No es una sensación, cada vez hay más personas durmiendo en la calle

Siempre que llega el invierno más crudo el tema de las personas que viven en la calle vuelve porque el riesgo de morir de frío aumenta. De hecho, en 2023 tuvo que fallecer una beba a metros de la Casa Rosada para que, indignación mediática mediante, el Gobierno nacional reglamentara la “Ley Nacional de Situación de Calle y Personas sin Techo”, que había sido votada dos años antes. 

Como sociólogo no me gusta decir esto, pero en el último año la cantidad de personas que veo durmiendo en la calle aumentó de manera tan obvia que me resulta casi innecesario ir en busca del dato para confirmarlo. De todas formas los datos –no es uno solo porque hay una disputa por cómo se mide el fenómeno– ratifican que cada vez más personas desarrollan parte o toda su vida a la vista de extraños.  

La ley que establece un marco para la protección de los derechos (vivienda, salud, educación, trabajo, entre otros) de las personas en situación de calle (en adelante, PSC) y obliga al Estado nacional a “promover políticas públicas transversales, y crear centros de integración social que presten servicios básicos de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados de la salud”, también lo obliga a realizar un censo de personas viviendo en la vía pública y en paradores o centro de integración social (CIS). 

El Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCALLE), realizado por el Gobierno anterior a días de dejar el poder, tomó sus siglas de lo que había sido el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) en 2016.

Así como los barrios populares están dispersos en todo el territorio nacional pero su concentración se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), algo similar pasa con las personas en situación de calle. No porque necesariamente en el AMBA la situación en términos de pobreza sea peor, sino porque es ahí donde históricamente se concentran las oportunidades laborales y de servicios públicos de mayor calidad. Pero paradójicamente, o no, es en esos lugares donde lo que escasea es oferta de vivienda en alquiler a precios lógicos para los salarios de la mayoría.

Un número disputado

Según ReNaCALLE, que tomó para su estudio once ciudades en distintas provincias, en 2023 había un total de 9.440 personas viviendo en el espacio público de las cuales 8.028 lo hacían en la Ciudad de Buenos Aires. Según el propio Gobierno porteño, en ese momento el número era mucho más bajo, de 3.286 personas. 

Sobre esta diferencia de conteo, Santiago Bachiller, investigador del CONICET y coordinador del Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle, cuenta que en los censos oficiales muchas veces operan sub-registros como no censar a cartoneros que duermen en estaciones de tren, asumiendo que tienen una vivienda en el conurbano bonaerense sin siquiera hablar con ellos.  

El relevamiento a nivel nacional no se volvió a llevar adelante aunque la ley obliga a hacerlo de forma anual. El GCBA, en cambio, sí actualizó la cifra a fines de 2024, arrojando un total de 4.049 personas. Es decir que, más allá de la discusión sobre el número “base”, se admite oficialmente que hubo un aumento del 23% en solo un año y de un 152% desde 2017, el primer dato disponible. Así lo resume este informe que publicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y al Ministerio Público de la Defensa (MPD).

Descentralizar y desligarse

La ley nacional volvió a ser noticia hace pocas semanas, no porque el Gobierno nacional haya decidido implementarla sino porque, decreto mediante, la modificó para hacer responsable de su implementación a los gobiernos provinciales y colocarse como mero coordinador de políticas locales a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Un enfoque algo extraño teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que viven en la calle son hombres solos. 

Para Bachiller “está bien que las políticas de calle sean ejecutadas por los municipios porque son ellos los que conocen el terreno, pero es importantísimo el involucramiento de Nación porque no todas las provincias tienen los mismos recursos. Descentralizar esta política, como ya sucedía en la práctica y la ley buscaba combatir, es un problema porque tiene que haber una bajada de recursos nacionales y/o provinciales por un lado y también lineamientos generales de protocolos básicos de intervención. Al ser un fenómeno hiper metropolitano, que supera claramente la escala municipal, lo que permitía el involucramiento de Nación era tener un diagnóstico claro a nivel federal y a partir de ahí incentivar sí la aplicación de políticas con bajada de recursos y protocolos”, analiza el doctor en Antropología Social y coordinador del Observatorio. 

Lo más repetido por Gabriel Mraida, Ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, acerca del aumento de personas en situación de calle es que “el 70% de esas personas vienen de la provincia de Buenos Aires”. Alejado de toda originalidad, se trata del mismo argumento en el históricamente que se escudan las autoridades porteñas cuando no dan abasto los hospitales –“vienen a atenderse desde el conurbano”– o cualquier otro establecimiento público. 

Si bien es cierto que en la provincia de Buenos Aires escasean las políticas para PSC, el argumento de Mraida desconoce, en primer término, la diferencia abismal de recursos que tiene la Ciudad de Buenos Aires en comparación con la provincia y sus municipios. El presupuesto que dedica el GCBA a atender esta problemática es del 0,46% del total y sólo con eso le alcanza para tener un despliegue mucho más importante que sus vecinos del conurbano. 

