Hoy, 1400 familias amanecieron entre balas de goma y gases lacrimógenos, con las fuerzas de seguridad rodeando sus casillas. La represión dejó nuevamente vacías tierras que generaban la expectativa de miles de personas de resolver, aunque precariamente, su necesidad de vivienda.
La violenta escena del desalojo de Guernica mostró, una vez más, el tratamiento punitivista de una problemática histórica y estructural de nuestro país vinculada con la dificultad de los sectores populares para acceder a una vivienda digna.
Es necesario recordar que las ocupaciones de tierra son, desde hace décadas, la forma invisibilizada de resolver la necesidad de vivienda de un número creciente de personas en nuestro país, a las que ni el Estado ni el mercado les ofrecen respuesta habitacional alguna. Sin embargo, la reacción estatal y mediática problematiza más la ocupación de suelo sin uso que la existencia de familias viviendo a la intemperie. Con esto, lo que se evidencia es la naturalización del privilegio de la propiedad privada ociosa por sobre el derecho a la vivienda.
El derecho a una vivienda adecuada se encuentra garantizado con el mismo rango que otros derechos, como la salud, la educación o la propiedad privada. De este derecho se desprende la obligación estatal de implementar acciones para concretarlo. Acciones que deben ser efectivas, que implican asignar un presupuesto para este propósito y que difieren de la violencia con la que fue tratado este conflicto por las diferentes agencias del Estado: Policía Bonaerense, Poder Judicial y Gobierno Provincial. Además, la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires reconoce la función social y ambiental de la propiedad, al mismo tiempo que prevé una serie de mecanismos para la concreción del derecho a una vivienda, que castigan la ociosidad y que proponen alternativas para asegurar el acceso al suelo de los sectores populares. Sin embargo, ninguno de estos instrumentos disponibles fueron tenidos en cuenta para la resolución del conflicto de Guernica, así como tampoco se generó un marco de diálogo que permitiera avanzar en alternativas habitacionales que eviten el desalojo violento.
En ese sentido, lo que debería ser evidente es la necesidad de anticiparse a la problemática estructural de acceso a la vivienda y desarrollar políticas que eliminen los obstáculos que existen para el acceso al suelo de los sectores populares urbanos. Esto implica, para dar respuestas habitacionales a la escala de la problemática, apuntar a la matriz de distribución desigual de suelo y vivienda que dispone el mercado.