Las controversias producidas a partir de las reformas en el funcionamiento de la Policía Federal y sus implicancias en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron el efecto colateral de evidenciar la crítica situación del sistema de salud en relación con las comunidades de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y, en particular, de las villas y asentamientos, donde viven cerca de 300.000 personas (el doble de la población de Tierra del Fuego). Centros de atención primaria de la salud han cerrado sus puertas por tiempo indeterminado, los hospitales han visto gravemente resentido su funcionamiento, y también se ha hecho evidente que el sistema de emergencias de la Ciudad no cuenta con servicios idóneos para garantizar la cobertura en las villas.
Recordando las críticas jornadas del conflicto del parque Indoamericano, una vez más el oportunismo político de los actores, dejó a las comunidades más vulnerables libradas a su suerte.
La atención primaria de la salud, especialmente para las comunidades cuya vida se realiza en las condiciones más adversas, es una garantía básica de dignidad que ningún Estado legítimo debe desatender, ni de la cual puede desentenderse.
Es inadmisible que se pierdan vidas humanas porque el Same carece de protocolos adecuados para prestar el servicio en las villas; es inaceptable que los trabajadores de la salud carezcan de garantías básicas para prestar su servicio en los lugares en que son más necesarios.
Si algo deberíamos haber aprendido es que nada puede estar por encima del respeto a los derechos humanos, y que la acción del Estado debe dedicarse prioritariamente a las comunidades cuyos derechos humanos están más en riesgo. En relación con los derechos sociales, esa acción prioritaria debe dirigirse a las comunidades socioeconómicamente más vulnerables.
Las autoridades han fallado gravemente en este principio. La salud de quienes más necesitan de la acción del Estado está siendo gravemente desatendida. Es imperioso reordenar las prioridades.
Por Gustavo Maurino