” pero no de delito. Según el juez, los dictámenes de las comisiones no tienen fuerza legal hasta que no se votan en el recinto.
El magistrado analizó la denuncia presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en la que se pedía que se investigaran presuntas maniobras que “permitirían presumir que el quórum referido para poder sesionar y tomar decisiones podría haber sido inexistente”.
Por este hecho, la Comisión Parlamentaria Mixta comenzó una disputa con la Auditoría General de la Nación, que preside el radical Leandro Despouy. Los legisladores sospechan que la Auditoría proveyó información a la ACIJ para la denuncia.
1/09/03
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