Según datos del Indec correspondientes al primer semestre de 2023, el 57% de los niños y adolescentes de cero a 17 años de Argentina son pobres, lo que equivale a 7,4 millones de chicos. Dentro de ese total, el 14,3% vive en la pobreza extrema; es decir que 1,8 millones de menores no cuentan con los recursos suficientes para acceder a una alimentación básica.
En los últimos años, el punto más bajo de la pobreza infantil, aunque de todas maneras con un porcentaje demasiado alto, fue en la segunda mitad de 2017, con un 40% de menores pobres. La pobreza infantil alcanzó su punto máximo en la segunda parte de 2020 con un 58%.
“Al comparar los índices de pobreza infantil con aquellos correspondientes a la población general, se advierte que los primeros son más elevados y que, por lo tanto, existe en nuestro país un fenómeno de ‘infantilización de la pobreza’”, indica la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en su informe más reciente sobre el tema. “Las familias con niñas y niños son más pobres que aquellas que no los tienen”, explica Bárbara Zanino, abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de la ACIJ.
Un dato: si bien el porcentaje de la pobreza infantil fue similar, e incluso más alto durante la primera parte de 2019 (52,6%) y la primera parte de 2022 (51,5%), la pobreza extrema aumentó. Pasó del 12,9% en 2019 al 13,2% en 2022. Estos números muestran que entre estos dos períodos de tiempo la pobreza disminuyó pero la indigencia aumentó.
Diferentes programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares o el Programa Alimentar intentan combatir la pobreza infantil. Sin embargo, es cuestionable la efectividad de dichos subsidios porque, como afirma Unicef, “desde el regreso democrático, no se pudo nunca reducir la pobreza infantil por debajo del 30%”. A este punto es necesario preguntarse: ¿sirven los subsidios para salir de la pobreza?, ¿cómo se puede combatir la indigencia infantil?
Vulnerabilidad. La ACIJ informa que, en el primer semestre de 2023, la AUH logró cubrir un 37,5% de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). La asociación propone que cada menor “en situación de vulnerabilidad reciba una prestación que cubra el valor de una CBA”, por lo que “ello implicaría elevar las prestaciones hasta alcanzar dicho monto”.
Zanino menciona que los menores cuentan con una protección especial “desde la Convención de los Derechos del Niño hasta la Constitución Nacional y leyes nacionales como la 26.061 (Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños)”. “Requieren una protección reforzada por ser menores de edad. Desde esa base, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar a esta población una alimentación adecuada”, afirma.
“¿Las prestaciones deben cubrir una canasta básica? La respuesta es sí, porque el Estado está obligado a garantizar la alimentación adecuada de las niñas, niños y adolescentes”, responde la licenciada.
Las opiniones al respecto entre los especialistas son diversas. Ianina Tuñón, investigadora jefa del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, del Observatorio de la Deuda Social en el Departamento de Investigaciones Institucionales en la Universidad Católica Argentina, opina: “Las transferencias no tienen por objetivo cubrir una CBA. Garantizan un mínimo de equidad aunque, claramente, en un contexto de altas tasas de inflación, no son suficientes para erradicar la pobreza, pero sí evitan un crecimiento de la indigencia. Se debe apuntar a políticas públicas generadoras de empleo de calidad para los adultos”.
“¿Los subsidios deben colaborar con la totalidad del desarrollo de una persona? Esa es una pregunta que la política debe resolver. Se supone que las prestaciones son para impulsar a las personas a salir de la pobreza, no a seguir manteniéndolas en ese lugar por años. Y en determinados momentos históricos, por mayores procesos de informalidad, esos subsidios terminan sosteniendo la situación de pobreza”, dice el investigador del Conicet y doctor en Ciencias Sociales Esteban de Gori. “El subsidio se debería incluir en un conjunto de dispositivos institucionales que permita salir a las personas de la pobreza”, concluye.
Desprotegidos. La ACIJ señala que más de un millón de niños “todavía están por fuera de toda protección social, sea por cuestiones normativas, por ejemplo requisitos relacionados con la situación migratoria de las familias extranjeras, o por no estar identificados”.
“Quedan solamente 1.800 niñas y niños que no cuentan con la AUH porque no tienen dos años mínimos de residencia legal en el país. Es muy importante aclarar que también tienen derecho a acceder a esta prestación pero que, sin embargo, la política pone el límite de la residencia legal. Nosotros sostenemos que deberían poder acceder a la asignación. Forman parte del grupo de niñas, niños y adolescentes que están excluidos”, explica la letrada Zanino.
“La AUH tiene un requisito en relación con los inmigrantes que supone un tiempo mínimo de residencia que puede ser cuestionado tratándose de niños. En la medida en que las familias extranjeras residan en el país, sus hijos tienen los mismos derechos que el resto de los niños”, asegura la investigadora Tuñón.
