En América Latina, el derecho a la educación de las personas con discapacidad se ve sistemáticamente vulnerado. Muchas de ellas se encuentran absolutamente excluidas del sistema educativo, al no asistir a escuelas especiales ni regulares y ser obligadas a permanecer en entornos de asistencia sanitaria o social, mientras que otras son segregadas en escuelas especiales en donde reciben una educación de calidad inferior, basada en una lógica segregatoria que limita su inclusión en entornos futuros.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006 establece en su artículo 24 que las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar y aprender en escuelas comunes con los apoyos y ajustes que sean necesarios, y que no pueden quedar excluidas del sistema general de educación. Sin embargo, las normas, políticas y prácticas educativas en los países de la región continúan reflejando una persistente discriminación hacia este colectivo.
Solo garantizando que todas las personas nos eduquemos en mismas escuelas podremos construir una sociedad más igualitaria y justa que brinde a todas/os las mismas oportunidades. Empecemos en la escuela.
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