La nafta del Same no alcanza para llegar a las villas de Retiro

El gobierno porteño no acata decisiones judiciales. El 1º de marzo, un hombre de 35 años murió electrocutado en la 31 Bis. Según sus vecinos, la ambulancia recién llegó a los 50 minutos del primer llamado. Hace un año, hubo un caso idéntico de muerte por discriminación en ese barrio.

Por Ezequiel Siddig

Tras la muerte de Gustavo Maldonado, un joven vecino de la Villa 31 que falleció por una descarga eléctrica, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) presentó una denuncia contra el gobierno porteño por presunta responsabilidad en el caso. El documento de ACIJ  “A la luz de las desigualdades. Informe sobre la prestación discriminatoria del servicio de energía eléctrica en las villas de la ciudad”, de 2011, señala que “si bien las causas que generan la mala calidad del servicio son múltiples, resulta indudable que la omisión estatal en la regulación de la prestación del servicio favorece y alimenta la problemática”.

El 1º de marzo, un hombre de 35 años murió electrocutado en la 31 Bis. Según sus vecinos, la ambulancia recién llegó a los 50 minutos del primer llamado. Hace un año, hubo un caso idéntico de muerte por discriminación en ese barrio.

A más de dos mil metros de la estación Retiro, orillando hacia el norte las vías de un tren con aire acondicionado, se erige uno de los últimos parajes del conglomerado urbano que alberga a más de 70 mil personas. En esa comunidad, la Villa 31 y 31 bis, se vive con caños cloacales rotos, sin el servicio de luz que goza la mayoría de los porteños, dependiendo de la electricidad para calentarse en invierno porque el gas, sencillamente, no llega. Esa llanura precaria, heredera de la tierra que amó el padre Carlos Mugica, tiene, como otras villas, un promedio de casi cinco miembros por hogar, mientras que en el resto de la ciudad ese número desciende a tres. Aún sabiendo de aquella densidad de población –son datos de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires–, conociendo que se multiplican las necesidades básicas de salud, sabiendo del peligro continuo por un tendido eléctrico riesgoso, las ambulancias del Same no llegan a tiempo; a veces ni entran. Y la gente se muere. Esperando.

El viernes 1º de marzo, otro hombre falleció aguardando asistencia médica. Según varios vecinos de la villa que hablaron con Miradas al Sur, los profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) llegaron casi 50 minutos después del primer llamado. Mientras, a Gustavo Maldonado –35 años, cinco huérfanos, una viuda– se le fue apagando la vida en la vereda del destacamento policial de la avenida Ramón Castillo, que depende de la seccional 46ª, donde lo había llevado un vecino en moto.

Maldonado se había electrocutado con un cable de alta tensión mientras trabajaba en una cooperativa barrial contratada por el Ministerio de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad. Mientras el Same disfruta su verano político a causa de su trabajo en el accidente masivo de la estación Once, los habitantes del barrio acusan que sigue sin llegar a tiempo para salvar la vida de gente que vive muy cerca de la city. Esta semana, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) presentó una denuncia contra el Gobierno porteño en el Juzgado en la Contencioso Administrativo N° 4 de la Ciudad, a cargo de Elena Liberatori, por presunta responsabilidad en esa muerte. “Hay tres faltas del Gobierno porteño”, sostuvo Demián Konfino, abogado del ODH. “Uno, la precariedad del tendido eléctrico; dos, Maldonado realizaba un trabajo que debía hacer una empresa; tres, la responsabilidad absoluta que le cabe al Same en su muerte.”

El 5 de abril del año pasado, Humberto Sapito Ruiz, de la misma villa, también había muerto por “incumplimiento del derecho a la salud y abandono de persona”. Aquella vez, la ambulancia del Same no quiso entrar alegando una presunta falta de seguridad física. Luego, el Juzgado Contencioso y Administrativo N° 2, a cargo del ex juez Roberto Andrés Gallardo, ordenaba al gobierno de Macri, “a través del Ministerio de Salud de la Ciudad, que en forma inmediata confeccione un plan estructural de Salud que incluya un protocolo de atención del Same, de implementación inmediata, que garantice el servicio de emergencia médica a los habitantes de las villas, asentamientos y complejos habitacionales de la Ciudad”.

La denuncia del ODH pretende que la jueza Liberatori ordene en forma cautelar que se garantice la seguridad del cableado eléctrico como así también que se determine la presencia de ambulancias dentro del polígono que delimita las villas, “cesando la actitud discriminatoria y violatoria del derecho a la salud que lleva adelante el Gcba”.

También pide el allanamiento de las llamadas del 1º de marzo hacia y desde el Same. Sobre ese punto hay controversia. Según Luciana Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), con un reconocido trabajo en la villa, “el comisario de Retiro sostiene que desde que la Policía llamó, el Same demoró 15 minutos, que es lo máximo que puede tardar”. Por eso, Acij, que tiene larga data de una causa iniciada en el Juzgado Nº 9 de la jueza Andrea Danas, pidió esta semana a la jueza que secuestre las grabaciones del 911, del Same, de los vecinos al 911 y del 911 al Same. “Los vecinos llamaron al 911. Habrá que ver si ellos llamaron enseguida al Same”, dijo otra fuente, relativizando la presumible responsabilidad de la ambulancia.

