Los poderes judiciales deben adaptarse para volver a brindar el servicio de justicia

El pasado viernes 24, en dos notas dirigidas al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, y al presidente del Consejo de la Magistratura de la  Ciudad de Buenos Aires, Alberto Maques, manifestamos la importancia de que se reactive el avance de las causas judiciales por el impacto negativo que su suspensión implica para la protección de los derechos y el adecuado funcionamiento de las instituciones de nuestra democracia, y que se busquen soluciones para atender a los problemas que puedan derivar de la brecha digital existente.

La suspensión de ciertas actividades jurisdiccionales, aun cuando necesaria, impacta de forma directa en el rol insustituible que tiene el Poder Judicial en la resolución de vulneraciones de derechos -muchas de las cuales se seguirán profundizando fruto de este cese de actividades-, y en el control sobre los otros poderes del Estado, el que no puede quedar virtualmente suspendido durante un período indefinido de tiempo.

Ante el escenario actual, es importante que los poderes judiciales busquen las vías y mecanismos de trabajo remoto que les permitan reanudar -de forma paulatina pero célere- con la actividad jurisdiccional. El regreso a la actividad de forma virtual debe priorizar, en primer lugar y de forma inmediata, aquellas causas en las que se involucren derechos fundamentales. A partir de ello y de forma progresiva, deberían irse reactivando las restantes actuaciones hasta el levantamiento definitivo de la feria judicial, sin afectar en ningún caso el ejercicio del derecho de defensa.

Entre las medidas que aparecen como necesarias proponemos la digitalización de todos los procesos, incluidas audiencias públicas, garantizando de forma equitativa que todas las partes involucradas en un proceso judicial puedan participar. 

Paralelamente, es imprescindible que se disponga de canales ágiles y sencillos para atender situaciones de excepción de las personas que se vean impedidas de proseguir con el proceso mientras dure la cuarentena, si se reactivan los plazos procesales (por ser responsables de tareas de cuidado, por ejemplo). Finalmente, resulta fundamental atender los problemas que esta situación puede generar en materia de acceso a la justicia, especialmente en relación con desafíos tales como la brecha digital, que aún existen y que afectan especialmente a grupos vulnerabilizados -por ejemplo, habilitando canales no tradicionales de comunicación con las personas-.

En los últimos días, los Poderes Judiciales de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la prórroga de sus ferias extraordinarias. La Resolución del Consejo de la Magistratura de la CABA generó un avance al disponer la reanudación de los plazos procesales en aquellas causa del fuero Contencioso Administrativo y Tributario en las que el proceso se encuentre digitalizado y todas las partes cuenten con domicilio electrónico. A su vez, la resolución habilitó forma general la realización de audiencias digitales en reemplazo de las presenciales. Sin perjuicio de ello, son muchos los pasos que aún deben darse para poder restituir la prestación del servicio de justicia en forma adecuada en las distintas jurisdicciones del país.

Si bien es cierto que una digitalización de todos los procesos judiciales demanda un gran esfuerzo logístico y presupuestario, es también imprescindible dar este salto fundamental en la gestión judicial y la transparencia por lo que dejará para el futuro.

Accedé a la nota enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Accedé a la nota enviada al presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.