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Desconectar Igualdad

AGENCIA ANCCOM 17/06/2020 Escrito por: Agustina Pasaragua
Fotos de: Egresadas del Centro Educativo PAEBYT El Galpón

Sin Internet ni computadoras, miles de niños, jóvenes y adultos de los barrios porteños vulnerables no pueden ni siquiera mantener un mínimo vínculo con sus docentes. La reacción del ENACOM y las disposiciones judiciales para garantizar un derecho básico.Compartir en FacebookCompartir en Twitter

La cuarentena registrada por el foco de las egresadas del Centro Educativo PAEBYT El Galpón, Barrio Carlos Mujica, Villa 31.

“Si contás con dispositivos, tenés suerte de entrar a las clases virtuales. No hay señal ni conectividad en el barrio. Para las Olimpiadas (de la Juventud) habían instalado wifi pero lo sacaron todo. Esperemos que el Gobierno porteño actúe cuanto antes, no podemos seguir así”, se queja Julia, vecina de Villa Lugano y alumna del Programa de Alfabetización Básica Educación Y Trabajo (PAEByT).

La pandemia revela, una tras otras, las fragilidades preexistentes que padecen los sectores vulnerables. En 2016, la ONU declaró el acceso a Internet como un derecho humano fundamental para garantizar el ejercicio de la educación, la libre expresión, el desarrollo social y económico, entre otras cuestiones. Laura Tamburrino, educadora del PAEByT, detalla las dificultades de la modalidad virtual en el barrio de Villa Soldati: “Casi no hay clases. Algunos alumnos disponen de dispositivos, pero la mayoría no tiene computadora ni Internet. Al no haber buena conectividad, sólo podemos trabajar con aquellos que tengan dispositivo e Internet propios”.

Mientras esperan soluciones para retomar las clases, los docentes del PAEByT trabajan en conjunto con comedores, parroquias, centros culturales y educativos para paliar el hambre en diversos asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. “Están todos con miedo. Los comedores, por ejemplo, están tratando de subsistir en la primera línea, hacen lo que pueden. Hemos elevado los reclamos al Gobierno porteño pero lo que llega no es suficiente en absoluto. Somos los educadores, talleristas, equipos sociocomunitarios, los que pensamos nuevas formas de ayudar”, cuenta Tamburrino. Una de las iniciativas que llevan adelante es una campaña de donación de alimentos, productos de higiene y de limpieza para sus estudiantes y las familias.

Pero toda esta solidaridad no puede resolver la falta de conectividad, una barrera para miles de niños, jóvenes y adultos que ven negado, así, su derecho a la educación. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) impulsa, junto a otras organizaciones y agrupaciones de vecinos, una acción de amparo para que el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta garantice la continuidad pedagógica de los estudiantes de barrios populares. Uno de los reclamos principales es que se faciliten dispositivos y herramientas y se ordene al GCBA garantizar el acceso gratuito a Internet mediante una conectividad adecuada en las viviendas de todos los habitantes de la Ciudad que no tengan la capacidad económica para costear su acceso a Internet.

Ante la exigencia de quedarse en casa para cuidarse del Covid-19, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) emitió una resolución que busca dar respuestas a algunos de estos problemas. Esta semana, desde el organismo anunciaron un fondo de emergencia de 100 millones de pesos que servirá para ofrecer acceso a la red de Internet a las villas aisladas por la pandemia. Además, destacaron la importancia de la tecnología para cuestiones básicas, como la realización de trámites, y dieron detalles de la entrega de 250 tablets del Programa +Simple a los Curas Villeros.

“Este programa tiene como objetivo achicar la brecha digital y lograr el acceso a las tecnologías, de información y comunicación. En una primera etapa, estaba orientado a personas mayores, pero desde el mes pasado se amplió a movimientos sociales y organizaciones cooperativas para ampliar el universo de los destinatarios”, señala el director Nacional de Fomento y Desarrollo de ENACOM, Pablo Urquiza.

“Como Estado, tenemos la obligación de acompañar y ayudar. En los próximos días, vamos a estar en los distintos barrios con los sacerdotes en el Gran Buenos Aires, implementando proyectos para que se garantice la conectividad y para que todos puedan tener el acceso igualitario y en condiciones de calidad. Esto no es más que hacer cumplir la ley y el objetivo que tenemos como ente de comunicación”, agrega el funcionario.

Entretanto, el Gobierno de la Ciudad, en lugar de atender estos problemas y necesidades, está realizando “encuestas de seguimiento” telefónicas a las familias con hijos en escuelas públicas, cuyo propósito no pareciera tener que ver con lo pedagógico. Ante este hecho, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), denunció: “Resulta llamativo y hasta sospechoso que las preguntas, como relatan las familias que han sido encuestadas, están vinculadas a obtener información sobre el desempeño de los maestros: cantidad de días que envían actividades, cuántas por día, nombre y apellido de los docentes”.

El secretario general de UTE, Eduardo López, exigió al Gobierno porteño que cumpla con la cautelar dictada por el juez Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 –que ordena proveer Internet y computadoras a quienes estudian en las villas–, y desmintió lo dicho por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en una de sus últimas conferencias de prensa: “Es mentira que el 93 por ciento de los estudiantes tiene conectividad. En una escuela de Soldati, menos del 10 por ciento pudo acceder en el último mes”.

“Hace cinco años teníamos el programa Conectar Igualdad. Con Macri esto dejó de funcionar. Lo que estamos pidiendo son políticas públicas para garantizar la igualdad: la educación tiene que ser para todos, no solo para el que tenga plata”, concluyó López.

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