Demandamos judicialmente al Estado Nacional por no entregar información sobre las pensiones por discapacidad

El pasado 15 de abril presentamos ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) una solicitud de acceso a la información pública con el objetivo de que dicha entidad brindara datos sobre distintos aspectos vinculados al proceso de auditoría que está implementando en relación con las mal llamadas “pensiones por invalidez laboral”.

Entre las cuestiones requeridas, se encontraba: la cantidad de beneficiarios citados y de cartas documento que no habían podido ser entregadas; el número de personas que no se habían presentado a la auditoría y que habían informado que estaban imposibilitadas de asistir; la cantidad de pensiones efectivamente auditadas; las medidas de accesibilidad y los apoyos implementados en el proceso; y el número de suspensiones realizadas hasta el momento. 

El día 4 de junio la Agencia contestó brindando información en torno a varios de los puntos del pedido, pero omitió otros fundamentales para la evaluación de la legalidad del procedimiento. A modo de ejemplo, no respondió qué medidas había adoptado frente a la falta de entrega de cartas documento de citación a la auditoría (que ascendía al 46% del total de las enviadas) ni cuál era el curso de acción cuando las personas le informaban que estaban imposibilitadas de asistir, que necesitaban algún apoyo para hacerlo o que no tenían tiempo para recolectar toda la información médica actualizada. Tampoco proporcionó información sobre las medidas de accesibilidad y los apoyos que se habían implementado para quienes los requirieran a fin de comprender las citaciones, acercarse a las oficinas donde se realizan las auditorías y participar de ellas (intérpretes en lengua de señas, lectura fácil, ingreso con acompañante, etc.).

Esta omisión de información, cuyo carácter público es evidente, impide a las personas con discapacidad afectadas conocer aspectos fundamentales de un proceso que puede impactar directamente en sus derechos. Encontrándose en juego el acceso a un ingreso que permite satisfacer necesidades básicas y acceder a la cobertura de salud, la transparencia es un imperativo. 

Por eso, el día 14 de agosto interpusimos una acción de amparo solicitando la entrega de los datos requeridos fundándonos en el derecho de acceso a la información pública, reconocido en un conjunto de normas de jerarquía constitucional, convencional y legal. La resolución del caso está ahora en manos del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 6, quien deberá decidir si las personas con discapacidad y la sociedad en su conjunto tiene derecho a controlar la legalidad de un proceso estatal cuyos resultados pondrán en riesgo la vida de un colectivo sistemáticamente vulnerado.