30.08.21 // Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (novedades), Transparencia y Lucha contra la Corrupción (publicaciones)

Nuevo informe sobre la implementación en la Argentina de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)

En el marco del segundo ciclo revisión del cumplimiento de esta Convención, realizamos, con el apoyo de la Coalición UNCAC, un informe sobre la implementación en Argentina de los capítulos II (Medidas Preventivas) y V (Recuperación de Activos) de este instrumento internacional.

El informe analiza los principales desafíos en términos estructurales de las políticas anticorrupción de Argentina en estos dos temas (prevención de la corrupción y recuperación de activos). Para ello se evalúan a un conjunto de instituciones públicas y la normativa vigente. A su vez, el informe destaca buenas prácticas y concluye con una serie de recomendaciones para avanzar en un mejor cumplimiento de lo que indica la Convención. El informe, tanto en sus versiones en español como en inglés, puede encontrarse en el siguiente link: bit.ly/2UKAKnO

Entre los principales hallazgos del informe se destaca la necesidad de fortalecer el trabajo y la autonomía de los principales órganos de prevención de la corrupción en Argentina, que son la Oficina Anticorrupción (OA), la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN). A esto se le debe sumar la importancia de ampliar y consolidar los mecanismos para la participación de la sociedad civil en los esfuerzos anticorrupción.

A su vez, el informe realiza una serie de recomendaciones para mejorar la situación de las políticas públicas destinadas a prevenir hechos de corrupción y el lavado de activos, así como avanzar en la recuperación de activos producto de este tipo de delitos.

Algunas de estas recomendaciones son: 

  1. Dotar a los órganos de control (OA, SIGEN, AGN, UIF, AAIP) de suficientes garantías de autonomía y establecer mecanismos de nombramiento y remoción de sus autoridades para asegurar su independencia y aptitud.
  2. Fortalecer los sistemas de monitoreo externo e interno, adaptando la legislación a los estándares internacionales para la prevención y criminalización de la corrupción.
  3. Fortalecer el sistema público de empleo, implementando un sistema de ingreso y promoción a través de concursos abiertos y competitivos.
  4. Mejorar el sistema de financiamiento de los partidos políticos para prevenir conflictos de intereses derivados de los aportes empresariales y aumentar la capacidad del sistema de seguimiento para prevenir e investigar violaciones a la ley.
  5. Promulgar una nueva Ley de Ética Pública que garantice un marco adecuado para la integridad en el sector público, incluyendo la presentación, publicidad y fiscalización de declaraciones juradas patrimoniales y la gestión de conflictos de interés.
  6. Actualizar el marco legal para la compra y contratación de bienes, servicios y obra pública, de manera que se asegure la transparencia, la competencia leal, la eficiencia y el control ciudadano de todas las compras estatales.
  7. Crear y poner en funcionamiento órganos de fiscalización del acceso a la información pública en todos los poderes del Estado, según lo exige la Ley de Acceso a la Información.
  8. Establecer mecanismos institucionales efectivos de participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas en general, y en particular en la prevención, detección y sanción de la corrupción.
  9. Fortalecer el marco legal sancionador de la UIF, mejorar la regulación sobre la acreditación de la identificación de los beneficiarios finales de empresas o personas jurídicas clientes de entidades financieras, y actualizar la lista de sujetos obligados informantes.
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