Pero, además, es un argumento basado en un número falseado. Bachiller señala que “hay un uso político de las estadísticas porque dentro de ese 70% hay una gran cantidad de personas que nacieron en la provincia pero que hace 5, 10 o 20 años viven en la ciudad”. En muchos casos se trata de personas que tienen una casa en la provincia pero que por distintas razones, como el aumento de tarifas de transporte público, deciden pernoctar en la ciudad. 

El desarrollo vital

Lo ideal sería que esas personas puedan vivir cerca de sus posibilidades de trabajo y desarrollo vital pero, como se sabe, costear una vivienda en el conurbano es mucho más accesible que hacerlo en la Capital, que no cuenta con ninguna política para mejorar esa situación. 

El tercer elemento que parece desconocer Mraida es que una persona que se ve obligada a dormir en la calle, como cualquier persona, no organiza su vida en base a los límites que marcan la General Paz y el Riachuelo. La gran mayoría de las PSC trabajan o buscan trabajo en la capital del país, donde hay más comercios, más bares para entrar a vender algo, más cartones para juntar, entre muchos otros factores. Como señala Bachiller, se trata de un problema metropolitano, por lo que se necesitan políticas coordinadas entre Ciudad, provincia y sus municipios y Nación, cada uno aportando lo que sabe y puede hacer. Sin embargo, es algo que no sucedió nunca, incluso cuando el PRO gobernaba los tres niveles.

Orden y limpieza

En el documento de ACIJ y compañía se analiza detalladamente la estrategia de la nueva gestión del GCBA desde que asumió Jorge Macri. Allí se sostiene que “se trata de un abordaje bifronte caracterizado, por un lado, por una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante y, en paralelo, un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones, que aún así no logran trascender la fragmentación del abordaje y la cronificación de las intervenciones de emergencia”. 

En marzo, dos relatores especiales de la ONU (el de Vivienda y el de Pobreza) habían alertado acerca de ese enfoque punitivo de las medidas adoptadas por el GCBA. Publicaron un comunicado en el que sostenían que había “un patrón de criminalización” de estas personas en lugar de abordar sus “problemas socioeconómicos sistémicos proporcionando acceso a una vivienda adecuada, asistencia social, programas de empleo”. 

El comunicado vio la luz meses después de que Macri, en un esfuerzo por congraciarse con un electorado que creía cada vez menos empático con el padecer ajeno, publicitara un video, como parte del “Operativo Especial Orden y Limpieza”, donde se exaltaba el desplazamiento forzoso y la confiscación de pertenencias a las PSC que eran “borradas” del paisaje urbano. 

Más allá de que el escándalo provocado lo obligó a bajar el video y pedir disculpas, ese enfoque punitivo no se detuvo. Las denuncias por violencia institucional ingresadas al MPD de la Ciudad aumentaron un 128% entre 2023 y 2024. 

Número de hecho registrados de violencia institucional contra personas en situación de calle 2023-2024

Además, en los primeros ocho meses de 2024, se detuvieron a prácticamente la misma cantidad de PSC que en todo 2022. Por lo general, fueron detenciones por tener elementos básicos para sobrevivir en la calle (cubiertos para comer, varas de metal o palos de madera para reciclaje, entre otros) con el pretexto de que entran en un tipo de contravención pensada para evitar la portación de armas no convencionales. 

Evolución mensual de contravenciones ingresadas por el art. 103 entre 2023 y 2024

Sólo la emergencia

Si el problema de la atención a las PSC hasta 2023 era cualitativo (los paradores no aceptaban familias completas y no respondían adecuadamente a las necesidades de las PSC por distintos motivos) ese aspecto mejoró en el último tiempo pero el problema ahora es cuantitativo: los CIS no dan abasto. 

La disponibilidad de 3.668 plazas entre los 45 CIS, no alcanza para cubrir el número de PSC del propio conteo conservador del GCBA. Los niveles de ocupación de los establecimientos según cifras oficiales pasaron del 75% de las plazas en el primer semestre de 2024 a 88% en el tercer trimestre del mismo año.

Además, los CIS son una respuesta ante la emergencia pero no logran el cometido de integrar a las PSC a una vida independiente en sociedad. El GCBA reporta que el promedio de las estadías en los CIS es de 86 días y los egresos voluntarios representan un porcentaje muy menor de la totalidad de los egresos que se producen en los dispositivos, cuya mayoría están asociados “a la falta de adaptación a las normas, problemas de convivencia o recaídas en situaciones de consumo”, según el informe ya mencionado. En septiembre de 2024 el GCBA registró solo un 2% de egresos voluntarios “positivos” en los que se articularon soluciones habitacionales con acompañamiento de los equipos de trabajo. 

Además, el GCBA no incluye políticas para trabajar con personas en riesgo de vivir en la calle, es decir políticas preventivas que serían mucho más eficientes en términos de impacto pero también en gasto público. Por ejemplo, el subsidio al alquiler conocido como 690 (por el número de decreto, del año 2006) es asignado a personas que ya se encuentran situación de calle efectiva y ni siquiera alcanzan para cubrir una habitación en un hotel familiar, cuyo precio aumenta cada vez que se actualiza el subsidio, que termina operando como una transferencia de ingresos a los dueños de los hoteles inscriptos en el registro oficial más que como una política habitacional efectiva. 

