Los ciudadanos argentinos tienen una imagen muy negativa de la Justicia, que aparece como el poder con mayor descrédito, según surge de dos sondeos, a los que pudo acceder LA NACION, de las consultoras Opina Argentina y Management & Fit.
La primera midió imagen y el resultado fue que para un 78% de los encuestados es “algo” o “muy negativa”. Por su parte, Managment & Fit evaluó el nivel de confianza. Las respuestas marcaron lo siguiente: un 82,1% tiene “poco” y “nada” de confianza en la Justicia.“Claramente, la ciudadanía no confía. Descree mucho de la política, pero, por suerte, está empezando a mirar también a un Poder Judicial que no le da respuestas”, dijo a LA NACION Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.
En el monitoreo llevado a cabo por Managment & Fit, se expresó que un 60,7% de los argentinos tiene “poco” o “nada de confianza” en las instituciones y organizaciones en general. Ahora bien, en lo particular, el Poder Judicial y la Justicia se ubicaron en el peor lugar, detrás de los partidos políticos, el Poder Legislativo y los gobiernos. Sólo el 1,8% manifestó tener “mucha” confianza en Poder Judicial y el 2,3%, en la Justicia.
En el informe de Opina Argentina, además de mostrar un análisis donde la justicia argentina tiene una imagen negativa del 78%, los encuestados indicaron que los principales problemas son la corrupción (32%) y la intromisión del poder político(25%).Asimismo, como los dos aspectos a mejorar se indicaron la honestidad de los miembros del Poder Judicial(35%) y la idoneidad y profesionalidad del personal(21%).
“Son culpables de las principales cosas que pasan en la Argentina. Principalmente, siendo garantes de la impunidad”, apuntó Secchi. Para el director de Poder Ciudadano, hay que trabajar en una Justicia más ágil y cercana a los ciudadanos. Considera además que tiene que haber una gran discusión sobre el Consejo de la Magistratura. “Hoy está politizado y no cumple su función. Es un arma del poder de turno”, agregó.
Por su parte, Marcelo Giullitti, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló que los problemas que afectan estructuralmente al Poder Judicial se traducen en una mala imagen. Así, remarcó la falta de independencia del Poder Judicial del poder político y la falta de transparencia en los procesos de selección de los jueces.
“Es un poder del Estado que se muestra ineficiente en general, lento y burocrático, con un acceso caro e imposibilitante”, expresó.
Para que tenga lugar un cambio, según Giullitti, se necesita una “reforma cultural de los jueces”. “El Poder Judicial se tiene que abrir, se tiene que acercar a la ciudadanía y rendir cuentas”, apuntó.
María Gómez Alonso de Díaz de Cordero, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia (AMFJ), consideró que la imagen negativa se debe a que “no nos conocen, porque no conocen el trabajo que realizamos y en las condiciones en que lo llevamos a cabo. Tenemos muchos problemas que no se pueden solucionar en forma inmediata”.
Así, Díaz de Cordero remarcó enfáticamente los problemas de recursos. “No existen edificios adecuados para llevar adelante el trabajo, tenemos prácticamente el mismo número de jueces que hace 20 años, no hay juzgados suficientes y tenemos una necesidad imperiosa de espacio”, dijo.
“Lamentablemente, sólo se conocen los casos políticos”, concluyó.
“La sociedad percibe una insatisfacción pero con el sistema de justicia, que no sólo configuran los jueces, sino también los defensores, los fiscales y los ministerios de Justicia y Seguridad. Una reformulación de ese sistema brindaría resultados positivos”, aclaró a LA NACION Miguel Piedecasas, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Señaló que, desde el Consejo, se está trabajando en la implementación de mecanismos de autoevaluación, políticas de transparencia y en el nombramiento de los jueces para terminar con las subrogancias. El consejero confía en que “esas medidas, junto a la modernización de los procesos, van a ayudar a recuperar el terreno perdido”.