Los funcionarios declararán menos datos sobre sus riquezas y más tarde

Con una nueva ley de declaraciones juradas y en medio de escándalos de corrupción, el Gobierno apostaría a no informar los patrimonios de sus ministros antes de las PASO.

Por Diego Gueler

El 8 de mayo el Congreso sancionó la Ley 26.587 de “Publicidad de las Declaraciones Juradas de los funcionarios públicos” y la norma fue reglamentada hoy en el Boletín Oficial. Pero a 34 días de las primarias legislativas y con la corrupción como tema fuerte de la agenda luego del escándalo de lavado de dinero, la Casa Rosada no parece tener apuro en que sus funcionarios publiquen en internet su patrimonio, según lo establece la nueva ley.

El 19 de julio finaliza el plazo para que todos los funcionarios del Poder Ejecutivo presenten a laOficina Anticorrupción (OA) -bajo el control del Ministerio de Justicia de Alak- su declaración con el nuevo y criticado sistema, aunque tal como ocurrió en losúltimos tres años, desde la Rosada pedirían una prórroga de dos o tres semanas más.

Una vez finalizado ese plazo, las oficinas de recursos humanos de las diferentes áreas tienen 30 días hábiles más para informar a la OA las presentaciones de bienes de los funcionarios.

Con esto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner o el vicepresidente Amado Boudou -investigado por enriquecimiento ilícito- podrán hacer públicos su patrimonio después de la PASO y así evitar el impacto mediático antes del 11 de agosto. De hecho, en 2011 la Presidenta pidió una prórroga e informó su riqueza recién después de las primarias presidenciales.

A todo esto, desde la Oficina Anticorrupción (OA) precisaron a Perfil.com que hasta hoy no había comenzado a implementarse el cuestionado sistema de declaración de bienes, lo que podría demorar aun más la difusión del patrimonio de los miembros de la Administración Pública, pero también de los senadores, diputados y jueces.

Más “transparencia”. El artículo 4 de la nueva ley estipula que los funcionarios ya no presentarán los tradicionales formularios sino que deberán completar uno de la AFIP que exige menos detalles: no tiene pormenorizado los valores de propiedades (ni origen de los fondos), ingresos, su participación en empresas ni incluye el patrimonio decónyuges o hijos. Todo ello será “reservado”.

“Ante posibles investigaciones, le será más sencillo al funcionario sospechado manipular los datos y más difícil acreditar su enriquecimiento ilícito”, denunciaron desde la ONG Contadores Forenses (CF), encabezada por Alfredo Popritkin, quien halló las fuertes inconsistencias en las presentaciones del matrimonio Kirchner en 2009.

“En la norma se señala que el cambio dota de mayor congruencia al sistema y optimiza la calidad y certeza de la información. Nada más alejado de ello. La calidad de la información se ha degradado, ya no se conocerá la evolución del patrimonio y menos aún se podrá acceder a una posible justificación”, reclamaron desde CF.

La ONG que colaboró con varias pesquisas judiciales contra funcionarios K concluyó: “Se confirma que habrá mucho menos información al alcance de los ciudadanos. Las declaraciones juradas patrimoniales públicas serán iguales a aquellas que se presentan ante la AFIP, rigiendo el secreto fiscal respecto del anexo reservado”.

Por su lado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “la reglamentación a la nueva ley debe permitir conocer los bienes de los cónyuges e hijos menores de las personas obligadas, tal como lo establece la Ley de Ética Pública, que sigue vigente”.

La ACIJ, que cumple un rol activo contra la corrupción en denuncias penales y proyectos de ley, señaló que “uno de los mayores problemas que presenta la nueva ley es la supresión de la Comisión de Ética Pública -nunca conformada- y la falta de reemplazo por otro órgano que permita garantizar el cumplimiento de sus disposiciones.

Más poder a la AFIP. Para el diputado de la UCR Manuel Garrido, “la AFIP ya tenía nuestra información y no era necesario que el ente recaudador tenga más capacidad. Esto va a gener mucha menos visibilidad pública de los patrimonios, qué es lo que le interesa. El formulario ahora va a tener información superficial, va a evadir la crítica mediática que se daba sistemáticamente cada año”.

El extitular de la FIA, quien denunció a los Kirchner por enriquecimiento ilícito, señaló aPerfil.com que “el juez que investigue a un funcionario va a tener que pedirle a la AFIP la información reservada. Pero la denuncia mediática va a ser en el aire

“El control que realizaba la OA también queda limitado, debilitado, al igual que el control público. La OA hacía como que controlaba las declaraciones. Ahora ni eso. La fiscalización será ilusoria a expensas de la AFIP. Ahora la OA va a pasar a tener una función de data-entry. Es el más grave retroceso en el control de la corrupción en la Argentina en los últimos diez años”, remató Garrido a este medio.

Perfil.com