“Acij acordó con el Gobierno porteño que las ambulancias del Same no entraban a las villas, no por falta de seguridad, sino por falta de urbanización. Ahora en este caso si el Same tardó más tiempo, se trata de un incumplimiento grave.”

Luces y sombras.

Gustavo Maldonado vivía cerca de la capilla Padre Mugica, en un sector que se autodenominó Cristo Obrero. Allí, hombres y mujeres pugnan por darse lo que el Estado porteño les niega desde hace tanto. Ramón Ojeda, uno de los dos querellantes en la presentación del Observatorio, dice que no hay control técnico del Gobierno en cuanto a electricidad se refiera. “Hace casi dos años se comprometieron a poner disyuntores en cada domicilio… Todavía estamos esperando”, sostuvo. Ojeda trabajaba con Maldonado. Dice que por manda judicial, trabajaban en la manzana 14 donde ocurrió el hecho. Allí, una empresa concesionaria del Estado porteño debía hacer el arreglo, pero se negaron. No fue precisado por los vecinos, pero en una simple consulta al Boletín Oficial de marzo de 2009 se puede verificar de qué firma se trata. Por decreto 158/09 del Poder Ejecutivo porteño, Kopar S.A. se hizo acreedora de la “contratación directa 410-09- Obra Ejecución de la red troncal secundaria de agua potable en la Villa 31”.

El documento de Acij “A la luz de las desigualdades. Informe sobre la prestación discriminatoria del servicio de energía eléctrica en las villas de la ciudad”, de 2011, sostiene que “la falta de responsabilidad de las empresas concesionarias en la calidad del servicio de energía eléctrica ‘aguas abajo’ de los centros de transformación comunitarios genera que los vecinos no tengan forma de reclamar por la provisión adecuada del servicio. Si bien las causas que generan la mala calidad del servicio son múltiples, resulta indudable que la omisión estatal en la regulación de la prestación del servicio favorece y alimenta la problemática”.

El informe fue producido por el Programa de Derechos y Construcción Comunitaria en Villas de Acij, del cual Bercovich es coordinadora. Hace notar la existencia de dos regímenes legales diferenciados de provisión de energía eléctrica, ya se trate de los habitantes de las villas o para el resto de la población porteña. EL suminstro eléctrico de Villa 31 y 31 bis lo provee Edenor, según el convenio que firmara con el Gcba el 23 de diciembre de 2008. Entre las prerrogativas se cuenta que: 1. La empresa es responsable hasta los puntos de medición colectiva o centros de transformación; 2. No son aplicables las normas de calidad del servicio fijadas en el contrato de concesión. 3. De común acuerdo, las partes pueden instalar limitadores con cortes temporales, para restringir el exceso en el consumo de energía eléctrica.

Por el contrario, en el contrato de concesión de Edenor y Edesur, las empresas tienen la obligación de operar, instalar y mantener las instalaciones de forma tal que no exista riesgo en la seguridad pública. Además, “las empresas son responsables por todos los daños y perjuicios causados a terceros y/o bienes de propiedad de estos como consecuencia de la ejecución del contrato y/o el incumplimiento de las obligaciones asumidas y/o la prestación del servicio público”.

Para subsanar tal desamparo, el gobierno PRO dispuso contratar cooperativas que están conformadas, en gran su mayoría, por habitantes de las villas que se encargan de realizar las tareas que el Gcba les encomienda. En ese contexto murió Maldonado. Según un vecino de Villa 31 que pidió reserva, Gustavo Maldonado participaba en la implantación de nuevos transformadores, “para que cada manzana tuviera luz buena, porque acá hay poca tensión de luz, y ni que hablar de la presión del agua”.

Otra versión indica justamente que Maldonado trabajaba con la cooperativa barrial en el arreglo de un caño, averiado por una retroexcavadora hacía una semana. Lo cierto es que una descarga eléctrica puso a su reloj biológico a dar los últimos minutos. La ambulancia del Same, como ya es malsana costumbre en ese barrio, no llegó a tiempo. Murió. “La muerte de Gustavo Maldonado es lamentablemente la perfecta síntesis del olvido y la discriminación en la villas de la Ciudad de Buenos Aires”, razonó Bercovich. Y enumeró: “Falta una apropiada atención a la salud, sistema eléctrico deplorable, cloacas en mal estado: tres servicios públicos básicos”.

Habrá que esperar si el gobierno PRO responde esta vez. El lunes, en una audicencia judicial con la Acij el gobierno de Mauricio Macri desconoció el riesgo eléctrico en la Villa 21.24. Le exigían un protocolo para que establezca un mecanismo de emergencia, cuanto menos. Según una fuente que estuvo en el encuentro, los representantes del Gobierno porteño siguieron defendiendo una posición discutible. “Que llamen al 147” (el número de atención a los vecinos), fue el resumen de su respuesta.

Miradas al Sur