Más poder y menos control para el tercer mandato kirchnerista (El Cronista)

Con el contundente resultado en las urnas, el Gobierno iniciará un nuevo mandato con más poder: alta legitimidad electoral, cómodas mayorías en ambas Cámaras del Congreso y gobernadores afines en casi todas las provincias. Pero eso no es todo. A la par, el Ejecutivo tendrá mayor influencia en los principales órganos de contralor del país haciendo del control gubernamental una mera ilusión óptica. Por un lado, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Sigen y la Oficina Anticorrupción (OA) dependen directamente del Ejecutivo. En tanto, en la Auditoría General de la Nación (AGN), 4 de sus 7 integrantes son del oficialismo. Esa misma tendencia se repite en la esfera judicial donde el organismo encargado de seleccionar y remover a los jueces: el Consejo de la Magistratura, cuenta con mayoría de miembros afines al gobierno, luego del recambio el año pasado. En ese contexto, los especialistas temen que con un Ejecutivo más fuerte se acentúe aún más la injerencia sobre el “control” en el país. El “desempeño” de todos estos organismos ya viene siendo blanco de duras críticas por “inoperancia, falta de independencia y poca transparencia”. Y los pronósticos no son alentadores: los expertos consultados coinciden que en general los mecanismos de control en la Argentina están “desguazados” y todo indica que nada cambiará, dado que –sostienen– no existe voluntad política para eso y menos ahora con mayorías en el Congreso. n El diseño institucional de la Auditoría General de la Nación, que es un cuerpo colegiado con representación de los partidos, no ayuda, coinciden los especialistas. La AGN depende del Congreso, no del Ejecutivo y si bien la presidencia de ese órgano está siempre a cargo del primer partido de la oposición, las decisiones que toma el organismo se aprueban por mayoría de sus integrantes. “Sería necesario que cambie la composición por ley y que exista representación de las minorías y también abrir el juego a que la sociedad civil pueda participar”, opinó el coordinador del programa Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de ACIJ, Luis Villanueva. n La Sigen es el organismo que supervisa las normas de control interno del sector público y depende directamente de Presidencia. El hecho de que la Sigen esté dentro del Poder Ejecutivo no está mal aunque debería existir una mayor autonomía de los auditores internos de los ministerios y más transparencia, coinciden los consultados. “Este organismo ha involucionado en términos de acceso a la información, los informes no están más en la web, si uno los quiere tiene que hacer un tramite burocrático”, apuntó el director de Poder Ciudadano, Hernán Charosky. n La OA es un órgano que actúa después, una vez que se detectan irregularidades. “Hace mucho tiempo que no realiza nuevas investigaciones, sino que se limita a seguir las causas que quedaron de antes”, aseguró Charosky. n La UIF es otro de los organismos que necesitaría reformas para lograr mayor independencia y eficacia. “No solo viene siendo cuestionado en el país. A nivel global la Argentina está en la lista de países grises”, explicó el diputado Gustavo Ferrari. n Poder Judicial. El control no sirve mientras no existan sanciones de los casos de corrupción. En ese sentido, todos los expertos destacaron la necesidad de mayor independencia de los poderes político y económico. “Hay que replantear el funcionamiento del Poder Judicial, las causas de corrupción terminan prescribiendo, los jueces no sancionan”, apuntó Villanueva. A modo de ejemplo, en el último año según el relevamiento de ACIJ prescribieron 10 causas importantes de corrupción, como: Tandanor, Yoma, IBM-Banco Nación, la de Menem por la venta del predio La Rural y IBM-ANSeS.   El Cronista