Niños y niñas de villa 31 y 31 bis sin transporte escolar

El GCBA continúa incumpliendo la orden judicial que lo obligó a proporcionar transporte escolar gratuito

La Villa 31-31 Bis no cuenta con escuelas públicas de nivel inicial y primario que sean accesibles, por lo cual los niños y niñas de esa zona se ven obligados/as a asistir a escuelas públicas muy lejanas, en la mayoría de los casos a más de veinte o treinta cuadras. A su vez, el transporte público no ingresa al barrio.

A ello se suma el incumplimiento de la ley 3343, que dispuso la urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31 y 31bis). Como consecuencia de la falta de urbanización, las calles de este barrio se vuelven difíciles de transitar en días de lluvia y los niños/as deben llegar embarrados/as y tarde a la escuela.

Esta situación contrasta con la de la mayoría de los/as alumnos/as de escuelas de nivel inicial y primario de gestión estatal, que viven a menos de diez cuadras de su escuela; y constituye un trato inequitativo hacia los niños y niñas que viven ahí, dado que uno de los componentes esenciales del derecho a la educación es su accesibilidad.

Para los/as niños/as de esta Villa, la educación pública no es accesible.

Por esta razón, en el año 2010 la jueza Alejandra Petrella, ordenó al GCBA la realización de un relevamiento a fin de identificar a todos/as los/as niños/as de la Villa 31-31 Bis que asisten a escuelas de nivel inicial y primario ubicadas a más de diez cuadras de sus casas, y a proveerles transporte escolar gratuito para asistir a la escuela.

Este derecho no es un privilegio sino un paliativo para los niños y niñas de este barrio que, a diferencia del resto de los niños de la Ciudad, no tienen acceso a la escuela pública cerca de sus hogares.

A tres años de dictada la sentencia, el Gobierno de la Ciudad la continúa incumpliendo de manera sistemática.

Si bien se provee transporte escolar gratuito a 2500 niños/as aproximadamente, se puede comprobar fácilmente que existen muchísimos casos de niños/as que a pesar de necesitar transporte y de haberlo solicitado, no lo reciben. A pesar de los tres largos años transcurridos, el GCBA no fue capaz de implementar una política pública eficiente, que asegure el acceso al transporte escolar a todos/as los niños/as comprendidos en la sentencia.

En visitas a las paradas desde la que salen los colectivos ACIJ pudo detectar más de 60 casos de niños/as que aún no tienen transporte. Este número representa sólo una pequeña muestra del total de niños/as que, a tres años de dictada la sentencia, aún no tienen acceso este derecho.

En los casos de quienes no tienen transporte, los padres y madres no encuentran el modo de inscribir a sus hijos/as o plantear la queja por la falta del servicio, dado que el Gobierno no ha establecido un mecanismo simple y transparente para ello. “No le salió el transporte” suelen decir padres y madres, como si se tratara de un sorteo y no de un derecho obligatorio para todos y todas.

Durante el 2013, además, se detectaron numerosos casos de niños/as que tenían transporte escolar el año pasado, pero dejaron de tenerlo para este ciclo lectivo. Tal es el caso de uno de los micros que va a la escuela N°5 –situada en Rodríguez Peña y Córdoba- que fue dado de baja sin previo aviso, dejando a todos/as los/as niños/as que viajaban en este sin transporte.

En otros casos, la ineficiencia en la implementación de esta política llega al absurdo de que hay niños/as que acuden a la escuela en el turno mañana pero a quienes se asignó transporte escolar en el turno tarde.

A tres años de dictada la sentencia, resulta evidente que las falencias y retrocesos en la implementación de un sistema de transporte escolar gratuito que asegure el acceso a ese derecho desde el primer día de clase para todos/as los/as niños/as de la Villa 31-31 Bis que lo necesitan se debe a la falta de voluntad política de resolver el problema. Esta falta de voluntad política es aún más clara si se tiene en cuenta que la Ciudad contó con recursos para resolver el problema.