La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia impulsa modificaciones en la normativa para evitar que el Poder Ejecutivo impida discutir en el Congreso el presupuesto y utilizar así los recursos nacionales con total discrecionalidad, tal como lo hace el gobierno de Milei.
El último presupuesto aprobado por el Congreso Nacional fue el correspondiente a 2023, discutido durante 2022 y sancionado a finales de ese año, cuando todavía gobernaba Alberto Fernández. El Poder Ejecutivo ya encabezado por Javier Milei lo prorrogó en 2025 por segundo año consecutivo. En ocasiones anteriores se ha utilizado este mecanismo aunque nunca por dos periodos consecutivos. ¿Qué consecuencias concretas trae esta situación inédita? Entre otras, implica el atraso en las partidas que no tienen actualización por inflación y una discrecionalidad por parte del gobierno en el uso de los recursos.
Sofía Pasquini, abogada y miembro de la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó que hay una situación de avasallamiento constante de los mecanismos constitucionales: “Es el gobierno diciendo ‘a mí no me interesa negociar con el Congreso, voy a hacer lo que quiera, a disponer del presupuesto y del funcionamiento de las instituciones como quiera’.” Esto empieza a hacer ruido en la vida cotidiana porque no es un hecho aislado, se suma a un contexto donde se designan a los jueces por decreto y es allí donde toma relevancia la prórroga presupuestaria.
La pregunta clave en esta situación, agrega, es: “¿Por qué tenés todo el andamiaje legal que le permite a un gobierno que no le interesa negociar con el Congreso, hacer todo lo que está haciendo? Esa es un poco la jugada, un problema más de fondo, que es qué está pasando con la regulación en Argentina de la prórroga presupuestaria que no dispone un límite permitido.”
El Ejecutivo cuenta además con los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que le permiten ampliar las partidas. Mediante la prórroga y los DNU, cualquier gobierno puede eludir la discusión en el Congreso. En las últimas décadas se fue ampliando el porcentaje de las partidas asignadas por los decretos.
El economista Natán Spollansky, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de ACIJ, sintetiza el criterio del gobierno hacia la ampliación o reducción arbitraria de las partidas: “Lo que estamos viviendo es la búsqueda del equilibrio fiscal por sobre el rol y las funciones que tiene el Estado de por sí. La no función del Estado como forma de gobernar. Se produce un ajuste de corto plazo que tiene consecuencias sociales y estructurales en el largo plazo.”
La administración actual modificó de hecho las asignaciones para los diferentes sectores. Los fondos destinados a Educación, Cultura, Promoción y Asistencia Social van a sufrir una reducción de un 30% mientras que Inteligencia incrementará su asignación en un 67% según detalla el análisis de ACIJ.
“A medida que yo me alejo del presupuesto aprobado por el Congreso, puedo hacer cada vez más lo que yo quiero. Tengo un margen más amplio para disponer del paquete presupuestario sancionado en su momento. Esto de no tener un presupuesto o tener uno tan viejo prorrogado, permite cada vez una brecha más grande entre lo que aprobó el Congreso en 2023 y lo que estás tocando de las partidas hoy en día”, apunta Pasquini. Esto posibilita que cualquier maniobra que se realice con el dinero sea solo ampliar un poco más el margen entre lo legislado y lo que efectivamente se destina.
Por su parte, Spollansky especifica cómo la mayor discrecionalidad en el manejo de los fondos por parte del gobierno genera un impacto más directo: “Al no discutirse no se puede hacer un seguimiento de los gastos ya que con las prórrogas esa posibilidad se va diluyendo. La última vez que se discutió un presupuesto y se aprobó fue el de 2023. Desde ahí la inflación superó el 300%. Eso implica que el dinero que tuvo que poner el Estado encima no fue aprobado ni discutido por el Congreso sino que quedó a la discrecionalidad del Ejecutivo. Esto influye en la partidas que no se actualizan y dependen del criterio del gobierno: la construcción de jardines infantiles perdió más del 80% de recursos, por ejemplo.”
En su análisis, ACIJ plantea que la prórroga en Argentina, aunque debería ser excepcional y esporádica, se ha vuelto habitual y en los últimos 15 años se ha utilizado ya en cinco ocasiones: 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025. Otro aspecto importante es que se diluye la posibilidad de seguimiento y fiscalización de la ejecución de las partidas asignadas durante el año. El nivel de inflación deja los montos muy desactualizado y no se puede medir lo realizado, lo que vulnera estándares de transparencia y también de control ciudadano. Así, la desactualización de los fondos genera una diferencia que le implica al gobierno poner más dinero arriba de lo estipulado. Y esos fondos extras los destina según su criterio, que en definitiva es lo mismo que el presupuesto no aceptado por el Congreso.
Este contexto y la actuación reciente del gobierno, elegir la prórroga ante la no aprobación del Congreso del presupuesto enviado hace que cada vez quede más lejos un presupuesto democráticamente debatido y aprobado. Grafica Pasquini: “Nunca nos había pasado, pero de repente estás con un Ejecutivo que a viva voz te dice que no le interesa negociar con el Congreso porque porque son todos corruptos”. Y agrega que una herramienta de prórroga indefinida no se sabe cómo va a terminar funcionando porque efectivamente un gobierno con las peores intenciones la puede usar a su beneficio.
El andamiaje institucional para manejar presupuesto, con la Ley de Administración Financiera y todas las facultades que tiene el jefe de Gabinete y el Poder Ejecutivo, le es conveniente a este último poder. Su interpretación extrema casi al margen de la legalidad proporciona situaciones que debilitan las instituciones democráticas. La propuesta de la Asociación es modificar la normativa para impulsar la negociación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.