En el marco del inicio de la discusión en el Congreso de la Ley de Presupuesto 2024 que incluye además la revisión de un conjunto de gastos tributarios que favorecen a determinadas personas y sectores de la actividad, las entidades agropecuarias referenciadas con la Mesa de Enlace emitieron rápidamente un comunicado en el que se manifiestan en contra de cualquier modificación de los beneficios impositivos vigentes. Sin embargo, datos oficiales indicaron que la exención de inmuebles rurales en el Impuesto sobre los Bienes Personales representa un 0,48% del PIB en tanto que, según un relevamiento privado, el monto que el Estado deja de recaudar equivale al 120% de lo proyectado para invertir en una política como la Asignación Universal por Hijo en 2024. A su vez, de acuerdo con declaraciones de funcionarios del gobierno nacional, el ojo estaría puesto específicamente en las 450 personas que son propietarias de inmuebles rurales en el exterior y no pagan este tributo.
“Gran parte de las desigualdades sociales están muy reflejadas en el sistema impositivo, que además invisibiliza el poco aporte que hacen los sectores más concentrados de la economía”, señaló una experta tributaria consultada por este medio. En relación, el objetivo del Ministerio de Economía sería incentivar la discusión legislativa en torno a las transferencias de recursos del Estado hacia ciertos sectores sobre los que existe, por su parte, poca información respecto de cómo, cuánto y quiénes se ven favorecidos en el tiempo.
Si usualmente se pone en tela de juicio, por parte de algunos medios de comunicación y representantes de la oposición política, cuánto se destina y quiénes son -en detalle- las y los beneficiarios de políticas como la AUH, el Potenciar trabajo, las moratorias previsionales, “con los gastos indirectos o tributarios pasa todo lo contrario ya que se revisan muy poco pese a que tienen un impacto importante en la recaudación”. De ahí la insistencia del oficialismo para avanzar hacia mecanismos más transparentes, con criterios claros y medibles. Por segundo año, la pelota vuelve a la cancha del Poder Legislativo.
Los beneficios de los dueños de la tierra
El ministerio de Economía envió en septiembre pasado junto con el proyecto de Presupuesto del próximo año la llamada separata en la que se detallan los gastos tributarios y los beneficios impositivos que tienen un impacto negativo en la recaudación anual, es decir, los recursos que el Estado decide dejar de recaudar, eximiendo del pago de impuestos a algunos contribuyentes para favorecer, generalmente, ciertas actividades o zonas productivas. El objetivo del ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, es que su revisión contribuya a lograr el objetivo del superávit del 1% del PIB en 2024.
Al respecto dentro de la larga lista de beneficios existentes que se adjunta como anexo del proyecto que ya comenzó a discutirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, se identifica a aquellos que “tienen un impacto presupuestario negativo por causar una merma de recaudación de carácter permanente” y dentro de los mismos -que representan el 2,38% del PIB para el ejercicio del año próximo- aparecen beneficios vinculados al impuesto a las Ganancias, al IVA, contribuciones patronales, comercio exterior y Bienes Personales. Sobre este último tributo, el texto oficial detalló la exención que sobre inmuebles rurales, que equivale al 0,48% del PIB ($1.690.885 millones) y puntualizó “cabría someter a evaluación legislativa la razonabilidad de mantener la vigencia de esta exención a la luz de la capacidad contributiva, su rentabilidad y acceso a otros beneficios bajo la forma de subsidios, promociones”.
En diálogo con El Destape, Julieta Izcurdia, abogada y coordinadora del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló “un dato interesante que se acompaña con la separata es que si miramos los beneficiarios de propietarios de inmuebles rurales que están localizados en el exterior son solo 450 personas a las que se está decidiendo beneficiar con la exención del pago y que, probablemente, no necesiten esos beneficios para llegar a fin de mes, visto desde las prioridades de la política pública”. En el esquema actual de recaudación, los sectores más vulnerables cargan con un peso impositivo mayor, en términos proporcionales, que los sectores de más altos ingresos por el mayor peso del IVA (40% de la recaudación nacional en 2022) y la menor participación de los impuestos patrimoniales (impuestos sobre la propiedad representaron 2,1% de la recaudación nacional en 2022).
En ese sentido, el objetivo de Economía sería poner sobre la mesa los diversos beneficios impositivos, tratamientos diferenciales y subsidios que favorecen a grandes propietarios, a grupos económicos y corporaciones y que tienen un impacto negativo en las cuentas públicas. El efecto conjunto de todos los gastos tributarios equivale al 4,7% del PIB en 2024, lo que es igual al presupuesto del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de 15 Ministerios de Salud, todo eso junto, según datos de ACIJ. “Un punto clave son las exenciones sobre el impuesto a los Bienes Personales que es un impuesto nacional que recae sobre las riquezas, sobre los patrimonios, es decir, que se concentra en los sectores más ricos de nuestra población que se ven liberados de pagar impuestos sobre sus propiedades rurales, como tampoco por la renta financiera o depósitos en entidades”, explicó Izcurdia al respecto.
Frente a la posibilidad de poner en revisión esos beneficios es que se manifestaron recientemente sectores vinculados a la Mesa de Enlace al plantear que “de ser modificados significan un impuestazo fiscal para los productores”. Sobre ello, un documento reciente elaborado por el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) que destacó “10 propuestas de política fiscal para una sociedad más equitativa” aconsejó de hecho “ampliar la escala de alícuotas del impuesto a los bienes personales con una tasa marginal máxima de 5% y gravar inmuebles rurales hoy exentos”, así como “incorporar a la base imponible la tenencia, posesión y similares, de bienes indirectos, para “transparentar” las estructuras offshore (fideicomisos, trust, fundaciones)”. Asimismo, Izcurdia anticipó a este medio que desde ACIJ vienen analizando en detalle el impacto de las exenciones vigentes que benefician a sectores concentrados de la economía, haciendo hincapié “en la necesidad de revisar beneficios como los que tienen actualmente los inmuebles rurales”, ya que según estiman “el monto que se deja de recaudar en 2024 ($1.690.885 millones) equivale a más de lo que se proyecta invertir para la Asignación Universal por Hijo, a 120% de lo que representa la AUH”.
Un aspecto central que destacó la especialista tiene que ver “la doble vara” con que suelen tratarse los beneficios existentes para algunos sectores frente a las políticas de gasto directo de otros, y el lugar que ganan socialmente discursos como el del candidato presidencial Javier Milei que calificó a los impuestos como “un robo”, invisibilizado “el poco aporte que hacen los sectores concentrados en la economía a través de los impuestos porque tienen beneficios, pero también tienen muchas más facilidades para evadir, para colocar su riqueza afuera, para acceder a divisas y concentrar más su riqueza en el mercado ilegal, a diferencia de las personas de menores ingresos que apenas llegan a comprar lo que necesitan para comer”. La entrevistada participó junto a colegas de la reunión de comisión donde el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, dieron cuenta de la separata en Diputados.
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