Luego de la audiencia pública convocada por Gallardo para resolver el problema de falta de servicios de emergencia, el juez ordenó veedores judiciales en Salud y el SAME. También, abrir de inmediato los centros de salud. Lemus no asistió.
Por Horacio Cecchi
El conductor, joven, anteojos oscuros y curita de afeitada urgente atravesada al mentón, abrió la puerta del polarizado, extendió sus dos manos, unió la yema de sus dedos indignados (todo él estaba indignado) y en silencio gesticuló ¿y ahora qué quieren? Detrás y alrededor de él toda la masividad vehicular de la avenida Corrientes se concentraba en ese solo punto, al 1400. Tanta bocina hacía sentir su presión de clase media irritada. El motivo: vecinos de las villas porteñas, villeros, o “negros que hacen bardo”, según la perspectiva, médicos y trabajadores de la Salud porteña, se visibilizaban frente al resto de la sociedad con un corte.
Esta vez no fue el reclamo por Sapito Ruiz –el vecino de la Villa 31 que murió porque la ambulancia no entró–, sino el festejo de que por una vez se había hecho justicia: tras una audiencia pública a la que asistieron unos 200 representantes villeros, el juez Roberto Gallardo ordenó intervenir con veedores judiciales la dirección del SAME y de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud de la que dependen los centros de asistencia en las villas.
La audiencia pública había sido citada el martes pasado por Gallardo, luego de la medida cautelar presentada por la Asesoría Tutelar y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en conjunto con vecinos de diferentes villas y médicos y trabajadores de los centros de salud y hospitales involucrados.
Desde temprano, los invisibilizados se hicieron visibles en plena Corrientes, frente al 1441 del Colegio Público de Abogados, desacompasando la neurosis vehicular y tanto traje de minicentro. No porque hubieran cortado (el corte vino después), sino por lo “diferentes”. Es seguro que de cortar, si fueran invisibles, no molestarían. Pero quién va cortar para ser visto si no lo ven.
Pasadas las 12, con unos 220 delegados y representantes de las villas adentro, y el resto de los querellantes: ACIJ; la Defensoría de la Ciudad; Morgado y Rachid, por el Inadi; los diputados porteños Rocío Sánchez Andía y Jorge Selser, por las comisiones de Vivienda y de Salud; la Asesoría Tutelar; representantes de trabajadores de la salud; curas villeros; y los delegados de las juntas vecinales de la 31/31bis, 21/24, 20, 1-11-14, de la 3/Fátima y Piletones. Del gobierno, el único que aportó fue el procurador, Ramiro Monner Sans. La jerarquía citada por Gallardo, por encima de Monner, pegó el faltazo. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete, y el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, ni siquiera se dieron por enterados. La cabeza visible de Salud, Jorge Lemus, se invisibilizó. Parte de enfermedad. Cuando Gallardo inició la sesión y consultó el motivo de la ausencia de Lemus y Monner Sans respondió que adjuntaba el certificado médico que lo excusaba, desató una risotada general y dio pie a ironías posteriores de los delegados. Más allá, Carlos Russo, uno de los directores del SAME, de imagen desconocida y oportuna mudez.
Siguieron algunas cuestiones procesales que parecían montadas para la ironía en tono jurídico sobre un acto desconocido por una de las partes, la responsable de la salud. El gobierno, en fin, Monner Sans, entregó el plan de atención del SAME, que en realidad era el existente. Evidencias como la muerte de Sapito Ruiz indican que jamás se cumplió. Un documento de dos carillas que acompañaba el plan, firmado por el director Salvador Crescenti, negó que se discriminara la atención en las villas, indicó que en un año habían atendido 4352 casos en esa población y que las ambulancias llegaban en diez minutos, pero aseguró que el retiro de la Federal impidió la continuación del plan.
–¿Quién va a suministrar el patrullero? ¿Cuál es el plan alternativo que preparó el Gobierno de la Ciudad? –preguntó Gallardo.
–La responsabilidad es de la Policía Federal y el Gobierno de la Ciudad no lo puede resolver –dijo insistente Monner Sans, y remitió al juicio iniciado por el gobierno porteño a la ministra de Seguridad Nilda Garré, por el retiro de los adicionales (pese a que no custodiaban ambulancias).
Luego hablaron los querellantes. Todos coincidieron en la ausencia de asistencia. Se escucharon casos recientes e históricos. Los delegados vecinales reafirmaron que los médicos siguen trabajando junto a ellos y que los centros de salud fueron cerrados en el conflicto de los adicionales, aunque no tuvieran custodia policial. “Mi hijo tiene convulsiones –dijo Diosnel Pérez–, igual que Humberto Ruiz. Cuando murió el compañero de la 31 me afectó. Cuatro veces tuvo mi hijo convulsiones en el año y la ambulancia jamás vino.”
“Tengo indignación por tanta mentira organizada –dijo la representante de los trabajadores, Ana Mamianetti–. Hacemos vaquitas con los vecinos para comprar los medicamentos, insulina. No es casualidad que el ministro (Lemus) no esté. Nunca estuvo.”
A las tres menos diez, la decisión de Gallardo fue leída al público. Informadores judiciales en Salud y el SAME; reapertura inmediata de los Centros de Salud. Estalló el aplauso. Los representantes del gobierno ya no estaban, otra vez se habían ausentado.