Las personas en riesgo podrían sintetizarse, tal como señala el documento de ACIJ y compañía, en: 

1. aquellas que residen en establecimientos públicos o privados –sean médicos, asistenciales, penitenciarios u otros– y no disponen de una vivienda para el momento del egreso; 
2. aquellas notificadas de una situación inminente de desalojo y no tengan recursos para procurarse una vivienda; 
3. y aquellas que habitan en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica. 

La fragmentación de las políticas del GCBA se ve claramente en la falta de política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de ser escasa durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta a prácticamente nula desde la asunción de Jorge Macri. En 2025 el presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) bajó un 28% en términos reales respecto de 2024 y es el más bajo en los últimos 12 años. Esto se dio en paralelo a la disolución y desfinanciamiento de las principales políticas habitacionales a nivel nacional: el Fondo de Integración Sociourbana, que se encargaba de ejecutar obras de urbanización en barrios populares, y del PROCREAR. 

La casa primero 

¿Puede haber respuesta a las PSC sin atender el problema de fondo, que es la imposibilidad de acceder por cualquier vía a una vivienda digna? El enfoque “vivienda primero” (del inglés, housing first) surge en oposición al enfoque treatment first, que es la estrategia tradicional de atender la emergencia, responde que no. Como su nombre lo indica, este abordaje argumenta que lo primero que hay que garantizarles a las PSC es una vivienda para luego abordar los demás problemas que suele tener esta población, en general relacionados con la falta de trabajo, salud mental, adicciones y pérdida de vínculos familiares y de amistades que sostengan su vida cotidiana. En los últimos años las políticas bajo este paradigma tomó relevancia porque es el que mostró mayor éxito en disminuir la cantidad de PSC.

No se trata de repartir viviendas a todas las personas que viven en la calle sino de garantizar espacios, sin fecha de caducidad y teniendo en cuenta la trayectoria de vida de una persona que terminó viviendo en la calle, para que pueda esa persona pensar en cómo seguir con su vida y no en dónde va a dormir a la noche. Lejos de significar un gasto descomunal “estos programas pueden reducir los costos públicos al acortar las estadías en hospitales, programas residenciales de consumo, hogares de ancianos y prisiones”, sostienen desde ACIJ. Este enfoque, además de su efectividad, parte de la base de concebir el derecho a una vivienda digna como un derecho básico universal.

Casos exitosos

Uno de los casos más resonantes de aplicación de políticas de “vivienda primero” se dieron en Nueva York, donde el programa Pathways Housing First, logró una tasa de egreso “exitoso” del programa de más del 88% de los usuarios, contra una tasa del 44% entre los casos que se atendía con el modelo anterior “de escalera” que implicaba que la provisión de una vivienda digna era el último paso de una serie de pasos que empezaba en un parador, la búsqueda de trabajo, y así hasta llegar a la vivienda. 

Otro de los casos exitosos son las Communal Housing First en Finlandia, donde se reconvirtieron paradores en edificios de departamentos individuales cuyos alquileres son subsidiados por el Estado. En este caso se destaca la vida en comunidad y muchas veces las casas son colectivas y varias PSC conviven con mayor o menor asistencia del Estado, y en algunos casos contando con asistencia de personas acompañantes que ya vivieron en la calle y, una vez superada la situación, trabajan en esas viviendas. 

Más allá de estas experiencias, que son de ciudades localizadas en economías centrales (aunque con un presupuesto per cápita no tan diferente al de la Ciudad de Buenos Aires) también existen experiencias en nuestra región. En Chile, por ejemplo, se implementó hace años un subsidio nacional al alquiler de vivienda como política general de acceso a la vivienda, pero además existe desde hace menos tiempo el Programa Casas Compartidas, destinado a personas mayores de 18 años en situación de calle o que egresan del sistema penitenciario juvenil o de residencias para niños, niñas y adolescentes.

En estas casas viven hasta tres jóvenes con una supervisión de personal especializado que varía en cantidad de horas y días a la semana dependiendo del nivel de complejidad a nivel psicosocial del grupo. Un límite en este caso es el tiempo: ninguna persona beneficiaria de esta política puede quedarse en esas casas por más de 36 meses.

De nuevo dentro de la región, la ciudad de San Pablo implementó una política de “microcasas” para paliar la situación de las PSC, donde el Estado empezó a proporcionar viviendas de 17 metros cuadrados equipadas con baño y cocina propios. Aunque se promociona como parte de una política de “vivienda primero”, una de las críticas, además del tamaño, es que estas casas están todas en un mismo espacio, generando guetos dentro de la ciudad, mientras que la política en los países del norte se aplica en departamentos ubicados en barrios residenciales para no generar segregación. De la misma manera, el reciente programa “Vivienda con apoyo” buscó adaptar este nuevo paradigma a la realidad latinoamericana y busca, en sus propias palabras de presentación “proporcionar alojamiento de larga estadía en viviendas independientes y dispersas a personas adultas sin hogar que no estén en condiciones de solventar otra alternativa habitacional”.

Fotos: Pablo Vitale