Sólo con el caudaloso Río de la Plata, la Argentina estaría en condiciones de abastecer a cada uno de los habitantes del mundo con 200 litros diarios de agua. Sin embargo, en un país que ostenta tamaña holgadez líquida, el acceso a una fuente de agua segura continúa siendo apenas un sueño para millones de argentinos.
Y no hay que irse muy lejos para tomar contacto con esta realidad. Sólo basta, por ejemplo, con cruzar la General Paz. Un informe realizado por tres organizaciones no gubernamentales (ACIJ, el CELS y Cohre) -al que LA NACION accedió en forma exclusiva- concluye que casi 3.500.000 personas no poseen servicio de agua de red en el área metropolitana. En su gran mayoría, se abastecen con agua de pozo que presenta altos niveles de contaminación, entre otras razones, porque estas personas tampoco tienen cloacas. Entonces, el reservorio subterráneo del que obtienen el agua es, al mismo tiempo, el destino final de los pozos ciegos por los que eliminan sus desechos orgánicos.
El trabajo, todavía inédito, es el relevamiento más actualizado que se tiene sobre esta zona. Para su confección se cruzaron diferentes datos estadísticos con información brindada por los entes reguladores y por las empresas prestatarias del servicio.
La investigación revela que la falta de acceso a un suministro hídrico seguro varía sustancialmente según el punto en que se haga foco. En la ciudad de Buenos Aires no llega al 1 por ciento el total de habitantes que carece de agua potable, pero en Malvinas Argentinas la cifra trepa al 90,47%, en Ituzaingó al 88,42%, en José C. Paz al 84,04%, en Ezeiza al 80,29%, hasta llegar a casos mucho más beneficiosos como el de Vicente López, en donde el acceso a una fuente de agua segura sería total, o San Isidro, con apenas el 0,27% de sus habitantes afectados por este problema.
"La falta de acceso al agua segura es un problema de las clases sociales más bajas. La gente de los sectores medios y altos, tanto en el área de la Capital como en el Conurbano, no tiene muchos problemas con el agua. Ni tarifarios ni de calidad de servicio. Una de las principales promesas de la privatización del servicio en los noventa fue la extensión de la red en el Conurbano. Pero sólo se hizo en los municipios más ricos. Los sectores pobres continúan esperando", se lamenta Paula Vargas, coordinadora del área de Servicios Públicos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones autoras del informe.
El mencionado trabajo cita un estudio realizado por el Ministerio de Salud hace más de veinte años, en 1988. Ya entonces, la toma de 868 muestras había revelado que los recursos de agua subterránea se hallaban sustancialmente contaminados. Y también cita un estudio del Banco Mundial ("Argentina. Gestión de la Contaminación Ambiental: temas y opciones") que hace más de diez años, en 1995, consideraba al de las aguas subterráneas como el problema de contaminación más grave del área metropolitana. Sin embargo, esa continúa siendo la fuente hídrica de más de 700.000 hogares en esa zona.
No apta para el consumo
El agua subterránea, uno de los principales recursos hídricos del planeta, se concentra en capas permeables llamadas napas o acuíferos. La más superficial es la freática, debajo se encuentra el acuífero Pampeano y, por debajo de él, el acuífero Puelche. Pero no sólo reciben agua. En estas napas subterráneas -especialmente en el acuífero Pampeano- se observa la presencia de flúor, arsénico y otros materiales altamente nocivos para la salud derivados de residuos industriales o de los desechos de los basurales a cielo abierto en niveles que hacen que el agua no sea apta para consumo humano. También están afectadas por la presencia de contaminantes orgánicos como los nitratos o la especie bacteriana Escherichia coli, indicativos de contaminación por materia fecal.
"Tanto los nitratos como la Escherichia coli producen diferentes tipos de enfermedades y pueden, incluso, provocar la muerte de lactantes en el caso de ingesta de agua con elevadas concentraciones de nitratos. Me refiero a la enfermedad conocida como metahemoglobinemia, más comúnmente llamada la enfermedad del bebe azul", amplía María Di Pace, profesora consulta del equipo de Ecología Urbana de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de enfermedades relacionadas con la ingesta de agua contaminada o con la falta de un suministro seguro supera la veintena. El rango oscila entre infecciones gastrointestinales, pasando por diferentes tipos de intoxicaciones, hasta llegar a hepatitis, fiebre tifoidea, leptospirosis y cólera.
