Entes reguladores intervenidos, defensores públicos que no son designados, una fiscalía de investigaciones acéfala, un instituto contra la discriminación sin presidente, un procurador penitenciario “provisorio” y hasta una comisión nacional de ética pública que desde el año 1999 espera ser creada.
Es el desolador mapa de los organismos de control en la Argentina, que confirma que el intento de desplazar al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) no es un caso aislado, sino que forma parte de una mala costumbre –practicada por todos los gobiernos de turno– a la hora de elegir las autoridades de estas entidades cruciales. La situación fue reflejada en un documento reciente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), cuyo principal foco está centrado en la polémica en torno a la AGN y donde alerta que ese episodio “agrava el inconstitucional desmantelamiento que padecen los órganos de control”. “Estos tipos de crisis institucional son fatales e inevitables en un sistema de control que ha sido estructuralmente desintegrado”, alerta a PERFIL Gustavo Maurino, codirector de ACIJ. “Existe un desguace recurrente en los organismos, que implica la desintegración de las reglas”, alerta el autor del trabajo, que recibió el respaldo de entidades como Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Las leyes establecen que las autoridades deben ser personas calificadas y elegidas por concurso público. Sin embargo, los últimos gobiernos han preferido nombrar “interventores” a dedo, que llegan con la excusa de una emergencia o plazo breve, pero luego se mantienen durante años en ese cargo. En la actualidad existen cuatro organismos de control “intervenidos”, la mayoría entes reguladores de servicios públicos. Entre los casos más polémicos se encuentra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, cuya intervención fue dictada por el ex presidente Fernando de la Rúa y desde hace más de diez años se encuentra en esa situación. Otra intervención resonante corresponde al Inadi, que el año pasado provocó ruido mediático a raíz de la pelea entre su ex presidente, Claudio Morgado, y la ex número dos María Rachid, ambos expulsados luego del escándalo. En otro grupo se encuentran tres defensores públicos que nunca fueron designados o son funcionarios provisorios. El caso más notorio es la Defensoría del Pueblo de la Nación: desde que Eduardo Mondino renunció en el año 2009 para presentarse como candidato a senador, el Congreso Nacional todavía no eligió su sucesor.