Junto a organizaciones presentamos información ante la CIDH sobre los desafíos y obstáculos para el funcionamiento de los sistemas de justicia

A inicios de marzo de 2020, un grupo de organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos de la región comenzamos a dar seguimiento al funcionamiento de los sistemas de justicia durante la pandemia. La reducción al mínimo de casi la totalidad de la actividad pública y privada durante las primeras semanas de la emergencia sanitaria, las restricciones al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, y el otorgamiento de facultades exorbitantes a los poderes ejecutivos de la región para gestionar la respuesta estatal, nos impulsaron a resaltar públicamente el carácter esencial de la justicia, para la protección de esos derechos y para el control de los actos del poder. 

En ese sentido, a inicios de mayo, dirigimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de Jueces y Abogados, una comunicación y un informe, en los que se identificaban los tipos de medidas adoptados por los órganos del sistema de justicia en la región, y las principales preocupaciones comunes en torno al acceso a la justicia, el respeto del debido proceso y la protección de la independencia judicial. 

• Ver comunicación a la CIDH, aquí.
• Ver comunicación al Relator Especial, aquí. 
• Ver Informe con información detallada por países, aquí. 

Posteriormente, transcurridos unos meses del inicio de la pandemia, solicitamos una audiencia pública ante la CIDH, con el objetivo de aportar información actualizada acerca de los desafíos y obstáculos para el funcionamiento de los sistemas de justicia y la reactivación de sus servicios en este nuevo escenario, y su impacto en el derecho de acceso a la justicia.

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La audiencia fue concedida, y se llevó a cabo de manera virtual el 9 de octubre de 2020, en el marco del 177 Período de Sesiones de la CIDH. Durante la audiencia, se presentaron los obstáculos comunes identificados a partir de la experiencia específica de nueve países de la región, y se resaltó la obligación internacional de los Estados de reorganizar su institucionalidad y de remover de manera activa los obstáculos de cualquier naturaleza que impidan o dificulten el acceso a la justicia, especialmente de aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

• Ver la audiencia, aquí. 
• Ver el informe presentado ante la CIDH, aquí.