Otro fallo histórico en favor del derecho a la educación inclusiva en la Ciudad de Buenos Aires

La Cámara de Apelaciones ratificó la medida cautelar impuesta al Gobierno porteño  con el fin de garantizar el derecho a la educación de las niñas y niños con discapacidad en las escuelas comunes privadas. Hasta el momento, el Ministerio de Educación de la Ciudad no la cumplió.

Año tras año, las niñas y niños con discapacidad se enfrentan a sistemáticos rechazos de inscripción en las escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires, las que suelen argumentar que no tienen recursos para recibirlos y recibirlas, que no “hacen inclusión” o que la mejor opción será una escuela especial. Frente a esta situación, en 2019  ACIJ, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, denunció al gobierno porteño ante la Justicia, solicitando que este adopte las políticas necesarias para asegurar el acceso de las personas con discapacidad al sistema regular de enseñanza.

El pasado 16 de septiembre, el Poder Judicial de la Ciudad, al resolver la medida cautelar requerida, ordenó al Estado local la implementación de un canal de denuncias accesible, transparente y efectivo para que las personas con discapacidad y sus familias puedan reclamar frente a las negativas de matrícula, y  dispuso la adopción de una serie de acciones para la difusión del derecho a la educación inclusiva en los sitios web y las carteleras del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación de Gestión Privada y de las escuelas privadas de CABA, con el objetivo de que este derecho sea ampliamente conocido. 

Ante los cuestionamientos presentados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) la discusión llegó a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de CABA, que el día 16 de diciembre confirmó la sentencia de primera instancia, ratificando de este modo un fallo histórico en materia de educación inclusiva. 

Las juezas y jueces del Tribunal interviniente hicieron hincapié en que la educación, como derecho fundamental de todas las personas y herramienta trascendente para incorporar valores sociales que permitan lograr una convivencia armónica dentro de la comunidad y acabar con la discriminación, constituye un objetivo primordial del Estado y que este tiene, por lo tanto, la obligación indelegable de garantizarla. Asimismo, afirmaron que “toda política pública que se establezca con relación al derecho a la educación debe velar, facilitar y promover el libre acceso a la enseñanza pluralista, en igualdad de oportunidades y sin discriminación, tanto en escuelas públicas como privadas”, y destacaron que la educación de todas las niñas y niños debe ser inclusiva, asentarse sobre la igualdad, la participación y la celebración de la diversidad, ya que ello es indispensable para que todos los alumnos y alumnas reciban una educación de gran calidad y para el desarrollo de una “sociedad tolerante de la diversidad, comprensiva de las individualidades, fortalecida por las diferencias y, consecuentemente, respetuosa de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Por último, resaltaron la importancia de que el sistema educativo sea supervisado y evaluado periódica y eficientemente en el camino hacia la educación inclusiva.

Resulta importante señalar que el recurso de apelación presentado por el GCBA había sido concedido sin efecto suspensivo, es decir, que las autoridades locales debían comenzar a implementar la sentencia de primera instancia. Sin embargo, a más de tres meses de dictada la referida resolución, el Gobierno sigue sin cumplir con lo ordenado por la Justicia. Desde ACIJ exigimos al Ministerio de Educación la adopción urgente de las medidas necesarias para que en el ciclo lectivo 2021 la niñez con discapacidad pueda ejercer su derecho a estudiar en escuelas regulares. Lo contrario implica continuar desconociendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino. 

Para ver la sentencia, hacé click acá.