Dos estudios independientes detectaron problemas en la forma en que el ejecutivo responde a los pedidos de información
Dos estudios detectaron falencias en la forma en que el poder ejecutivo responde a los pedidos de acceso a la información. Respuestas incompletas, demoras injustificadas y falta de contestación, son algunos de los problemas más graves. Los pedidos son fundamentales para garantizar el control ciudadano sobre el accionar del Estado.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia(ACIJ) y la Asociación por los Derechos Civiles(ADC) realizaron investigaciones para poner a prueba el funcionamiento del derecho al acceso a la información pública, garantizado en el decreto 1172/03. La norma tiene como objetivo el fortalecimiento de la relación entre el Estado y la sociedad civil para así lograr desarrollar una democracia transparente, pero en la práctica el mecanismo reveló graves fallas.
Según el documento que emitieron ambas asociaciones: “En el caso de ACIJ, de 44 pedidos de información realizados 14 no fueron contestados y 14 fueron contestados fuera del plazo de los diez días. En el caso de ADC, de 49 pedidos realizados, el 47% fue respondido de manera satisfactoria y el 53% fueron respondidos de manera incompleta, de forma negativa, o directamente no fueron respondidos. Además, también se registraron retrasos en el 55% de los pedidos que fueron contestados”.
El análisis cualitativo de los casos agrega que existieron “omisiones a responder a ciertas preguntas, respuestas incompletas y remisión a páginas de Internet en donde la información no está o es extremadamente difícil acceder a ella”.
Como conclusión de los estudios, desde ACIJ y ADC consideran que única forma de modificar el escenario actual de silencio por parte de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo es la sanción de la demorada ley de acceso a la información pública..