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Hay jueces que no quieren investigar al poder de turno (Clarin)



Una visita a cualquier prisión de nuestro país evidencia que el derecho penal se aplica solamente para personas de bajos recursos. Las razones de esta situación son numerosas pero la más relevante es la falta de incentivos de muchos jueces y fiscales para investigar los delitos de poder.



Esos actores no tienen excusa alguna para este pobre desempeño. Cuentan con remuneraciones adecuadas, estabilidad de por vida en el cargo, recursos humanos a su disposición, posibilidades de capacitarse, acceso a información y herramientas legales suficientes.



Sin embargo, los expedientes demoran en promedio más de una década y su destino inexorable es que prescriban por el paso del tiempo. En esos casos, los responsables del Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura deberían examinar el desempeño de los funcionarios que no hicieron avanzar debidamente esos procesos pero tampoco hay antecedentes de sanciones o destituciones por este tipo de situaciones. A su vez, los legisladores deberían promover cambios que apunten a simplificar los trámites pero no se abocan a ello. Existe un sistema que garantiza la impunidad completa.



Las ONGS ACIJ y CIPCE nos presentamos en más de un centenar de expedientes para tomar vista de estos y realizar aportes. Sin embargo, nos encontramos con reticencias de muchos de los jueces y fiscales , quienes se niegan a abrir su tarea, pese a los principios de acceso a la información pública a los que está obligado nuestro país frente al mundo. El tema está a estudio de la Corte, que tiene la oportunidad de dar un claro mensaje sobre la corrupción . Hasta ahora los jueces del alto tribunal explican que no han recibido causas trascendentes en esta materia, por lo que pueden brindar ahora un pronunciamiento claro.



La corrupción tiene consecuencias sociales devastadoras. Por ello, la sociedad tiene un enorme desafío. Así como en los delitos con víctimas determinadas está comprobado que la presión pública puede redundar en mayores avances en procesos complejos, deberíamos hacer notar a quienes están obligados a investigar que aquí también hay víctimas que esperan justicia. En este reto, tanto el periodismo como las ONGS pueden desempeñar un rol fundamental pues pueden convertirse en un vínculo entre los expedientes complejos y el resto de la ciudadanía. A su vez, la sociedad civil debería aliarse con los políticos honestos que se ven perjudicados porque no hay manera de distinguirlos de los deshonestos.




Por Ezequiel Nino



Clarin