Corrupción y derechos humanos, flojos de papeles en el Congreso

Una de las deudas más claras es el nombramiento de los legisladores que deben integrar la Comisión de Ética Pública, el órgano de aplicación -jamás conformado- de la ley de Ética Pública votada en el anochecer del gobierno de Carlos Menem, hace diez años. Mientras tanto, las denuncias contra organismos del Poder Ejecutivo pueden presentarse ante la Oficina Anticorrupción (OA), pero los poderes Legislativo y Judicial permanecen sin esta instancia de control ciudadano.

Pero la OA también tiene sus pecados. En línea con el discurso pro transparencia que Kirchner cultivaba en sus primeros días, en 2003 la Oficina Anticorrupción redactó y consensuó un proyecto de ley para la protección de denunciantes y testigos de hechos de corrupción. “El proyecto es muy bueno, pero nunca llegó al Congreso”, explica el abogado de la Asociación por la Igualdad y la Justicia Luis Villanueva. “Más allá de la protección personal a los denunciantes para que no sufran represalias físicas, la ley también tenía buenas protecciones en el ámbito laboral. La falta de esta protección es un claro desincentivo a que la gente denuncie las cosas raras que ve en su trabajo.”

Por la falta de esta ley, Argentina fue reiteradamente apercibida por distintas instancias de evaluación de convenciones de Corrupción, como el mecanismo MECICIC, de la OEA. Fuentes de la Oficina Anticorrupción consultadas por Clarín fueron escuetas: “nosotros hicimos el proyecto, si a algún legislador le interesa, ahí lo tiene”.

Otro ajuste pendiente en el Congreso es el de la ley de Administración Financiera del Estado, para que los organismos de control no puedan ser maniatados por el oficialismo. Pese a que la Constitución le otorga la presidencia de la Auditoría General de la Nación a la oposición, la ley de marras permite que haya una mayoría de auditores del partido oficialista. Y los informes no salen si la mayoría no los vota. Aritmética pura. En el Congreso hay proyectos para cambiar estas proporciones, firmados en todos los bloques. El más preciso es el de la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez.

¿Otra sorpresa? Los baches legislativos en materia de Derechos Humanos. Uno de los más notorios es la falta de una ley para crear el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un instrumento contemplado en el Protocolo facultativo contra la tortura de la ONU, al que Argentina -antes que cualquier otro país de América Latina- adhirió en 2004. “La tortura, los malos tratos y las condiciones de detención infrahumanas siguen presentes en nuestro país, y son más graves en algunas provincias y entre ciertos sectores de la población, como niños, migrantes, mujeres con hijos y personas pobres o alojadas en institutos neuropsiquiátricos”, denuncia el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier.

Hace un año y medio, el CELS presentó en el Congreso un proyecto de ley para terminar con este déficit y crear el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. El proyecto se sumó a otros dos, firmados por los diputados kirchneristas Diana Conti y Agustín Rossi, y por el radical Gustavo Cucinato. Ninguno logró la menor atención.

El colmo de la contradicción con las proclamas oficiales es la falta de una ley que prohíba el acceso de represores a cargos públicos. Un proyecto firmado por la diputada Victoria Donda, del Movimiento Libres del Sur, fue votado en general hace siete meses, pero no volvió a tratarse en particular. Al Senado ni siquiera entró. w

Por Claudio Savoia

Clarín