Desde la década del ’90, las denuncias por corrupción a funcionarios públicos comenzaron a tener una notoriedad inusitada en los medios. Pero poco se sabe sobre cómo terminan, si es que terminan, esas causas. Según un estudio del Centro de Investigación y prevención de la Criminalidad Económica las causas penales contra funcionarios públicos y grupos económicos tardan un promedio de 14 años en llegar a juicio oral y se calcula que desde 1980 el Estado perdió alrededor de 10 mil millones de dólares en procedimientos judiciales que pocas veces llegan a término. Muchas causas quedan durante años varadas en las instancia de investigación y muy pocas son resueltas, mientras que un 20% de los expedientes se cierran por prescripción. Los motivos de esta dilación tan excesiva como incomprensible, son varios.
Desde 2008 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se dedica al análisis de los casos de corrupción y el monitoreo de los expedientes judiciales. Además, entrevistas con jueces, abogados, fiscales y académicos ayudaron a detectar las causas de las demoras. Como apunta Luis Villanueva, abogado que coordina estos informes: “Una de las falencias tiene que ver con la falta de capacitación en un sentido amplio de los actores judiciales que intervienen en estos expedientes” En general, se trata de causas complejas para las cuales los investigadores no cuentan ni con la preparación, ni con los elementos necesarios para realizar la investigación de forma eficiente. Prueba de ello es que desde el inicio de una causa, hasta la etapa de audiencia pública, pasan “muchísimos años”, como señala uno de los informes de ACIJ ya que “la enorme mayoría de ese tiempo se lo lleva la instrucción de la causa, es decir la investigación y el acopio de pruebas” Solo a modo de ejemplo, durante 2009, de los 207 juicios relacionados con delitos de corrupción, solo 11 fueron elevados a etapa oral y uno de ellos obtuvo condena.
Las entrevistas a los actores del sistema judicial revelaron que: “otro de los factores que fue marcado por lo entrevistados tiene que ver con lo que el juez Daniel Rafecas llamó ‘la cultura del poder’ y tiene que ver con que los jueces muchas veces retienen investigaciones, las demoran y las manejan según intereses ajenos a la investigación judicial. Esto es algo que hemos podido ver en distintos expedientes”, dice Villanueva. Ese podría ser el motivo de la prescripción del caso IBM-ANSES, dictado en marzo por el Tribunal Oral Federal Nro. 3 a cargo de los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo. Tras 16 años de investigación, fueron sobreseídos los 14 acusados de esta causa que involucraba a funcionarios del organismo estatal en el direccionamiento irregular de millonarias compras y contrataciones a favor de la multinacional a través de la sociedad Management & Work. Este es uno de los cinco casos emblemáticos que quedaron en el olvido tanto para la opinión pública como para los magistrados durante los primeros meses de este año. Las otras causas son Tandanor, Yoma, IBM-Banco Nación y la de Menem por la venta del predio La Rural; y según Luis Villanueva: “todo parece indicar que, de acuerdo a los parámetros indicados en esas sentencias, casi todos los casos judiciales de esa década (de los ’90) deberían terminar de la misma manera”
Las maniobras políticas para llevar los juicios al ocaso de la prescripción o al paraíso del sobreseimiento son variopintas. Recientemente el Plenario del Consejo de la Magistratura realizó un pedido de informes a la Dirección General de Tecnología sobre los sorteos para la asignación de causas a los juzgados. Si bien el método es presuntamente aleatorio, algunas coincidencias no dejan de generar suspicacias. Tal podría ser el caso de algunos de los principales juicios que comprometen al actual gobierno por hechos de corrupción -tales como Skanska, el posible enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial y la presunta malversación de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para el programa Sueños Compartidos, por mencionar algunos casos– y que fueron asignados al juez Norberto Oyarbide. Actualmente los resultados del informe presentado al Consejo de la Magistratura tienen carácter de reservado.
Estas causas representan, sin embargo, una circunstancia excepcional; las generales de la ley indican que la mayoría de los casos quedan boyando en los tribunales de Comodoro Py sin resolución por sentencia o prescripción. Ni qué decir sobre los juicios que involucran a funcionarios de primera línea: solo el de María Julia Alsogaray y el del ex concejal José Manuel Pico, acusado de enriquecimiento ilícito, llegaron a tener sentencia. Sin embargo el verdadero problema de fondo es cuál es la pena que le cabe a los delitos por corrupción, como indica Villanueva: “lo que importa en estos casos es que todos los delitos de poder, son delitos con penas muy bajas. El derecho penal persigue mucho más a sectores económicamente más vulnerables y en cambio es mucho más permisivo con los sectores sociales de poder”. Las penas dependen del delito, pero en general no superan los cinco o seis años de cárcel.
Por Marina Dragonetti