“La Argentina tiene una larga tradición de integración de los migrantes, a través de la salud, de dispositivos culturales y de reconocimiento de los derechos por habitar el suelo. Los niños que no están registrados deberían tener los mismos derechos por parte del Estado, sobre todo porque parte de su identidad está construida a partir de la idea de vivir en el territorio. Esto no quiere decir que el Estado no deba revisar ciertas cuestiones de residencia: no es lo mismo un niño que está de paso que uno que habita en el territorio. Estamos hablando de sentido común”, dice el doctor De Gori.
La ACIJ señala aquellos grupos que son aún más vulnerables: los adolescentes y los niños de hogares monoparentales. La pobreza extrema en el total de hogares a cargo de un solo padre es del 21,7%, mientras que en el caso de familias que cuentan con ambos padres el porcentaje es del 11%.
La pobreza crece a medida que crecen los niños. Entre los 0 y 3 años el porcentaje de niños que viven en pobreza extrema es del 10,4%; se eleva al 12,5% entre los 4 y 9 años; y luego entre los 10 y 17 años aumenta al 15%. La investigadora Tuñón señala como grupos vulnerables a “las madres muy jóvenes que viven en sus hogares de origen y a adolescentes que no continúan con sus estudios”.
Otro factor que implica mayor vulnerabilidad, y que usualmente se relaciona con generaciones familiares sumidas en la pobreza, es que la vivienda de los niños esté ubicada en un barrio popular.
“Los hogares monoparentales, en su mayoría con jefatura femenina, son más pobres porque tienen un único proveedor, que es la madre. Estos hogares requieren de una mirada particular por parte de las gestiones de gobierno. La monoparentalidad supone una vulnerabilidad más en términos de capacidad de sustento del hogar, pero también en términos de capacidad de cuidado y crianza”, indica la profesional.
La ACIJ señala algunas “regulaciones discriminatorias” de las prestaciones sociales. Una de ellas es la limitación en el Programa Alimentar (PA): “Mientras que los menores de hasta 14 años de sectores vulnerables cuentan con la AUH y el PA, al cumplir los 15 años los adolescentes quedan excluidos de esta política alimentaria”,
“Los adolescentes son los más pobres entre los niños más pobres. Luego de los 15 años muchos dejan de percibir la AUH porque dejan la escuela. En los barrios más segregados existe una fuerte concentración de la pobreza estructural y en tal sentido es mayor la homogeneidad en términos de múltiples carencias. En estos contextos suele darse el llamado proceso de transmisión intergeneracional de la pobreza”, explica Tuñón.
“Nos preocupa la situación de los adolescentes de 15 a 17 años que solo acceden a una AUH, que son $ 17 mil en el mejor de los casos. Están muy lejos de poder alcanzar una canasta básica alimentaria. En el informe destacamos que algunos de los principales problemas que tienen las políticas de transferencia de ingresos es la insuficiencia y la falta de prestaciones que garanticen una alimentación mínima”, resalta Zanino, de la ACIJ. “Es importante volver al principio, cuando hablábamos de que se trata de derechos y no de ayuda. Hay una responsabilidad sobre esta población”, agrega.
Subsidios. “Los subsidios empezaron a pensarse en sociedades de riesgo, donde cada vez más porciones importantes de la sociedad se encontraban en situaciones vulnerables. Se idearon como políticas focalizadas para ayudar a familias que se ubicaban por fuera de la sociedad salarial, de la escuela, por fuera del mundo registrado. Hoy en Argentina seis millones y medio de trabajadores son informales. En muchos casos esa precariedad termina reproduciendo o recreando la pobreza”, explica el investigador De Gori.
“Los niños vulnerables, a medida que van creciendo, no salen de la pobreza, sino que se suman a ella. Los jóvenes deberían estar inscriptos en distintos dispositivos para salir adelante, donde el subsidio sea solo uno de esos dispositivos. De no ser así, lo que se logra es mantenerlos a ellos y a sus padres y madres en esa situación”, afirma.
“La salida de la pobreza implica una propuesta para padres y madres, porque no se puede pensar en los niños sin pensar en sus familias. Mantener a los padres en la pobreza no cumple con el objetivo de salida de ese lugar al que los subsidios tendrían que aspirar”, indica.
“De la pobreza no se sale con soluciones fáciles, con un subsidio, porque si la prestación social es baja y no existen otros dispositivos institucionales, esos niños, en vez de salir de la pobreza, la recrean. Con una baja calidad educativa, un débil vínculo con las instituciones sanitarias, una relación pobre con los alimentos, se forman niños con pocas capacidades para defenderse ante el mundo del trabajo y de la cultura”, concluye.
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