Macri: "Nos llevó un año conseguir todas las aprobaciones para llevar a cabo este edificio"

Por Olivia Sohr

FALSO

El Jefe de Gobierno dijo que se había aprobado la realización de obras en el predio aledaño al Hospital Borda. La Justicia porteña lo contradice.

“Nos llevó un año en Tribunales, en distintas instancias, conseguir todas las aprobaciones para llevar a cabo este edificio”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, luego de la represión ocurrida el viernes en el terreno aledaño al Hospital Borda. La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires lo contradijo con dos fallos en los que confirmó que la causa estaba bajo su jurisdicción y que los funcionarios porteños actuaron con “verdadera intención de desconocer las decisiones”. “Claramente, el Gobierno porteño no tenía todas las aprobaciones para avanzar”, afirmó Gustavo Maurino, co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).  El Gobierno de la Ciudad, en febrero de 2012, publicó un decreto para la construcción del Centro Cívico. La Legislatura porteña, por otro lado, aprobó una ley en noviembre de ese año que permitía la venta del Edificio Del Plata para recaudar fondos destinados a la construcción del Centro en el sur de la Ciudad. Se discutió en ese momento el emplazamiento exacto de la nueva construcción yalgunos legisladores se opusieron a que se ubicara en los terrenos del Borda, aunque votaron a favor de la ley. El uso del predio está en disputa en la Justicia. Marcelo Frondizi, secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y un grupo de legisladores liderado por María Elena Naddeo, del Frente Progresista Popular, presentaron sendos amparos con pedidos de medidas cautelares para frenar el avance de la obra. Las dos causas fueron unificadas y la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario hizo lugar al pedido: en diciembre de 2012 prohibió el avance de las obras hasta tanto se cumplieran ciertas condiciones, como un estudio de impacto ambiental. En febrero, al considerarlas cumplidas, la jueza Andrea Danas levantó la cautelar. El Ejecutivo consideró entonces que estaba autorizado para avanzar, pese a que la decisión de la jueza Danas había sido apelada. Para el Gobierno porteño, al haber un fallo, la apelación en trámite no le impedía proceder. Así, el viernes 26 de abril llevó adelante la demolición con una fuerte custodia policial. La Cámara, en cambio, consideró que la apelación impedía la continuidad de las obras, según dos fallos dictados el viernes pasado (ver aquí y aquí). Por el incumplimiento de las decisiones judiciales multó con $20 mil al jefe de Gobierno, Mauricio Macri; al procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand; y al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín. Uno de los fallos sostiene que la conducta del Gobierno de la Ciudad “no puede considerarse meramente negligente, si no como evidencia de una verdadera intención de desconocer las decisiones [… y que] demuestra una gran desmesura e inoportunidad el curso de acción adoptado”. El asesor tutelar de la Ciudad, Gustavo Moreno, explicó en su denuncia penal contra cuatro funcionarios de la Ciudad que la Cámara había realizado una inspección el día miércoles 24 de abril, junto con el procurador porteño, y que estaba pendiente el fallo de la Cámara. Por lo tanto, el Gobierno no contaba con la aprobación final para proceder con la construcción del Centro Cívico y no podía desconocerlo.

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