En un informe de Greenpeace titulado, justamente, "Napas contaminadas", se menciona un relevamiento del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) realizado en La Matanza, según el cual, durante 1992, ocho de cada cien niños contrajeron diarrea. En 2004, la cantidad se había incrementado en un 75%. Más de 400 mil niños contraen esta enfermedad evitable por año -continúa el informe-. Hoy, los casos observados de diarrea en mayores de 5 años son diez veces superiores a los observados en 1992.
Tanto este trabajo como el realizado por ACIJ, el CELS y Cohre coinciden al señalar cuál es la principal población afectada por este foco de contaminación: los sectores de menores recursos, que realizan pozos domiciliarios de poca profundidad (entre los 12 y los 30 metros) por ser menos costosos, aunque en ningún caso provean agua apta para el consumo humano.
"La mayoría de estas personas desconocen la calidad del agua que consumen porque el Estado no les brinda ninguna información al respecto", acota Vargas, de ACIJ.
Ana Carolina Herrero, del equipo de Ecología Urbana de la UNGS, cita un indicador síntesis de toda esta realidad: el índice de demanda sanitaria (IDS), publicado en el libro De los ríos no me río. Diagnóstico y reflexiones sobre las cuencas metropolitanas de Buenos Aires , del que es autora junto con Leonardo Fernández. "Este IDS mide cuatro factores: la ausencia de red de agua y de cloacas, la densidad poblacional y la pobreza. Mediante él se detectó que la peor situación aglutina a 726.629 hogares. En particular los IDS con el grado más alto se hallan en las proximidades a los cursos de agua de las cuencas del Río Matanza-Riachuelo y Reconquista. Los partidos más afectados son La Matanza , Malvinas Argentinas, Alte. Brown, José C. Paz, Lomas de Zamora, Merlo y San Miguel, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, Quilmes, Lanús, Moreno y Esteban Echeverría."
Obligados a repartir bidones
Las empresas que brindan servicio en el área metropolitana son AySA (Agua y Saneamiento de Argentina S.A.) y ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.). La primera lo hace en la Capital y siete municipios del Conurbano, en tanto que ABSA brinda servicios en el resto de los municipios del área metropolitana, aunque también en otras áreas de la provincia de Buenos Aires. El estudio consigna un déficit de 2.150.448 de usuarios de agua potable en el área de la primera y de 1.206.878 en el de la segunda, basándose en cifras brindadas por las propias empresas (aunque en el caso de AySA la firma consigna una cifra significativamente menor: 1.500.000 personas).
Ambas empresas utilizan dos fuentes de abastecimiento hídrico: el río de la Plata y los acuíferos subterráneos. Fuentes de AySA afirman que la empresa realiza sus perforaciones en el acuífero Puelche, en tanto que voceros de ABSA aseguran abastecerse tanto del Puelche como del Pampeano. En ambos casos, aseguran que el agua que obtienen es sometida a diferentes procesos de potabilización.
Sin embargo, aunque coincide con el diagnóstico que circula sobre el preocupante estado de las napas, Miguel Auge, investigador del Conicet y doctor en Geología, dobla la apuesta al abundar en su diagnóstico sobre el acuífero Puelche, relativamente mejor posicionado en términos de calidad. "En algunas zonas, los niveles de nitratos en el Puelche duplican los mínimos permitidos. La razón es muy simple, estas sustancias derivadas de los residuos cloacales son muy estables y pueden perdurar cientos de años en el agua. Así que, por más que en alguna zona los sistemas de pozos ciegos hayan dejado de existir hace décadas, los residuos generados en ellos continúan contaminando", explica Auge quien, hasta febrero de este año, fue titular de la cátedra de Hidrogeología en la UBA.
Si se buscan ejemplos concretos de esta afirmación, sólo basta recordar que uno de los argumentos para rescindir el contrato de Aguas Argentinas fue la detección de altos niveles de nitratos en pozos de agua dentro del área de acción de la empresa, la misma en que ahora opera AySA.
Consultados al respecto, voceros de la empresa confirmaron la presencia de altos niveles de nitratos, sobre todo, en la zona sur del Conurbano, al inicio de la gestión, en 2006. "La empresa ha tomado las medidas operativas necesarias para remediar esta cuestión, con obras de mejora en la red y nuevas perforaciones cuya calidad es monitoreada en forma constante", afirman en un comunicado.
