Es como aquello de las brujas. No existen, pero que las hay las hay. Jueces y fiscales admiten off the record , que decenas de causas sobre presuntos hechos de corrupción del Gobierno están siendo frenadas a la espera de que pasen las elecciones presidenciales de octubre. Es que no quieren tomar medidas impactantes en medio de la campaña y ser percibidos como favorables al Gobierno o a la oposición.
Además, el retraso en las, por lo menos, 35 causas que involucran a funcionarios o ex funcionarios del actual Gobierno viene siendo relevado por auditorías de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, adjudicó el retraso a razones distintas: las causas de corrupción “ merecen un procedimiento distinto y con personal de investigación que dependa de la Justicia y no de los otros poderes que pueden estar involucrados en la causa”, en alusión a las fuerzas de seguridad. Además, dijo a Clarín que el Gobierno debe nombrar jueces en los juzgados vacantes para agilizar esos casos.
Las dos más retrasadas son el escándalo de los presuntos sobreprecios de la empresa Skanska para ocultar coimas a través de facturación trucha y el caso de la valija del empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson con 779.550 dólares en plena campaña electoral del 2007.
Otras causas directamente fueron cerradas a velocidad luz, como pasó con la del enriquecimiento de la presidenta Cristina Fernández y el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, por una decisión del juez federal Norberto Oyarbide.
“Se trabaja, pero a los tiempos de la Justicia ”, explicó el secretario de un juzgado que pidió no publicar su nombre.
“Algunos jueces pisan las causas”, admitió a este diario un camarista sobre la lentitud de los instructores. “Nosotros trabajamos, pero todo lleva su tiempo”, se defendió un juez.
Un caso excepcional es el del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya registra dos procesamientos por el delito de dádivas. Con una decena de causas, Jaime, que en las próximas semanas debe explicar el enriquecimiento de sus familiares ante la Justicia, va camino a convertirse en la María Julia Alsogaray del kirchnerismo.
Mientras jueces y fiscales se tiran la pelota, varios funcionarios judiciales destacaron ante este diario la escasa participación de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la acéfala Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en las causas de corrupción que involucran al actual Gobierno. La OA, que depende del Ministerio de Justicia, es encabezada por Julio Vitobello y la FIA -dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación-, por Guillermo Noailles, de manera provisoria hace más de dos años por la renuncia de Manuel Garrido.
“Hay parte de la Justicia de Comodoro Py que es tiempista , y eso implica que en muchos casos no avancen las causas o que lo hagan de manera muy lenta”, expresó el diputado nacional Juan Carlos Morán (Coalición Cívica). Junto a otros legisladores, él denunció al ex presidente Kirchner por presunta asociación ilícita con sus ministros y empresarios beneficiarios de la obra pública.
Otro problema mencionado en Tribunales es el de las vacante s en la titularidad de cuatro de los doce juzgados federales penales que investigan en la Capital Federal los casos de corrupción en la administración pública nacional. El escandaloso concurso 140 aún está irresuelto por el Consejo de la Magistratura. Lleva más de cinco años.
Y hasta se da el caso de que el mejor conceptuado en ese concurso, el secretario de Cámara Marcelo Martínez de Giorgi, sin el acuerdo del Senado y con un aval restringido de la Corte Suprema, está a cargo no sólo de uno sino de dos juzgados, al igual que su polémico colega Norberto Oyarbide. Martínez de Giorgi tiene varias causas sensibles para el poder político gobernante, pero está condicionado por la provisoriedad de su cargo.
Otro denominador común en este tipo de expedientes son las largas en el tiempo pericias generalmente encargadas al cuestionado cuerpo de peritos contadores que depende de la Corte Suprema. La semana pasada, el juez Claudio Bonadio, denunció la violación del secreto en una pericia que había encomendado a ese cuerpo en la causa contra los secretarios privados de la Presidenta.
Por Lucio Fernandez Moores