Macri camino a una denuncia penal por los bonos tango (Mercado y Transparencia)

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se presentará como querellante en la causa que investiga irregularidades en la emisión de 475 millones de dólares y en el manejo de esos fondos, aseguraron a Mercado y Transparencia dos fuentes cercanas a la Asociación. Si el juez Eliseo Otero, quien está a cargo de la causa iniciada en Diciembre pasado, lo acepta, sería la primera vez que una organización no gubernamental podría participar activamente en una investigación penal por administración fraudulenta, malversación, incumplimiento de los deberes del funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función publica en la emisión y el manejo de deuda pública.

 ACIJ ya analiza pedidos de pruebas y la ampliación de la denuncia al Jefe de Gobierno Mauricio Macri por la omisión de control de los funcionarios en quienes delegó la sospechosa emisión de 475 millones de dólares de deuda pública a una tasa de interes del 12,5% anual, según dijeron dos fuentes a MyT.

 Macri se sumaría así a los ya denunciados Néstor Grindetti, Ministro de Hacienda, y Abel Ignacio Fernández Sehman, Director General de Crédito Público, como responsable penal “por omisión” de su deber de control no solo de la emisión sino del desvío de los fondos.

 La causa podría desembocar en una condena por administración fraudulenta, malversación, incumplimiento de los deberes del funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función publica, aseguró a MyT un penalista independiente que leyó la denuncia.

 Mauricio Macri declinó hacer comentarios a MyT sobre una posible ampliación de la denuncia a través de su vocero. “Cuando ocurra, la comentaremos,” dijo.

 Una operación muy particular

La causa por los bonos tango fue iniciada a fines del año pasado, según informó en exclusiva el semanario Miradas al Sur en su edición del 26 de Diciembre. Refiere a la emisión de 475 millones de dólares en bonos –denominados Tango serie 8- que se llevó a cabo entre el 29 de marzo y el 6 de abril de 2010, según la denuncia presentada por la propia ACIJ.

 Los bonos fueron licitados a una tasa de interés llamativamente alta, hasta considerada exorbitante para un emisor de deuda solvente como es la Ciudad de Buenos Aires, que ni siquiera en el 2001 dejó de pagar su deuda, según la denuncia que investiga el juez Eliseo Otero.

 El Banco Credit Suisse, que actuó como colocador internacional de los bonos, convalidó una tasa del 12,5% de interés hasta su rescate en el 2015, apenas dos horas después de abierta al mercado la oferta de deuda, sin esperar que otros potenciales inversores bajaran la tasa de corte según aseguraron a MyT, dos inversores institucionales que quisieron comprar el bono aún a una tasa menor. “Yo hubiera aceptado feliz un 10%, sabiendo que la Ciudad de Buenos Aires jamás los dejará de pagar, pero acá estaban avisados los compradores y lo cerraron en seguida,” dijo un argentino que trabaja comprando bonos para un banco con sede en New York. De hecho, la misma tarde de la colocación, los bonos Tango cotizaron a 102-103 en el mercado gris, indicando el apetito de los inversores por hacerse de una inversión tan rentable y segura.

 Quienes sí pudieron comprar los bonos, posiblemente hayan sido alertados con anticipación por la ignota consultora KBR Corporate Finance Ltd, aseguró el segundo inversor calificado al que le cerraron el libro y no pudo comprar ni un bono.

 Es que a pesar de que la ley que rige la contratación del crédito público establece que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires debe ser el agente financiero, el Ministro y el Director Fernández Sehman contrataron los servicios, en forma directa y sin licitación, del Banco Credit Suisse y de la consultora KBR Corporate Finance Ltd. a quienes los contribuyentes de la ciudad terminaron pagando un 0,75% de la emisión (U$S 3.562.500) al Credit Suisse por gestiones de suscripción y administración de los papeles y un 1,25% de la emisión (U$S 5.937.500) a KBR por los “servicios de organización”.

 Si la estructuración y la colocación de títulos hubieran sido realizada por el Banco Ciudad, los contribuyentes se hubieran ahorrado más de cinco millones de dólares, de acuerdo a la denuncia.

 La inusitada participación de la consultora KBR fue también denunciada por ACIJ, según se lee en el escrito elaborado por los abogados Ezequiel Nino, Luis Villanueva y María de la Paz Herrera. De hecho, los abogados de ACIJ denuncian concretamente a Edgardo Srodek, director de KBR , destacando que fue uno de los armadores políticos, financistas e incluso jefe de campaña de la alianza Recrear y Pro, que llevó a Macri a su cargo actual. De acuerdo a la denuncia, la consultora no cumplió ninguna función necesaria.

 En caso de convertirse en querellantes, ACIJ podría pedir, entre otras pruebas, que Credit Suisse abra el libro de la emisión de la deuda, pudiéndo conocerse quiénes se hicieron de los codiciados bonos tango, dijeron las fuentes.

 Actualmente, los bonos cotizan a 114-115, según dos fuentes del mercado.

 El vocero de Grindetti no estuvo disponible para tomar llamados o responder a un mail enviado por MyT en busca de comentarios.

El subte que nunca fue

Las irregularidades en la emisión de la deuda autorizada por la legislatura porteña para ser “exclusivamente destinada al pago de la expansión de la Líneas A, B y H de subterráneos”, no terminaron allí. El dinero obtenido no fue utilizado para tales fines. “Las obras de ampliación del subte no estaban siquiera licitadas,” dice la denuncia. En cambio, detallan los potenciales querellantes, los 475 millones de dólares se convirtieron a pesos, a un cambio de $ 3,88 por dólar ($ 1.843 millones). De ese monto, unos 600 millones de pesos se destinaron a la compra de letras del Banco Central (LEBACs) y el resto fue puesto en un depósito a plazo fijo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a una tasa del 6,5% anual.

 El desvío de los fondos fue legitimado a través de la Ley 3.528, que autorizó un destino diferente al original: el otorgamiento de un préstamo a Autopistas Urbanas SA para realizar obras viales y de educación, pese a que el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad establece que “toda operación de crédito público, interno o externo, es autorizada por ley con determinación concreta de su objetivo,” según destaca la denuncia.

 El dinero fue distraído de su destino fijado por ley, reinvertido en operaciones no rentables que producen una pérdida inmediata al erario público, no sólo por las espectaculares y millonarias comisiones pagadas a colocadores contratados sin observar la normativa aplicable, sino por la diferencia entre los intereses que se deben pagar a los bonistas y los que se perciben por los fondos depositados y prestados sin utilizar, detalla la denuncia. “Fue sólo después de cuatro meses del cambio de destino, que el jefe de gobierno de la Ciudad pidió autorización al congreso para cambiar el destino,” concluye la denuncia.

 El endeudamiento público multimillonario provocó una pérdida inmediata –que será soportada por los vecinos contribuyentes- dado que los títulos emitidos en dólares pagan una tasa del 12,5%, mientras fueron pesificados y depositados a tasas que rinden un 6,5%, dice la denuncia. Estos hechos calificarían como malversación de fondos públicos, así como un incumplimiento de deberes de funcionario público, y conducirían a, por lo menos, una citación a declarar a Mauricio Macri, según aseguró uno de los abogados de ACIJ.

Mercado y Transparencia