En el caso de ABSA, la empresa reconoció -a través de un comunicado- tener 839 pozos en servicio, tanto de los acuíferos Pampeano como Puelche, afirmando que "en ambos casos no se puede asegurar que su calidad esté seriamente comprometida, sin perjuicio de que en determinados puntos sí lo esté." En él también se afirmó que "la empresa realiza estudios periódicos según la metodología establecida para la concesión".
Carolina Fairstein, abogada del área de Litigio del CELS, interpela esa información con otros datos: "La empresa ABSA proveía agua contaminada en algunas zonas de la provincia y del gran Buenos Aires. Esto sucedía en la ciudad de Lincoln y en Florencio Varela, donde se comprobó que el agua que proveía la empresa, y por la cual los consumidores pagaban, tenía, entre otros problemas, altos niveles de nitratos". Un fallo reciente de la Corte Suprema de la Provincia, abunda Fairstein, sancionó judicialmente a la empresa por el caso de Lincoln. Respecto del problema en Florencio Varela, la representante del CELS informa que, luego de una protesta muy importante de los vecinos, la empresa se comprometió a realizar obras para mejorar la calidad y a proveer, hasta entonces, agua en bidones o camiones cisterna. Voceros de la firma reconocieron ambos incidentes y la provisión de bidones de agua potable para la población de riesgo potencial (lactantes, embarazadas) en Lincoln, y en Florencio Varela.
Como se ve, hasta el momento, el consumo de agua envasada es la única alternativa para aquellos que quieren evitar la de pozo. Algo que no está al alcance de todos los bolsillos, especialmente si tenemos en cuenta que la mayor parte de la población afectada es de bajos recursos.
El informe al que accedió LA NACION hace un cálculo bastante ilustrativo. Se tomó el mínimo de litros indispensable para consumo y preparación de alimentos fijado por la OMS, que es de 7,5 litros diarios por persona, o sea, 30 litros diarios para una familia tipo. Calculando en 15 pesos el precio promedio del bidón de 20 litros de agua, resulta que una familia que quiere evitar el consumo del agua de pozo -al menos para beber y alimentarse- necesita 675 pesos mensuales.
La cifra es alta, sobre todo si se tiene en cuenta que al 1° de junio de este año hacían falta 1001,74 pesos para adquirir la canasta básica total, de acuerdo con el Indec. "Si una familia decidiera destinar 675 pesos para adquirir agua segura no podría, siquiera, comprar la canasta mínima, valuada en 443,82 pesos para ese mismo mes", resume Vargas, de ACIJ.
En contraste, los usuarios que cuentan con servicio de agua de red no medido (en general, todos los sectores de clase alta, media alta, media y gran parte de media baja) disponen de una cantidad casi ilimitada de agua a un precio promedio aproximado de menos de 15,22 por mes, consigna el informe. Y esto incluye el servicio de cloacas.
"Existe una clara inequidad sufrida por millones de personas de escasos recursos en el Gran Buenos Aires que, al no contar con los servicios de agua y cloacas, se ven obligadas a consumir agua de pozo contaminada o comprar agua envasada cuyo precio por litro excede en más de un 1000% los precios que pagarían por agua potable", se indigna Sebastián Tedeschi, de Cohre.
Y con él coincide Fernando Isuani, especializado en políticas públicas dentro del grupo de Ecología Urbana de la UNGS: "La liberalización de los servicios de agua y saneamiento no ha dado los resultados que se esperaban, las compañías de agua no han alcanzado las metas de cobertura y una liberalización del mercado del agua ocasionó que los hogares de menor capacidad económica sean los más perjudicados por la ausencia del servicio".
En cualquier caso, por tratarse de un servicio público esencial para la vida y, sobre todo, de un derecho humano, el Estado no se desobliga de garantizar su acceso a todos los habitantes por más privatizado que esté. LA NACION no logró comunicarse con ningún representante del ministerio de Planificación o de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, a pesar de haberse comunicado en reiteradas oportunidades con el área de Prensa y con el vocero del ministerio, Horacio Mizrahi.
AySA estima que deberán pasar cinco años para que todos los usuarios de su área estén conectados, en tanto que ABSA evitó este tipo de precisiones en su comunicado.
Mientras tanto, millones de habitantes continúan consumiendo agua contaminada sin que el Estado, al parecer, tenga algo para decir.
Por Lorena Oliva
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